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ay un comentario, extendido y probado en la provincia de Entre Ríos, que la familia Etchevehere tiene por costumbre no pagar. No pagar a los trabajadores de sus empresas, no pagar a sus proveedores, no pagar a sus abogados y una larga lista de etcéteras; no pagar.

Dolores Etchevehere no pudo haberlo dicho mejor, en la denuncia que presentó contra su madre y sus hermanos por haberla despojado completamente de sus derechos hereditarios: “Tienen la mala costumbre de no pagar sus deudas”.

Ahora se dispuso el embargo de las cuentas bancarias de Juan Diego Etchevehere y los herederos de su padre, Luis Félix Etchevehere, por una deuda de honorarios a los abogados que intervinieron en la causa por la usurpación de una porción de 65 hectáreas perteneciente a la ex estancia Los Quebrachos, que arrendaba el productor agropecuario José María Morcillo, hasta que fue expulsado por los demandados.

La causa se resolvió con una probation para Juan Diego Etchevehere y una indemnización para el productor agropecuario por los daños y perjuicios ocasionados, pero trece años después los abogados todavía no han podido cobrar los honorarios que con intereses suman 1.326.075 pesos, según pudo saber Página Judicial.

La ejecución fue promovida tanto por los representantes de Morcillo como por los defensores de los Etchevehere, y la justicia dispuso esta semana el embargo de las cuentas de Las Margaritas SA, el conglomerado productivo de la familia, a raíz de que han rehusado efectivizar el pago de los honorarios. De hecho los Etchevehere ni siquiera abonaron los honorarios a los abogados que los representaron ni al perito que intervino en esa causa.

La historia se remonta al año 2007, cuando los Etchevehere, a través de Las Margaritas SA, compraron esa porción de campo que había pertenecido al ex Frigorífico Regional Santa Elena y en ese momento estaban en posesión de la Escuela Agrotécnica Paraje Quebracho.

Esa operación fue, por lo menos, polémica. El gobernador Gustavo Bordet anunció recientemente que investigará si la venta de esas tierras se hizo a un valor inferior al que tenían en ese momento –durante el tercer mandato de Jorge Busti– y si la familia Etchevehere después se apropió de otra porción del campo de manera ilegal.

En 2005 Morcillo había firmado un contrato de arrendamiento con el entonces director de la escuela, que se extendería hasta el 31 de mayo de 2010. Pero un día de 2007, el productor agropecuario llegó hasta el campo, como lo hacía casi a diario para controlar la evolución de su cultivo de lino, y se encontró con candados y cadenas en los accesos. Unos días después ya se habían instalado tres personas que cargaban escopetas al hombro y, en tono amenazante, le dijeron que el campo era de Etchevehere y que se retirara.

Un escribano constató además que una vez que se apropiaron del campo, Luis Félix Etchevehere y su hijo Juan Diego destrozaron el sembrado de lino que había realizado Morcillo, romeándolo y trabajando encima con tractores.

El hecho motivó dos procesos judiciales: uno destinado a que los responsables de la usurpación y daño de los cultivos sean sancionados penalmente y otro a que Morcillo reciba una compensación por las pérdidas ocasionadas.

La causa penal terminó en una suspensión del juicio a prueba, en el medio del cual Luis Félix Etchevehere falleció y su hijo Juan Diego aceptó pagar 3.000 pesos en concepto de reparación por el daño causado; cumplir tareas no remuneradas como abogado de las personas que concurrían a un centro de integración comunitaria de la Municipalidad de Paraná durante dos horas semanales y por un lapso de dos años; y hacer un aporte mensual de cien litros de combustible para la ambulancia del Hospital de Santa Elena.

En la demanda civil, en 2019, la justicia condenó a los Etchevehere a pagarle a Morcillo una indemnización de 367.049,14 pesos más intereses. “Ni el carácter de dueña ni mucho menos el de compradora, autorizaba a Las Margaritas ni a ninguno de sus socios, representantes o empleados a turbar la tenencia de Morcillo”, dijo el juez. La sentencia también determinó que los Etchevehere debían pagar las costas del proceso y los honorarios a los profesionales que intervinieron en el proceso. Pero ni los representantes de Morcillo, ni el perito ni sus propios abogados pudieron cobrar.