E
l juicio que tiene como principal imputado al ex gobernador Sergio Urribarri, y que se desarrolla ante el Tribunal de Juicio compuesto por José María Chemez; Elvio Garzón y Mónica Castagno, llevó a cabo una nueva jornada de alegatos. En esta ocasión expusieron Ignacio Díaz y José Velázquez, defensores técnicos del ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y representantes del empresario Germán Buffa, quienes dividieron en dos sus argumentos.
Continúa el Magajuico y pasó el turno de los alegatos de la defensa.
En principio brindaron explicaciones con base en el derecho administrativo acerca de cómo son los procedimientos de contratación de publicidad, con el objetivo de demostrar que el ex funcionario no incurrió en ningún delito.
Por otra parte, cuestionaron fuertemente al Ministerio Público Fiscal, particularmente a su vértice, el Procurador General Jorge García y su Adjunta, Cecilia Goyeneche, suspendida en su cargo debido a que se le está realizando un jury por mal desempeño en la causa Contratos.
El planteo de Díaz contra Fiscalía se basó en la utilización de los bioingenieros Fritz y Ferrari para la elaboración de informes técnicos sobre computadoras y celulares, subrayando la falta de incumbencia material y el incumplimiento de la ley que creó a comienzos de siglo el Colegio de profesionales de la informática (Coprocier).
En este contexto, advirtió que podría haber habido por parte de García y Goyeneche violación a los deberes de funcionario público e instigación a cometer delitos al haberlos contratado, otorgándoles la tarea de realizar un informe técnico para el cual no tenían, ni la competencia profesional, ni el requisito legal de matriculación en el Coprocier, según consigna el sitio APF Digital.
Díaz marcó que la incumbencia, el alcance del título “no es una cuestión de hechos sino de legalidad” y son determinadas en función de la ley por Coneau (Comisión nacional de acreditación universitaria), Consejo Universitario nacional y la norma provincial que creó el Coprocier.
“Los bioingenieros sólo tienen incumbencia en materia vida. Los que tienen injerencia (para peritar equipos informáticos y celulares) son los ingenieros informáticos o analistas de sistemas”, destacó el letrados.
Posteriormente, remarcó: "Ni Fritz ni Ferrari pueden realizar ninguna pericia que no sea de su incumbencia”, y citó un caso reciente de Gualeguay donde se anuló la prueba por falta de incumbencia de quienes realizaron el informe.
Además, indicó que son los colegios los que realizan el control de la matrícula. “Los profesionales no solo tienen que tener la incumbencia, sino también estar matriculados”, relató, y citó una nota de APF Digital en la cual la presidenta del Coprocier afirmó que ni Fritz ni Ferrari estaban matriculados ni tenían incumbencia profesional.
"Ambos técnicos de Fiscalía han realizado tareas por fuera de su incumbencia. Hay una violación con consecuencias. No hay que darles validez probatoria alguna a estos informes realizados por ellos, usurpando incumbencias”, razonó el abogado.
También pidió que se los investigue por el delito de usurpación de título y que se produzca su remisión al organismo pertinente.
En el mismo sentido, su colega de defensa Velázquez apuntó a la actuación de la Fiscalía. Personalizó el ataque a esta estructura señalando su marcada verticalidad piramidal y enfocó en concreto al vértice, donde se ubican García y Goyeneche. El letrado salvó expresamente de estas críticas a los fiscales del caso: Patricia Yedro; Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.
Según entendió, la política criminal del MPF es “arbitrario y sesgada”, y actúa con funcionalidad a “sectores políticos, que tienen como fin criminalizar lo que ellos quieren”. “Están erosionando la conciencia democrática judicializando acciones surgidas del voto popular”, sentenció.
El MPF “se constituye en una suerte de supermoral para reprobar proyectos políticos, gestiones de gobierno y metodologías de trabajo. Estos excesos son posibles por la distorsión que impone el principio de jerarquía de la ley de ministerio público fiscal que ha avasallado el criterio de fiscales que actúan en el más absoluto respeto de la normativa vigente, como pueden”, abundó.
En línea con esto aseveró que Goyeneche “politizó las causas” y le endilgó haber trabajado “sobre la proyección de prejuicios y el chisme: si es político, está sospechado de corrupto; si es peronista lo es y si es «K» se agrava”, relató.
También le endosó a la Procuradora Adjunta y a su superior haber “destruido la credibilidad de las instituciones”. “Quien encabezó eso fue una alta funcionaria que le faltó el respeto al Jurado de Enjuiciamiento y la Justicia”, agregó, sindicando sin nombrar a Goyeneche.
Y desafió a ambos: “Armen un partido, preséntense y ganen las elecciones”.
