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on su reclamo por la herencia familiar, Dolores Etchevehere “desafió el orden y las relaciones de poder” patriarcales de las que se beneficiaron sus hermanos Miguel, Juan Diego y Sebastián en el conflicto por la herencia familiar. Así lo definió la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, en un dictamen donde solicita que la denuncia de Dolores Etchevehere sea analizada con perspectiva de género. Además, acredita que los hechos denunciados por ella se habrían producido en un contexto de “victimización” y “vulnerabilidad” al interior de los vínculos familiares.

La intervención de la UFEM había sido pedido por el fiscal federal Federico Delgado, que lleva adelante la investigación por presunta “violencia económica” y “extorsión” en la que están acusados el ex ministro de Agroindustria y sus hermanos.

La solicitud era relevante para el derrotero de la causa, ya que es la primera vez que la disputa familiar es analizada desde la perspectiva de género. En el equipo jurídico de Dolores Etchevehere que encabeza Juan Grabois, evalúan que la falta de avances en un litigio que ya lleva 11 años se debe a que la Justicia de Entre Ríos reproduce “prácticas patriarcales” y -en la palabras del dirigente de la CTEP- un “pacto de poder de los patrones de estancia”.

A través de un escrito de 18 páginas y fecha del 24 de noviembre, la fiscal Mariela Labozzetta elaboró un informe preliminar donde repasa y da por válidos los hechos denunciados por la hermana menor de los Etchevehere, a quien le tomó declaración vía Zoom. Entre ellos, se menciona el acuerdo sucesorio al que habrían llegado Dolores Etchevehere, sus hermanos y su madre Leonor Barbero Marcial, y que al final -por decisión de Dolores- no habría sido homologado en sede judicial por tener características “leoninas y arbitrarias”.

Desde su mirada, la fiscal admite que si bien las pruebas sobre las supuestas “maniobras” y “coacción” que sufrió Dolores Etchevehere de parte de su familia durante la sucesión están “en estado incipiente”, propone llevar a cabo la investigación “con la debida mirada de género” que debe aplicarse en este tipo de casos, donde se “manifiestan expresiones de violencia por razones de género de una persona víctima de delitos”. El objetivo es determinar si la intención fue “despojarla de su patrimonio como heredera”.

En ese marco, Labozzetta hizo hincapié en la “la situación de especial vulnerabilidad en la que habría sido colocada la denunciante en su seno familiar”, como parte de una “desigualdad general que estructura las relaciones de poder entre varones y mujeres”. Taxativamente, define esa situación como desprendimiento del “patriarcado”, algo que “funcionó de manera específica en la familia Etchevehere”, si se entiende a este como un tipo de organización donde “la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio” y en la que el “dominio masculino” se ejerce cuando “los varones también pactan su poder como hermanos”.

Según la fiscal, en base al testimonio de Dolores Etchevehere, el funcionamiento de su familia estaba basado en este tipo de creencias y estereotipos que se transmitieron de generación en generación y están fundados en un “orden desigual entre los géneros”, donde la “violencia psicológica y económica operan como estrategias de disciplinamiento”.

“Situar la violencia en razón del género en este contexto más específico permite comprender la reacción frente la decisión de Dolores de no acatar el rol de pasividad y obediencia tradicionalmente asignado a las mujeres”, señala la fiscal en el dictamen, donde valora positivamente que la denunciante haya hecho visible su acusación hacia los miembros de la familia. “Dolores Etchevehere (...) se alejó del rol socialmente asignado en el seno de su familia, que contaba con su pasividad en los asuntos económicos y políticos. Su posicionamiento frente a los negocios familiares y frente al reclamo de lo que consideraba justo le valió el rechazo y la hostilidad familiar”.

Y prosigue: “Dolores, al decidir posicionarse como sujeto político, ha desafiado el orden y las relaciones de poder en las cuales se sustentaban los vínculos familiares. Frente a las mujeres que no obedecen y se rebelan, el patriarcado opera también justificando las respuestas violentas que pueden aparecer para restablecer las jerarquías prestablecidas y los roles que se perciben como alterados”.

En esa línea, Labozzetta plantea que el relato de Dolores Etchevehere evidencia la “victimización a la que ha sido sometida por parte de su familia durante todos estos años” desde el fallecimiento de su padre, y que las asimetrías con los agresores trastocaron en crónicas y en “indicadores de su vulnerabilidad”. Enumeró entre esos factores la imposibilidad de acceder a sus bienes, la ausencia de ingresos económicos, la falta de información con relación a su herencia, entre otros.

Con ese respaldo oficial, Dolores Etchevehere presentó hoy a través de sus abogados una medida cautelar en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Entre Ríos, a cargo de Martin Furman. Allí solicita a la Justicia igualdad de condiciones con respecto a sus hermanos varones: uso y goce de un inmueble de la sucesión en la ciudad de Paraná, y un ingreso en su calidad de socia-heredera.

Con esa acción, se relanza la disputa por el patrimonio familiar y la propiedad de la estancia “Casa Nueva”, en la entrerriana Santa Elena, donde a fines de octubre se desalojó la huerta agroecológica del Proyecto Artigas impulsada por Juan Grabois. Aunque quedó firme la sentencia de desalojo por usurpación, los militantes del Proyecto Artigas reactivaron la disputa con Etchevehere con una nueva estrategia, a partir de la campaña virtual #EtchevehereDevolvéLaEscuela. La iniciativa busca juntar firmas para que el gobierno de Entre Ríos restituya las tierras que pertenecían a la Escuela Agrotécnica N° 151 de Santa Elena y cuyo predio de 70 hectáreas se habría apropiado “a precio vil” la familia del ex ministro de Agroindustria.

En la nueva presentación judicial, Dolores Etchevehere insistió que sus hermanos varones viven en inmuebles de la sucesión, cobran dinero de las empresas en litigio y administraron de manera fraudulenta y habrían cometido ilícitos las sociedades del acervo hereditario, como la denuncia por “vaciamiento” y estafas de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma responsable de El Diario de Paraná.

Mientras sus hermanos varones gozan de ese patrimonio, Dolores Etchevehere advierte que carece de medios de subsistencia.

“¿Por qué soy la única que me he visto en complicaciones económicas desde el día uno? Respuesta fácil. Porque me excluyeron de TODO TIPO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTACTO CON LOS BIENES DE SUCESORIO, sin escrúpulos y en pos de seguir con sus actividades delictivas por intermedio de estas sociedades”, denunció en su última oficio la hermana que litiga por la fortuna familiar.