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a Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus) se manifestó en contra de la denuncia penal de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche contra los vocales del Superior Tribunal de Justicia Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Goyeneche denunció a quienes votaron la apertura de un proceso en su contra, a quienes acusó del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

"Jamás puede ser considerado un delito el ejercicio de los deberes legales y administrativos del máximo Órgano del Poder judicial provincial", aseguró la Junta.

La JuFeJus declaró que "jamás puede ser considerado un delito el ejercicio de los deberes legales y administrativos del máximo Órgano del Poder judicial provincial, ello teniendo en cuenta que se han pronunciado en cumplimento de un deber legal, más aún tratándose de cuestiones procedimentales".

"La independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada Constitución establece", destacaron, al tiempo que señalaron que "el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes, a la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un poder judicial imparcial e independiente".

A través de un comunicado señalaron que "es precisamente el rol de la Justicia velar permanente por cumplimiento de las garantías constitucionales y el normal funcionamiento de las instituciones de nuestro sistema democrático y republicano de gobierno, garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, especialmente de los sectores más vulnerables".

El comunicado de la JuFeJus.

"Para cumplir acabadamente esta función, resulta indispensable cuidar la independencia, imparcialidad y autonomía real de los Poderes Judiciales que integran la estructura del Estado en las jurisdicciones provinciales. Nuestro compromiso con los justiciables es garantizar la imparcialidad e independencia, pilares fundamentales para hacer efectivo el Estado de derecho constitucional", finalizaron.

La denuncia de Goyeneche

Este viernes, la procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, denunció penalmente a Martín Carbonell, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, los tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que votaron la apertura de un proceso en su contra por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo, por su actuación en la causa donde se investigan los contratos truchos en la Legislatura.

Goyeneche, suspendida en su cargo y sometida a un jury, denunció a quienes votaron la apertura de un proceso en su contra.

La denuncia se extiende a la abogada Sonia Rondoni y al senador Armando Gay, los otros integrantes el Jurado de Enjuiciamiento que dispusieron el apartamiento del Ministerio Público Fiscal en el proceso contra la procuradora adjunta; y también al abogado Gastón Justet, que aceptó asumir como fiscal ad-hoc en el jury.

Carbonell, Mizawak y Carubia, apuntados por la Procuradora Adjunta.

La estrategia ya había sido adelantada por el procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, tras la apertura del proceso contra Goyeneche, su suspensión en el cargo y el apartamiento del conocimiento de la causa de la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y su reemplazo por un fiscal ad-hoc, aludiendo a la gravedad institucional que todo eso implicaba.

García dijo entonces que el jury “carece de potestad de desplazar a un órgano esencial de la estructura del enjuiciamiento constitucional, y menos aún de tomar decisiones que usurpan la competencia legislativa para modificar a puro arbitrio discrecional” la ley que organiza el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento, y adelantó que los integrantes del jury habrían cometido un abuso de autoridad al dictar una resolución contraria a las constituciones o leyes nacionales o provinciales.

Los motivos se enmarcan en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Esa es la figura escogida por Goyeneche en la denuncia que presentó el 31 de diciembre, a título personal y con el patrocinio de Enrique Pita, que la representa en el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Esta vez, García no le puso la firma, aunque nadie arriesga que haya segundas intenciones en ello. De hecho, Goyeneche había iniciado su propio derrotero judicial el 29 de diciembre con la presentación de un recurso de amparo ante la jueza María Andrea Pereyra, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial.

Planteó tres cuestiones, principalmente: la apertura de un jury, “en flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad de los actos públicos y división de poderes –en su aspecto de independencia judicial– y estabilidad en el ejercicio del cargo”; la suspensión en su cargo mientras dure el proceso, con el consecuente descuento del 30 por ciento del sueldo; y la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de separar del conocimiento de la causa a la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

El asunto quedó ahora en manos de los jueces de feria, José Antonio Reviriego o Elena Albornoz, que lo sucederá a partir del 15 de enero, luego de que el STJ revocara la resolución de la jueza Pereya para que el asunto sea tratado por conjueces. Goyeneche ya había planteado que la decisión de apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador en el jury emula a las “comisiones especiales” creadas durante la dictadura para someter a los opositores a juicios “al margen de todo derecho”.

Pero al día siguiente, el 30 de diciembre, mientras la jueza Pereyra ensayaba su excusación invocando un artículo de la Ley de Procedimientos Constitucionales que establece taxativamente que los magistrados deberán apartarse en los procesos de amparo cuando tengan que resolver “acciones interpuestas por otros magistrados o funcionarios pertenecientes al Poder Judicial”, se produjo un hecho que aceleró una decisión que Goyeneche ya tenía tomada: el Jurado de Enjuiciamiento dispuso la suspensión de los plazos procesales y todo trámite en el jury a raíz del “inminente vencimiento de los mandatos de los actuales jurados titulares y suplentes”.

La denuncia que se formalizó el 31 de diciembre es contra los jurados que votaron por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal del proceso, pero también apunta directamente contra el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Martín Carbonell, por la decisión de suspender los plazos procesales (permitiría extender la tramitación del proceso más allá de los seis meses que establece la ley); y se extiende al abogado Gastón Justet, que aceptó intervenir como fiscal ad-hoc, igualmente por abuso de autoridad, en su caso por haber aceptado un cargo para el cual no cumple con los requisitos legales.

La denuncia se presentó antes de la feria, en un día inhábil. La recibió inicialmente la fiscal auxiliar María de las Mercedes Nin, pero no será ella quien lleve adelante la investigación. Si bien todavía no se le ha dado curso ni se dispusieron medidas –los denunciados no han sido notificados, por ejemplo–, la decisión del procurador es que quien continúe con el legajo sea un fiscal coordinador. Todo se develará a partir del 1 de febrero, cuando se retome la actividad judicial después de la feria.

Fuente: APF, Página política, Entre Ríos Ahora.