Miércoles 11 de agosto de 2021
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Política
Qué pena piden para Dolores Etchevehere

El lunes 23 de agosto será la audiencia judicial con el pedido de remisión a juicio en la causa por usurpación contra la hermana del exministro, por los hechos ocurridos en la estancia Casa Nueva.

dolores etchevehere

E

l Ministerio Público Fiscal de La Paz pedirá la remisión a juicio de la causa penal que se abrió a Dolores Etchevehere por usurpación a raíz de la ocupación de la estancia Casa Nueva, en Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, y por desobediencia judicial al resistir la orden de desalojo que firmó la jueza María Carolina Castagno.

Además de la hija del difunto Luis Félix Etchevehere, el exdirector de El Diario, de Paraná, que murió en 2009, y de Leonor María Magdalena Barbero Marcial, la Fiscalía también quiere llevar a juicio por usurpación y desobediencia judicial al abogado Facundo Taboada. De acuerdo a lo que revelaron fuentes de la Justicia a Entre Ríos Ahora, para ambos Fiscalía pide una pena leve: 1 año de prisión de ejecución condicional.


A mediados de octubre de 2020, Dolores Etchdevehere encabezó la toma de Casa Nuestra junto al Proyecto Artigas y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois. Entonces, anunció públicamente que cedía el 40% de ese campo al Proyecto Artigas para desarrollar un proyecto agroecológico. “He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. Un cuarto de la sucesión de los Etchevehere. Esa porción es para reparar el daño que se hizo. El proyecto comienza hoy, 15 de octubre. Hoy plantamos la primera semilla en la tierra que soy propietaria por derecho natural, derecho que me permite utilizarlas desde ahora mismo”, anunció la única hija mujer de Luis Félix Etchevehere.

Casa Nueva es uno de los cinco campos de la familia Etchevehere: está ubicado en la entrada de Santa Elena, una ciudad-fábrica que creció alrededor del Frigorífico Santa Elena. Luego de varias privatizaciones fallidas, en la década del 80 el frigorífico pasó a manos estatales y cerró definitivamente sus puertas en 1993. El Estado despidió a los trabajadores entregándoles tierras como parte de la indemnización, pero sin título de propiedad. En 2004, el gobernador Jorge Busti decidió liquidar los bienes del frigorífico, incluidas las tierras donde producían los ex trabajadores del frigorífico.

Lo que dice el archivo


“En 2007, los Hermanos Etchevehere obtuvieron 370 hectáreas de estas tierras a partir de sus contactos políticos y judiciales. Pagaron solo el 10% de su valor. Hasta entonces, esas tierras eran utilizadas por la Escuela Agrotécnica Nº 151 en la Estancia El Quebracho, lindera a Casa Nueva. Pero, uno de los lotes estaba arrendado hasta el 2010”, cuentan desde la web de Proyecto Artigas.

Pero la familia de Dolores, su madre Leonor Barbero Marcial, y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y JuanDiego Etchevehere, decidieron accionar judicialmente y consiguieron que la Justicia ordenara el desalojo de Casa Nueva. El 29 de octubre de 2020 la jueza María Carolina Castagano firmó la orden de desalojo.

De ese modo, Castagno revocó la resolución del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, que había denegado el desalojo. La vocal le dio la razón a Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, que denunció a su hija, Dolores, por la “usurpación” de esa estancia, de unas 370 hectáreas, y pidió su restitución.

Ese mismo 29 de octubre, cuando debía ejecutarse el desalojo, Dolores Etchevehere demoró el cumplimiento de la orden judicial y por eso fue detenida por la Policía, lo que dio lugar a una segunda causa: la primera por usurpación; la otra, por desobediencia judicial.

Lo que dice el archivo


En el expediente están imputados Dolores Etchevehere y el abogado Facundo Taboada, quien fue parte del ingreso a la estancia. Según supo Entre Ríos Ahora, la audiencia en la que se discutirá si el expediente es llevado a debate oral y público será el 23 de agosto, a las 8, ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo.

La petición fue formulada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa. Los defensores de los acusados son los abogados Lisandro Mobilia y Patricio Cozzi; mientras que el abogado querellante por parte de la familia Etchevehere es Rubén Pagliotto.

La causa se inició tras la denuncia que presentó Leonor María Magdalena Barbero Marcial –madre de Dolores-, en su calidad de titular de la firma Las Margaritas SA, propietaria del campo.


La llegada de Dolores Etchevehere se produjo el jueves 15 de octubre de 2020 y se mantuvo hasta el jueves 29, cuando una orden de desalojo firmada por la jueza de juicio María Carolina Castagno torció el rumbo de los acontecimientos. Pero la mujer no salió de forma inmediata sino que debió ser retirada por la Policía ante su negativa a abandonar el campo, lo que le generó la apertura de una nueva causa, esta vez por desobediencia judicial.

Cuando se abrió la causa contra Dolores y el letrado, la imputación decía: “En fecha 15 de octubre de 2020, siendo las 11 horas aproximadamente, Dolores Etchevehere y Facundo Taboada ingresaron -junto a un grupo de cuarenta personas aproximadamente-, al Establecimiento Rural identificado como Casa Nueva -sito en zona rural del departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, con ingreso por Ruta Provincial N° 48-. quienes una vez en el interior del perímetro del casco de dicho establecimiento se dirigieron a la empleada Ramona Rodríguez, exigiendo la entrega de las llaves de las puertas de ingreso de la casa principal, amenazando con que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas; y ante su negativa, ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio; seguidamente, y habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos. Todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.”.

La investigación sobre las tierras

En octubre de 2020, al difundir una megadenuncia contra su familia, Dolores incluyó un capítulo sobre el caso de las tierras en el Paraje El Quebracho. “En 2007, los Hermanos Etchevehere obtuvieron 370 hectáreas de estas tierras a partir de sus contactos políticos y judiciales. Pagaron solo el 10% de su valor. Hasta entonces, esas tierras eran utilizadas por la Escuela Agrotécnica Nº 151 en la Estancia El Quebracho, lindera a Casa Nueva. Pero, uno de los lotes estaba arrendado hasta el 2010”, dijo en su denuncia.

Tras el escándalo nacional por la toma en El Quebracho, en noviembre de 2020 el gobernador Gustavo Bordet anunció la apertura de una investigación para determinar si la familia Etchevehere se apropió de terrenos de la Escuela Agrotécnica Nº 151, lindera a la estancia Casa Nueva. «Como Estado tenemos la obligación de reclamar por las tierras que le pertenecen a la escuela provincial Nº 151 Agrotécnica Paraje El Quebracho que es su legítima propietaria y a los alumnos que realizan allí sus prácticas”, dijo entonces el mandatario.

Lo que dice el archivo


"Hubo un hecho de usurpación, con lo cual quedan dudas acerca de si  la situación dominial de la superficie de la Escuela Agrotécnica de Santa Elena se regularizó o no. Por esta razón los organismos competentes del Estado van a realizar los estudios correspondientes para determinar la legalidad o ilegalidad de esta situación", agregó.

Recientemente, Dolores Etchevehere anunció que llegó a un acuerdo con Enrique Cresto, quien encabeza la lista de diputados nacionales del Frente de Todos, quien se comprometió a “recuperar” las tierras del establecimiento educativo.

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