La audiencia se iba a concretar el lunes 23 de agosto, desdelas 8, ante el juez de Garantías Walter Carballo. Ahora, se dispuso que serealice el 6 de septiembre, a partir de las 7,30.
El cambio de fecha se debió a una petición formulada por elabogado querellante, Rubén Pagliotto; y también porque el magistrado que debeescuchar a las partes informó impedimentos personales para asistir ese día,indicó Entre Ríos Ahora.
La dirigente de Proyecto Artigas está acusada de habertomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las MargaritasSA, que dirige su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores defendió –y defiende-la toma asegurando tener derechos hereditarios sobre la propiedad, queperteneció a su padre, Felix Etchevehere, quien murió en 2009. La estancia seencuentra ubicada en Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, en eldepartamento La Paz.
No obstante, la Fiscalía entiende que Dolores “carecía detodo derecho para esa toma de posesión, ya que no tenía derechos hereditariossobre la propiedad, al haber cedido su parte en forma onerosa conanterioridad”.
La toma se produjo el 15 de octubre de 2020 y suscitó laatención nacional, puesto que contó con el apoyo e impulso del dirigente delmovimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y abogado Juan Grabois.
Al campo también ingresó el abogado porteño Facundo Taboaday un grupo 40 personas del MTE. Dos semanas después, el 29 de octubre, la vocaldel Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno,dispuso el desalojo de los ocupantes. Entonces, todos los integrantes fueronretirados, pero sólo Dolores Etchevehere se negó a acatar la orden de lamagistrada y por ello se le imputó el delito de desobediencia judicial.
El 4 de junio de este año, a casi un año de los hechos, losfiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz,solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de unaño de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y el abogado Taboada.
En el escrito de remisión, al que tuvo acceso Entre RíosAhora, los fiscales describieron los hechos y señalaron que para el juicio oraly público solicitarán que sean citados como testigos 21 personas, entrefuncionarios policiales, trabajadores de la estancia e integrantes delmovimiento de Grabois que participaron de la toma, según la Fiscalía,“inducidos a error” por Dolores y Taboada.
Los defensores de los acusados son los abogados LisandroMobilia y Patricio Cozzi; mientras que el abogado querellante por parte de lafamilia Etchevehere es Rubén Pagliotto.
En el escrito elevado por los fiscales al juez, se indicaque el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 11, Dolores y Taboadaingresaron a la estancia Casa Nueva, exigiéndoles a los empleados que entreguenlas llaves de la puerta de ingreso a la casa principal. Precisaron que elpedido se lo formularon a la empleada Ramona Rodríguez, a quien además, segúnla Fiscalía, amenazaron con “que debería retirarse en minutos, en caso de nootorgar las mismas” y que ante su negativa “ingresaron a su vivienda -sita enel mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en elcomedor del domicilio”.
Enseguida, los acusadores relataron que “habiendo abierto-sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a lamisma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; ademásde realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre elestablecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, RamonaRodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse otransitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos”.
Luego resaltaron que “todo lo narrado fue efectuado enconocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva,sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera yganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.».
El segundo hecho, se le imputa sólo a Dolores, y tiene quever con haberse opuesto a abandonar la estancia tras la orden judicial del 29de octubre emanada por la jueza Castagno. Por esa actitud, la dirigente fuedetenida.
En el texto de remisión a juicio, los fiscales destacaronque Dolores Etchevehere no cuenta con derechos sobre la propiedad tomada y queello quedó demostrado por su madre, Leonor Barbero Marcial, presidenta de lasociedad Las Margaritas SA, quien al denunciar la usurpación presentódocumentación en la que se asentó que el 31 de agosto de 2018, su hija,mediante un acuerdo privado, “ha cedido el 100 por ciento de los derechossucesorios a favor de los restantes herederos y socios, en el sucesorio delcausante Luis Felix Etchevehere”.
Más adelante, solicitaron que en caso de que el caso seaelevado a juicio se convoque como testigos a 21 personas, entre ellos losfamiliares de Dolores, trabajadores de la estancia, funcionarios policiales eintegrantes del Proyecto Artigas que participaron de la toma.
Los testigos, son: Leonor María Magdalena Barbero Marcial(madre de Dolores y denunciante); los trabajadores de la estancia Ángel RobertoMartínez, Ramona Magdalena Rodríguez; el exministro de Agricultura de la Nación,Luis Miguel Etchevehere; su hermano Juan Diego Etchevehere; Mariano Hernán Rubiolo; el escribano JoséLuis Zuffiaurre; Stella Maris Denis, Oficial Ayudante de la Policía de La Paz;Eitan Slomka, dirigente del MTE, oriundo de Neuquén; José Nicolás Capropresi,diritente del MTE oriundo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; AnneliseDieterle, Oficial Sub Inspector de la Dirección de Prevención de DelitosRurales La Paz; Ángel Roberto Martínez, encargado rural domiciliado en elDepartamento Diamante; Fabián Olivetto, dirigente del MTE; Mario CeferinoSilvetti, Jefe de División Publicidad Registral Firma Autorizada RegistroPúblico de La Paz; Guillermo Fritz, Ingeniero del Laboratorio Regional deInvestigación Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos; GimeanaVelazquez, Oficial Inspector; Comisario General Gustavo Maslein, Jefe de laPolicía de Entre Ríos; María Mercedes Bolognini, Oficial Principal de laPolicía de Entre Ríos; los santaelenenses Diego Enrique y Jeremias Retamar; Leonardo G. Gastón Sosa, Oficial Principal dela Policía de Entre Ríos; y Javier Genre Bert, Oficial Principal, de laDivisión Tóxicos de la Jefatura Departamental de Policía de La Paz.
