E

l fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, declaró como testigo este martes en el megajuicio que se sigue al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri. En la audiencia no abundó en más detalles de los que están contenidos en tres informes que produjo la Fiscalía de Estado en torno a los contratos que son eje de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.

Rodríguez Signes respondió preguntas de los defensores y de los fiscales en torno a la intervención que le cupo a la Fiscalía de Estado en dictaminar acerca de la legalidad o no de las contrataciones puestas bajo la lupa en el megajuicio:

1) la “causa de la vaca”: el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento “cartelizado” en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios “prestanombres”, en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano;

“En esa contratación debió haber intervención del servicio jurídico del Ministerio de Turismo”, consideró Rodríguez Signes.

2) la decisión de Urribarri su ministro Pedro Báez de liarse con el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. Buffa era “una persona del entorno” de Báez, dijo Goyeneche, y por eso se “direccionó” el 1° de julio de 2011 una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares;

El Parador emplazado en Mar del Plata.

3) y después, tres causas agrupadas en el expediente del “Sueño Entrerriano”. El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del “Sueño Entrerriano”.

El cuarto caso, dentro del subíndice “Sueño Entrerriano”, alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000.

El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.

Rodríguez Signes es fiscal de Estado desde el 1° de febrero de 2008.

Informes de la Fiscalía de Estado

El fiscal de Estado se ciñó a los informes que hizo respecto de esas contrataciones y planteó que la mayor responsabilidad recaída en el control de legalidad que realizaban los servicios jurídicos de cada Ministerio y en la Secretaría Legal y Técnica, que en tiempos de Urribarri estuvo a cargo del fallecido José Gervasio Laporte.

“Usted fue fiscal de Estado y lo conoce perfectamente", contestó Rodríguez Signes ante una pregunta del defensor de Urribarri y exfiscal de Estado, Raúl Barrandeguy.

"La Fiscalía no es un órgano como la Contaduría, que tiene auditor en cada oficina, y ante cada expediente que implique una modificación de la hacienda pública, interviene necesariamente. La Fiscalía interviene en determinados supuestos", abundó.

"El control de legalidad lo deberían hacer los servicios jurídicos de cada organismo. Lo que dije en el dictamen es que la Fiscalía de Estado intervine cuando la ley lo habilita a intervenir. Si bien en 2008 se reformó la Constitución y se incluyeron nuevas competencias de Fiscalía, eso todavía está sin reglamentar. Intervenimos si un ministro o el Gobernador lo requieren o cuando hay impugnaciones. O en procedimientos que alguna ley especial determina que tiene que intervenir. En este caso concreto -la contratación de la empresa Nelly Enteratainment SA-, la intervención fue previa al contrato. Una especie de opinión en abstracto que pidió la Unidad Operativa Mercosur”, completó.

El defensor José Velázquez le preguntó qué importancia le cabe a la Secretaría Legal y Técnica en el control de legalidad de los actos de gobierno. “Es fundamental”, dijo Rodríguez Signes, y agregó: “Es un organismo que, raramente, en la Ley de Ministerio está prevista, pero no se describen las funciones que tiene en la práctica. Es el órgano de asesoramiento jurídico y control de legalidad de aquellos actos que termina suscribiendo el Gobernador”.

El Fiscal de Estado detalló que la Secretaría Legal y Técnica “es un cuerpo de abogados estructurado, con personal de mucha experiencia en la administración. Laporte fue mucho tiempo secretario legal y técnico, como mínimo de 2003 hasta que falleció. Es un órgano que verifica a través de una rúbrica los decretos que termina firmando el Gobernador de la provincia”.

Rodríguez Signes es fiscal de Estado desde el 1° de febrero de 2008. Lo aclaró ante una consulta del defensor Emilio Fouces, que representa al exministro de Turismo, Hugo Marsó, imputado en la causa del montaje del parador en Mar del Plata.

- ¿Tuvo participación en la contratación del parador? – preguntó Fouces.

-  "No, no tuve participación. Fiscalía de Estado, como pasa con todos los contratos de publicidad, no intervino en ese contrato", respondió Rodríguez Signes.

- Más allá de eso, ¿tuvo algún planteo en Fiscalía, alguien que haya planteado alguna irregularidad en aquel proceso?

-  "No, no. Ya le digo: Fiscalía interviene a requisitoria del Tribunal de Cuentas, o cuando la Contaduría ejerce la observación. O cuando hay alguna denuncia, a pesar de que existe el Ministerio Público Fiscal, desde 2008. En 2004, fue creada la Oficina Anticorrupción, que fue una transición de Fiscalía de Investigaciones Administrativas, creada en 1999. La Oficina Anticorrupción es un ámbito donde a veces se reciben denuncias, y nosotros corremos vista al Ministerio Público Fiscal. En este caso, no. Pero reitero: el 99% de los proyectos de decreto pasan por la Legal y Técnica. Pero en esa contratación debió haber intervención del servicio jurídico del Ministerio de Turismo".

Fuente: Entre Ríos Ahora