Escracharon a abogados de Urribarri y fueron denunciados
Una decena de personas participó de la audiencia de apelación de la causa Coimas. Pidieron prisión para el exgobernador y la restitución de Goyeneche. El Municipio los denunció por daño al bien público. Repudio del Colegio de Abogados.
La denuncia contra los manifestantes señala que los hechos fueron premeditados.
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ste viernes se vivió un clima tenso en Tribunales en la audiencia de apelación de la causa Coimas, de la cual el exgobernador Sergio Urribarri fue sobreseído. Una decena de manifestantes participaron del trámite judicial con pancartas que pedían la restitución de la fiscal Goyeneche, también pedían prisión a Urribarri y exponían los rostros de los vocales del Superior tribunal de Justicia y los abogados defensores. El Colegio de la Abogacía repudió el escrache a través de un comunicado.
La audiencia comenzó este viernes pasadas las 9 de la mañana y, desde el principio, se observó una concurrencia que no es habitual a pesar de que cualquier ciudadano puede asistir a presenciarlas: unas 12 personas mostraron interés por escuchar las posturas de la Fiscalía y los defensores ante el juez de Juicios y Apelaciones Elbio Garzón.
En la audiencia estuvieron la fiscal Coordinadora Matilde Federik, el fiscal Gonzalo Badano; y los defensores Raúl Barrandeguy (por Urribarri), José Candelario Pérez (por Ulrich), Juan Méndez (por Ulrich y Haidar), Miguel Ángel Cullen (codefensor de Urribarri), Ignacio Díaz (por Cardona Herreros), José Velázquez (defensor de Cardona Herreros) y Cristian Panceri (por Guillermo Smaldone).
Los manifestantes participaron de la audiencia de apelación de la causa Coimas.
Los manifestantes abuchearon en un tramo de la audiencia ante la exposición de un abogado defensor - Miguel Cullen- y fueron advertidos por el Tribunal y, como los militantes guardaron silencio, la audiencia continuó.
Sin embargo, cuando el juez Garzón dio por terminada la audiencia los manifestantes sacaron carteles con el rostro de la destituida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, y exigieron se la restituya en el cargo a la exfuncionaria removida tras un jury.
"Urribarri preso ya", rezaba uno de los carteles, "Urribarri corrupto", se leía en otro, al tiempo que solicitaban la prisión para el exgobernador entrerriano.
Uno de los afiches exponía los rostros de los cinco jurados que votaron por la destitución de Goyeneche.
Al concluir el trámite, los agentes de policía de Tribunales desalojaron de la sala a los manifestantes, pero el escándalo continuó en el pasillo, donde continuaron exhibiendo cartelería, y al grito de "Justicia Independiente",
los militantes escracharon a los abogados defensores que se retiraban del edificio.
"Esto es una barbaridad", dijo Cullen.
Además, la persecución continuó por calle Laprida, donde los abogados José Candelario Pérez, Raúl Barrandeguy y Juan Méndez debieron soportar a los manifestantes por más de una cuadra.
Daños a bienes del Estado
La Municipalidad de Paraná presentó una denuncia en la Justicia para que se investigue a los responsables del empapelado y las pegatinas que aparecieron este viernes y que se estamparon en los nuevos contenedores para la separación domiciliaria de residuos y también en postes de alumbrado.
Los afiches pegados en el mobiliario urbano tienen que ver con la grieta de estos días: el proceso de jury a la Procuadora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, destituida el 24 de mayo último.
Testa explicó la presentación judicial por el daño al bien público municipal.
La presentación la efectuó el secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad, Pablo Testa. Se trata de una “denuncia penal por el delito de daños contra bienes del Estado Municipal”.
Denuncia por daños contra los bienes del Estado municipal.
El escrito relata que “desde el inicio de la gestión del actual Intendente Cr. Adán H.Bahl en la ciudad de Paraná el Municipio se ha visto damnificado en su mobiliario urbano con la destrucción de contenedores de residuos – habiéndose realizado oportunamente la quema de 31 contenedores-, que nuevamente pero en esta ocasión los daños han sido para con los nuevos contenedores recientemente instalados para la separación de residuos en reciclables y no reciclables, como así también en numerosas columnas de alumbrado público”.
Señaló Testa que este viernes “se constató que dichos objetos se encontraban en gran número con ostensibles pegatinas – las cuales se ilustran con fotografía que acompaño a la presente –. Los mobiliarios vandalizados se encuentran distribuidos en distintos puntos del centro cívico de la ciudad”.
