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usana Medina, en su rol de presidenta, convocó al Procurador General Jorge Amilcar García a concurrir al acuerdo general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se realizará este martes, a las 12. Oficialmente, se indicó que el objeto de la invitación “es para tratar cuestiones de naturaleza institucional que involucran al Poder Judicial que integra el Ministerio Público Fiscal”. García no asistirá.

El Procurador entiende que es “parte” de ese proceso por cuanto fue notificado por el Jurado de Enjuiciamiento y tiene previsto continuar con recursos tendientes a poner en discusión lo resuelto.

La negativa de García a asistir a ese encuentro tiene que ver con el trámite del jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche, que concluyó con su destitución el 24 del actual.

En el Jurado de Enjuiciamiento que destituyó a Goyeneche 3 de los 7 integrantes son vocales del STJ: Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone. En forma paralela a los planteos de Goyeneche, García también hará presentaciones.

Aunque el artículo 36° de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento N° 9.283 fija que contra el fallo de absolución o destitución «no cabe recurso alguno, salvo la aclaratoria que podrá interponerse dentro de los 3 días y será resuelto dentro del mismo término», tanto García como Goyeneche irán con un recurso de inconstitucionalidad contra lo resuelto en el jury.

El planteo irá primero al Jurado; y, luego, en queja ante el STJ. Si en ambas instancias hubiera rechazo, la última instancia será ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ese es el camino que ya siguió el destituido juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Eduardo Salem, cuyo proceso concluyó en mayo de 2021. Salem, a través de su abogado Ladislao Uzín Olleros, hizo los planteos respectivos a nivel local, y llegó en queja ante la Corte.

En el caso Salem, el Jurado de Enjuiciamiento fue presidido por el senador provincial Armando Gay, e integrado por el vocal del STJ Daniel Omar Carubia, la vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, Marcela Davite, el vocal de la Cámara Tercera Sala II, Guillermo Bonabotta; el diputado provincial Gustavo Zavallo, y por el Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni.

En los alegatos finales, el titular del Ministerio Público Fiscal, el procurador general Jorge Amilcar García afirmó que el magistrado enjuiciado “ha provocado su propia destitución” y dijo que su “abuso y desvío de poder en términos de violencia laboral” son los que determinan “nuestra postura de mal desempeño en las funciones”.

El procurador marcó a su vez que “el mal desempeño en las funciones supone un piso de lesividad. Toda falta de idoneidad es a la vez mal desempeño”, indicó y opinó que Salem ha tenido respecto de las denunciantes “una actitud expulsiva” que resultan “quebrantadoras del deber positivo de prudencia y razonabilidad”.

García y Goyeneche.

“La cuestión de género solamente aparece aquí vinculada con la violencia laboral. No es un seminario sobre violencia de género. Es una discusión sobre maltrato laboral. Tiene particularidades de género porque las dos víctimas son mujeres”, diferenció.

Pero el defensor de Salem, Ladislao Uzín Olleros, no estuvo de acuerdo con la destitución de su cliente y presentó, primero, un recurso de inconstitucional y, después, un recurso de queja, que fueron rechazados uno a uno. Finalmente, el caso llegó en queja ante la Corte, que todavía no lo ha resuelto.

Goyeneche imagina seguir la misma vía, aunque ya con una sentencia a medio camino, a principios de mayo, que obligó al STJ a revisar el rechazo a un amparo que había presentado la funcionaria destituida. Al final, un tribunal ad hoc confirmó el rechazo y así, luego, sobrevino el fallo del Jurado de Enjuiciamiento, que la destituyó.