“¿Cómo le voy a explicar a Pedro Baez que por esta irregularidad se lo condena?", dijo Velázquez.
Cuestión de derecho
Díaz, en el tramo inicial de su exposición, centró la defensa de Baez en el criterio de que en las causas analizadas durante el juicio no hubo violación a la ley de contrataciones del Estado, ni del procedimiento ni de los controles.
Repasó que en informes y testimoniales, los organismos de control del Estado provincial confirmaron la validez y legalidad del proceso de contratación directa por vía de excepción con libre elección del proveedor de la publicidad oficial.
Hizo un recorrido por toda la documentación obrante en las causas referida a cómo se produjo una mejora según indicó, de los controles públicos sobre la contratación de espacios publicitarios.
En el desandar de los distintos escritos, fue marcando las actuaciones del Tribunal de Cuentas y otros organismos de control y las respuestas que fueron produciéndose por parte de la administración pública, en particular su pupilo.
También se apoyó en los testimonios que dieron integrantes del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General y que fueron en el mismo sentido.
Remarcó que su defendido expresó en la declaración que estaba contento porque alguien le decía cómo hacer bien el procedimiento, como mejorarlo. “Las recomendaciones fueron aceptadas por el Gobierno y fueron inmediatamente llevadas a la práctica”, remarcó.
Además, puso en conflicto la teoría del caso de Fiscalía señalando que si las irregularidades de los procesos se habrían transformado en delitos, los organismos que intervinieron en el control de legalidad tendrían que haber llamado la atención. O de lo contrario sus responsables haber sido comprometidos también en la acusación.
“Constitucionalmente la Contaduría general es el órgano principal de aplicación de la ley 5140”, de Contrataciones del Estado, afirmó, subrayando que esa responsabilidad es “exclusiva y excluyente”.
“Ni siquiera los tribunales judiciales podrían ejercer la competencia de control de la 5140. Salvo una cuestión: sí podría ser observada la aplicación de la ley por el Poder Judicial si encontráramos algún delito que estos órganos cometieran en el cumplimiento del mandato constitucional. Pero no se abrió por culpa o dolo proceso contra estos organismos.Si no hay imputación a los órganos de control no podemos decir que la ley ha sido incumplida o violada, en función de que estamos admitiendo que actuaron con corrección en su cumplimiento funcional”, argumentó.
Cuestión de orden
Díaz conjugó otro factor en la lectura de los hechos a fin de vulnerar la acusación fiscal. Los acusadores apuntaron contra Baez y el ex gobernador Sergio Urribarri haciendo hincapié en el peso que tenían las ordenes de publicidad que se emitían.
“Se ha dicho que la orden publicidad es un contrato, una promesa de contrato. Quiero resaltar que estamos en derecho administrativo, que es diferente al Civil. Tal vez a veces nos confundimos y creemos que la normativa del Civil se puede aplicar a esto. Pero la orden de publicidad no es contrato ni promesa. Es un acto unilateral del Estado: no hay firma del contratante del prestador en la orden de publicidad”, señaló.
“Es el instrumento interno que tiene la fundamental función de que se haga la reserva presupuestaria. A tal punto que la reserva presupuestaria ni siquiera tiene que ser exacta. Es para que ese dinero después del control, no sea gastado en otro fin. El acto administrativo se concreta en el decreto, como lo subrayó el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes” en su testimonio, afirmó.
“Consentimiento expreso del Estado es el decreto, no la orden. Ahí está el contrato”, distinguió.
En la mira
Velázquez, en tanto, volvió a poner en la mira los informes del ex policía y contador de la Fiscalía, Héctor Enrique. El profesional ya había sido cuestionado durante su testimonial porque el informe que elaboró y que la acusación toma como base para acusar a varios imputados estaba cargado de falencias e inconsistencias, algunas de ellas muy evidentes como datos parciales que, sumados, no eran iguales al resultado final o porcentajes que, agrupados, superaban el 100%.
“Este informe no es serio”, concluyó el letrado. Y pidió que no sea considerado por el Tribunal a la hora de emitir fallo.
“¿Cómo le voy a explicar a Pedro Baez que por esta irregularidad, por esta falta de metodología, porque hay un contador que no sabe sumar, se lo condena?. Esto es escandaloso. Si es el «Megajuicio» administrativo más importante de la provincia hubiesen presentado algo serio. Y esto no es lo es”, dijo dirigiéndose elípticamente a la Fiscalía.
Velázquez y Díaz completarán sus alegatos el próximo jueves 3 de marzo a partir de las 9 de la mañana, cuando se retomen las audiencias.
Fuente: APF Digital
