El ex gobernador Sergio Urribarri yquien fuera su ministro de Comunicación, Pedro Baéz, apelaron las condenas a 8y 6 años de prisión que recibieron en el denominado “Megajuicio” por delitos depeculado y negociación incompatible con la función pública.
Este viernes 27 vencía el plazo para cuestionar las condenas recibidas en el Megajuicio.
Sus defensores esgrimieron en lapresentación que el Tribunal que los condenó se limitó a tomar “todos” losargumentos de Fiscalía al pie de la letra y no valoró ni respondió los quepresentaron las defensas.
La presentación de Urribarri y Báezse concretó antes de que este viernes 27 venza el periodo para cuestionar lascondenas que les impuso por unanimidad el Tribunal de Juicio integrado por JoséMaría Chemez; Elvio Garzón y Carolina Castagno a principios de abril. Además dela prisión, se les impuso la inhabilitación absoluta perpetua para volver aejercer cargos públicos.
Las defensas de ambos solicitaronen la apelación que se los absuelva o, en todo caso, que se anule el juiciorealizado durante fines del año pasado y principios del corriente y se realiceuno nuevo.
En el juicio se ventilaron cincoinvestigaciones: la de los spots de la Cumbre del Mercosur; la de la solicitadacontra los fondos buitres; la del parador de Mar del Plata; la de lacartelización de la publicidad oficial en vía pública y la de una publicidadcontratada por el Estado en una empresa que no había terminado de constituirse.
El Tribunal de Juicio entendió quetodas estas fueron maniobras para desviar fondos públicos hacia finesparticulares, uno de los cuales fue la campaña de Urribarri para llegar a lapresidencia.
¿Qué argumentaros los abogados de Urribarri y Báez?
Para fundar el pedido, los abogadosde los ex funcionarios afirmaron que la sentencia del Tribunal de Juicio “porun lado, ha infringido principios constitucionales básicos (principio delegalidad, principio de culpabilidad, principio de inocencia, principio dedefensa en juicio, principio de juez natural) y, por el otro, incurre engroseras arbitrariedades fácticas y normativas que la descalifican como actojurisdiccional válido”.
Además, se registró en el fallo“una completa omisión de tratar nuestros argumentos, que simplemente han sidodesestimados mediante un firme acto de voluntad, no de razón, que ha llevado altribunal a reproducir y conformar acríticamente, los argumentos –todos- de laacusación oficial”, esgrimieron.
La apelación se presentó ante Chemes; Garzón y Castagno. Si le dan curso, deberán elevar las actuaciones ante la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal que deberá expedirse sobre el recurso.
La defensa de ambos manifestó que el texto del pedido de apelación no agota todos los argumentos que tienen para cuestionar la decisión del Tribunal debido a la extensión del fallo (más de 600 fojas) y el escaso tiempo de análisis. Adelantaron que durante la audiencia correspondiente ahondarán en los razonamientos de la apelación.
Lo que dice el archivo
En el detalle de los factores queconsideraron que fundamentan su posición, listaron una serie de puntos queformaron parte del debate que se dio antes y durante las audiencias.
Algunos deellos son la validez de algunas pruebas y de las actas de los allanamientosrealizados en la causa de las “imprentas”, las falencias en la cadena decustodia, la falta de idoneidad de los peritos que realizaron las pruebasinformáticas, entre otras.
Fuente: APF.