Los contenedores vandalizados fueron puestos en funcionamiento en los primeros días de junio.
"Al día de la fecha no es posible determinar quién o quiénes han ejecutado estos hechos que resultan ser de altísima gravedad por lo que sustancia la presente a fines de que el Ministerio Público Fiscal tome medidas concretas de investigación a fines de determinar la autoría de los mismos”, aclaró Testa.
"Los hechos no constituyen una sumatoria de actos delictivos aislados, sino que, por el contrario, son realizados con premeditación", señaló Testa.
“Esta situación menoscaba, claramente, el normal desenvolvimiento en la prestación del servicio público de recolección de residuos, atento que los mismos deberían ser intervenidos a los fines de su remoción de los papeles que podrían afectar el mecanismo de los camiones que los recolectan como así también podría alterar la separación que se busca con los mismos”, argumentó Testa sobre la presentación.
Por último, Testa planteó en su escrito que “es imprescindible para esta administración instar la presente a fines de detener las acciones delictivas contra el patrimonio municipal”, y que la administración Bahl “asume como hipótesis que los hechos no constituyen una sumatoria de actos delictivos aislados, sino que, por el contrario, son realizados con premeditación, atento que muchas de las mismas fueron simultáneas en día y horario en distintos puntos del área urbana antes referida de la ciudad”.
Sumado a la denuncia del estado municipal contra el accionar de los manifestantes, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) cuestionó el escrache que sufrieron los profesionales.
En el texto, al que accedió INFORME DIGITAL, el Colegio "cree oportuno repudiar la intolerancia y el sesgo patoteril de un grupo de desconocidos que interfirió varias veces en una audiencia llevada", y detalló "gestos groseros y comentarios de desaprobación de lo que exponían los abogados defensores".
"El Colegio de la Abogacía repudia los hechos ocurridos en la mañana de este viernes al celebrarse una audiencia en los tribunales de Paraná.
Como “hemos manifestado en otras oportunidades, ningún profesional de la abogacía puede ser identificado con las personas que defiende y con las causas de sus clientes en su ejercicio profesional y muchos menos agredido imputándole vínculos y participación en delitos donde ejerce la defensa”, aseguraron desde el Consejo Directivo de la entidad.
Además, señalan que "el CAER cree oportuno repudiar la intolerancia y el sesgo patoteril de un grupo de desconocidos que interfirió varias veces en una audiencia llevada a cabo hoy por la mañana en los tribunales de Paraná con gestos groseros y comentarios de desaprobación de lo que exponían los abogados defensores, en legítimo ejercicio de su profesión".
"Este Colegio no puede ni debe guardar silencio, ante la difamación calumniosa e injuriante a miembros del Honorable Jurado de Enjuiciamiento"
"Hubo agresiones verbales en la vía pública hacia los profesionales que estaban realizando su trabajo profesional, como es la defensa técnica penal, que nuestras Constituciones Nacional y Provincial garantizan de modo inviolable", señalaron, y agregaron que "también y referido al mismo tema, repudiamos enfáticamente los actos de vandalismos contra bienes públicos del municipio local, a través de la pegatina de carteles alusivos a la destitución de la Fiscal Cecilia Goyeneche, en su apoyo y en repudio a todos los integrantes del Jury".
"Sobre este asunto, este Colegio no puede ni debe guardar silencio, ante la difamación calumniosa e injuriante a miembros del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, integrado por colegas de la matrícula, magistrados y legisladores, todos los cuales merecen respeto y más aún cuando han actuado conforme a la ley y la constitución provincia", continúan.
"Nadie se opone a la crítica ni al escrutinio de la ciudadanía, pero ello no da derecho alguno a denostar irresponsable y ligeramente a terceros y, quienes así lo hagan, deberán responder por los daños y perjuicios que irroguen a esas personas", remarca el CAER.
En este marco, señalan que "nadie se opone a la crítica ni al escrutinio de la ciudadanía, pero ello no da derecho alguno a denostar irresponsable y ligeramente a terceros y, quienes así lo hagan, deberán responder por los daños y perjuicios que irroguen a esas personas".
Por último, el comunicado de CAER indica que "el Estado constitucional de derecho impone reglas claras y un comportamiento civilizado. La paz social y la institucionalidad se ponen en serio riesgo con comportamientos intolerantes como los que acabamos de señalar".
