E

l tercer capítulo de la indagatoria a Leonor María Magdalena Barbero Marcial, madre del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, que debía concretarse este viernes 30, fue postergado, de momento, sin fecha.  La mujer, madre de los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, está imputada en una causa por estafa y vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) a partir de una denuncia que presentara en 2013 su hija, Dolores Etchevehere.

Barbero Marcial declaró el 12 de marzo último, y entonces ciñó su relato a la compleja relación con su hija denunciante. Luego, en la indagatoria del 20 de este mes ocupó su tiempo en contar su versión de los hechos en el marco de la denuncia por estafa, y la utilización de un crédito con fines productivos al Banco Itaú que al final se utilizó en provecho propio, y que se repartieron ella y sus tres hijos varones. Para este viernes 30 pensaba abordar la cuestión del vaciamiento de SAER, la firma editora de El Diario, y responder las preguntas del fiscal Álvaro Piérola, y de los querellantes que representan a su hija Dolores, Lisandro Mobilia y Patricio Cozzi.

Pero esa audiencia fue suspendida. El juez de la causa, el titular del Juzgado de Transición N° 1, Carlos Hugo Ríos, es contacto estrecho de una persona que dio positivo de  Covid-19, y en estos momento está con licencia médica por presentar síntomas compatibles con la enfermedad. En igual situación se encuentra el abogado Rubén Pagliotto, defensor de Barbero Marcial. El juez Juan Carlín, que subroga en estos momentos a Ríos, resolvió aplazar la indagatoria «hasta tanto estén dadas las condiciones sanitarias».

El enredo judicial

En 2013, Dolores Etchevehere presentó una denuncia penal por estafa contra su madre, Leonor Barbero Marcial, y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, que después amplió en el fuero civil por el proceso de sucesión a la muerte de su padre, Luis Félix Etchevehere, ocurrida en 2009, pero que sumó también un pedido de investigación por el supuesto vaciamiento de la nave insignia del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma editora de El Diario. Pero la Justicia -cuatro distintos jueces tuvo la causa- nunca llamó a indagatoria a la familia Etchevehere. Ello recién ocurrió el 30 de octubre de 2020, cuando el juez Ríos firmó el pedido de indagatoria. Fue un día después de que otra jueza, María Carolina Castagno, dispusiera el desalojo de Dolores y el MTE de Grabois del campo Nuestra Casa, en El Quebracho.

En la primera denuncia, la mujer habló de la “toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado  por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro, sus tres hermanos  y su madre.

Después, abundó en las cifras y detalló que el fraude bancario fue mayor a los u$s 250.000.  Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciados tomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso, en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad Las Margaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionó la Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables “y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”. También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza 1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones del Paraná, cuyo allanamiento también solicitó.

Los préstamos, después se supo, fueron pedido por los Etchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para fines productivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.

Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer “la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos) de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de los inmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitos gravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleíta familiar.

Fuente: Entre Ríos Ahora