El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales ySociales (Inecip) advirtió acerca de los ataques a la autonomía de losMinisterios Públicos y pidió que se discutan los mecanismos para prevenirlos.
En este contexto, el organismo emitió un comunicado donderecomendó promoverse la duración temporal de los cargos en las Procuraciones oFiscalías Generales, argumentando que esto servirá: “Para terminar con losinaceptables mandatos vitalicios en cargos de decisión política”.
El medio APF Digital brindó detalles sobre el escritodifundido por la entidad que tuvo una activa participación en la formulacióndel sistema de juicio por jurados en Entre Ríos.
En el mismo se señala: “La afectación a la autonomía de losMinisterios Públicos de Santa Fe y Entre Ríos de los últimos meses deben ser unllamado de atención a nivel nacional. La persecución política a fiscales yfiscalas que cumplen con su deber de investigar crímenes complejos y sensiblespara el poder de turno se ha vuelto moneda corriente en nuestro país”
“Es necesario denunciar estas situaciones y replantear lainstitucionalidad de los Ministerios Públicos provinciales para garantizar laeficacia en la persecución penal de los crímenes más dañinos para nuestrasociedad. El primer e ineludible paso es poner fin a los mandatos vitalicios enlas fiscalías o procuradurías generales”, sostuvo el Inecip.
Luego de referirse a ejemplos de ataques a fiscales endistintas partes del continente, el documento indica: “La situación de SantaFe, que trasciende a distintos partidos políticos, cobró notoriedad incluso anivel regional. Este año, por primera vez en su historia, la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos realizó, a solicitud de la Asociación deFiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación santafesino, unaaudiencia temática para analizar la situación de las fiscalías locales denuestro país”.
Además, sin nombrarla, se hizo referencia a la remoción deCecilia Goyeneche de su cargo en el Ministerio Fiscal de Entre Ríos. “Más recientemente,el desplazamiento de una fiscal de Entre Ríos es el último capítulo de unaserie de eventos de larga data”, deslizó el texto.
“Esos hechos deben ser denunciados con firmeza, y se debeapoyar a quienes son perseguidos y luchar para que su valioso trabajo no searevertido”, expresó el centro de estudios.
Y agrega: “Pero también es necesario – contrastó – discutirseriamente los mecanismos necesarios para prevenir y repeler esos ataques a laautonomía, no como un derecho individual de los y las fiscales, sino como underecho de la sociedad a tener un sistema de justicia eficaz”.
“Entre otros aspectos, debe promoverse la duración temporalde los cargos en las Procuraciones o Fiscalías Generales, para terminar con losinaceptables mandatos vitalicios en cargos de decisión política”, propuso.
En Entre Ríos, la Constitución provincial de 2008 establecióque el Ministerio Público Fiscal tendría autonomía funcional en el PoderJudicial para ejercer la acción penal pública y conducir las investigaciones.En uno de los últimos artículos, la Carta Magna estableció que todos losfuncionarios letrados de la Justicia son “inamovibles mientras dure su buenaconducta”.
Sin embargo, el actual titular del organismo, Jorge AmilcarLuciano García, accedió al cargo antes de la sanción de la nueva Constitución.
El funcionario fue promovido al cargo por el ex gobernadorJorge Busti en septiembre de 2007, y su pliego obtuvo la aprobación endiciembre de ese año.
Su designación, en rigor, fue como Fiscal General ante elSuperior Tribunal de Justicia. Pese a la modificación del rango del organismo,siguió al frente.
El Inecip apuntó también que: “Los mecanismos dedesignación de esas autoridades deben transparentarse y democratizarse. Además,los procesos disciplinarios de sanción y remoción de fiscales deben adecuarse alos estándares internacionales, para que dejen de ser mecanismos de persecuciónarbitraria o protección injusta, y se conviertan en instancias eficaces decontrol. Y las máximas autoridades de los Ministerios Públicos deben asignartodos los recursos necesarios y respaldar a las fiscalías que estén realizandoinvestigaciones de alto impacto o enfrentándose a casos de criminalidadorganizada”.
“Nadie puede hacerse el desentendido. Tenemos la oportunidadde discutir seriamente qué Ministerios Públicos Fiscales pretendemos: siqueremos organismos burocráticos que a duras penas logren perseguir delitosmenores, o si vamos a lograr que se conviertan en fieles representantes de losintereses generales de la sociedad, incidiendo eficazmente en el control de lacriminalidad, le pese a quien le pese”, concluyó el informe.
