El Tribunal arribó de manera unánime al veredicto contra el ex gobernador. También recibió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa por 180 mil pesos. Aún restan dos instancias de apelación.
El Tribunal adelantó que arribó al veredicto de manera unánime.
E
l Tribunal condenó a 8 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 180 mil pesos al ex gobernador Sergio Daniel Urribarri tras encontrarlo culpable de cinco hechos por los cuales era juzgado en el marco de un juicio que se desarrolló durante cinco meses y contó con otros 12 imputados, cuatro
de los cuales fueron absueltos.
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, dieron a conocer el adelanto de sentencia en el juicio contra el ex mandatario provincial y una parte de su equipo de gobierno, junto a empresarios, particulares y familiares en una audiencia que se extendió por 13 horas.
Además de Urribarri, también fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez; el cuñado de Urribarri y funcionario del Senado entrerriano, Juan Pablo Aguilera, y su esposa, Luciana Belén Almada; la contadora, Corina Elizabeth Cargnel; los empresarios Gerardo Daniel “Foia” Caruso y Germán Esteban Buffa; Emiliano Oscar Giacopuzzi; y Gustavo Rubén Tamay.
Del juicio que comenzó el 27 de septiembre del año pasado y se extendió edurante 49 jornadas fueron absueltos cinco de los imputados: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Céspedes (fallecido durante el proceso) y Gustavo Tórtul, Alejandro Almada y Maximiliano Sena.
La audiencia donde se adelantó la sentencia comenzó alas 8:30 de este jueves y se extendió por más de 12 horas, luego del un cuarto intermedio de casi una hora, desde las 11:01, otro de poco menos de dos horas, desde 14.37, y un tercero de cerca de 45 minutos, desde las 19.14, finalmente, a las 21 se conoció la sentencia de cada uno de los imputados.
Báez y Aguilera recibieron una pena de 6 años y medio de prisión efectiva, otros seis imputados recibieron penas de cumplimiento condicional mientras que cuatro fueron absueltos.
El fallo de la Justicia lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. El juicio había puesto bajo la lupa su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015. Se lo acusa al mandatario como parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvío de fondos..
Sergio Urribarri y Pedro Báez siguen el adelanto de sentencia mediante videoconferencia.
También fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años y seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos
Aguilera es cuñado del actual embajador de en Israel y Chipre y se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, por ser dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público y funcionario a la vez, pero también por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.
Ninguno de los acusados irá a prisión hasta que no quede firme la condena, ya que todavía pueden apelar ante el Superior Tribunal de Justicia y ante la Corte Suprema.
Por ello, Urribarri no está obligado a renunciar a su cargo como embajador.
Además de los mencionados Urribarri, Báez Aguilera, fueron juzgadas otras diez personas. En este marco, la Justicia endilgó distintas acciones a nueve de los 13 procesados y absolvió a los restantes, entre los que se cuenta el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó. En cuanto al monto de las sanciones económicas, son bajas debido a que el Código Penal autoriza multas máximas de 190 mil pesos.
Los fiscales calcularon un desvío de las arcas públicas que supera los 9 millones de dólares y que se ubicó en un período de tiempo de varios años, entre 2010 y finales de 2015.
El juicio por corrupción a Urribarri y los otros 12 imputados ventiló cinco legajos por presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Peculado y Fraude contra la administración pública.
La audiencia del adelanto de sentencia inició a las 8:30 de este jueves.
Bajo la lupa judicial quedaron contrataciones millonarias del Gobierno provincial, presuntos desvíos de dinero público para financiar intereses particulares, supuestos pactos o acuerdos espurios entre funcionarios políticos y particulares.
Es la primera vez que en Entre Ríos se lleva a cabo un juicio de estas dimensiones, por la cantidad de legajos acumulados y por la importancia en la función pública de las personas juzgadas.
Corina Elizabeth Cargnel: el tribunal la condenó como, partícipe necesaria de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa por $90 mil pesos.
Gustavo Rubén Tamay: fue declarado como partícipe necesario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y peculado y lo condenaron a tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta, perpetua y multa por $90 mil pesos.
Luciana Belén Almada: la esposa de Aguilera fue declarada partícipe secundaria y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y peculado. Fue condenada a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa por $90 mil pesos.
Emiliano Oscar Giacopuzzi: declarado partícipe secundario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y peculado. Fue condenado a dos años y seis meses de prisión ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa por $90 mil pesos.
Sergio Urribarri y una parte de su equipo de gobierno, junto a empresarios, particulares y familiares, fueron juzgados durante cinco meses en audiencias que fueron transmitidas vía You Tube desde el Poder Judicial provincial.
Germán Esteban Buffa: declarado partícipe necesario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y condenado a un año y dos meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
Gerardo Daniel “Foia” Caruso: fue declarado partícipe necesario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y peculado y condenado a tres años de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa por $90 mil pesos.
Finalmente, además del exministro de Turismo durante el gobierno de Urribarri, Hugo José María Marsó, el Tribunal decidió absolver de culpa y cargo a Maximiliano Romeo Sena; al cuñado de Aguilera, Alejandro Luis José Almada, a Hugo Félix Céspedes, quien falleció en medio del desarrollo de las audiencias; y Gustavo Javier Tórtul.
Todos ellos estaban acusados por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado.
