E

l gobernador Rogelio Frigerio decretó la intervención del IOSPER mediante decreto 3675, designó al frente del mismo a Mariano Gallegos y fijó que su remuneración será equivalente al “nivel 034 contemplado en la Ley Provincial Nº 8.620”. El presidente de la obra social de la provincia, Fernando Cañete, precipitó su renuncia apremiado por los históricos señalamientos por desmanejos y sueldos extraordinarios, entre otros detonantes de su salida.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), en noviembre último, había exhortado al directorio de la obra social a revelar los sueldos de sus autoridades luego de que su presidente Cañete realizara declaraciones en los medios donde criticaba la situación económica y de gestión.

CAER presentó formalmente, en esa oportuniddad, un pedido de Acceso a la Información Pública a la principal obra social de la provincia para conocer, en el marco de las políticas de transparencia activa en el manejo de fondos públicos, sus últimos balances económicos, presupuestos, sueldos de su directorio y pago a los principales proveedores.

El pedido del CAER citaba el antecedente del reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia que obligó a las cámaras legislativas a difundir información pública requerida por una organización civil y, en tal sentido, solicitaba información en 15 puntos en particular.

Este martes, el presidente del IOSPER Fernando Cañete presentó su renuncia apremiado por la investigación que se lleva adelante en la obra social de la provincia y, en su lugar, el gobernador designó como interventor a Mariano Gallegos.

Frigerio convocó a una conferencia de prensa este miércoles para informar los motivos por los cuales decretó la intervención del IOSPER. No obstante, INFORME DIGITAL accedió al escrito donde el gobernador expone los pormenores de la decisión tomada.

Decreto de intervención del IOSPER.

Auditorías y otras medidas

Habrá una auditoría en los aspectos financieros, administrativos, contables, presupuestarios y legales que deberá hacerse en 30 días hábiles “facultándose la intervención para que puedan contratar con Universidades Públicas la realización de las mismas”. En ese marco, el artículo sexto del decreto dispone “la realización de los arqueos e inventarios que fueran necesarios, de conformidad con lo establecido por el artículo 75° de la Ley Provincial N° 5.140. debiendo labrarse las actas pertinentes”.

En el 7 ordena “que la Intervención deberá elevar al Poder Ejecutivo, un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional”.

La intervención es argumentada por “el entorpecimiento del control que ejerce la Comisión, como consecuencia del envío fuera de término, de manera sistemática del informe financiero mensual y de los estados económicos de lo Obra Social; que deben ser remitidos cada tres meses”

Asimismo, se autoriza “a la dirección general del servicio administrativo contable de la gobernación y las áreas competentes, a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias, practicar las liquidaciones y abonar las sumas correspondientes conforme lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del presente acto”.

El texto del decreto fundamenta la intervención al indicar que durante un análisis de la situación del IOSPER, se desprenden la existencia de graves irregularidades en su funcionamiento”, supo este medio y además, se menciona que se detectaron “contrataciones realizadas a pesar de la oposición fundada por la Comisión”.

Además, el decreto sostiene que se advirtieron “un sinnúmero de erogaciones, que no han sido puestas en conocimiento de la Comisión y que, consecuentemente, no han sido debidamente dictaminadas. Advierten que no ha sido remitido el universo de contrataciones efectuadas mediante solicitud de cotización, compra directa y contratación de personal, realizados a través de contratos de obras y de servicio”, indica el texto.

Fernando Cañete, el ex presidente del directorio del Iosper

En los considerandos del decreto también se da a conocer que “respecto de los convenios prestacionales, solamente se ponen en conocimiento de la Comisión, los convenios marco, pero no las modificaciones elaboradas en actas suscriptas por las autoridades; lo cual implica un claro incumplimiento a lo dispuesto por ley, en la cual se prevé la intervención de la Comisión Fiscalizadora de forma previa a la suscripción de todos los convenios y contrataciones realizadas por la obra social”, expone el texto.

Información y control

Según manifestaron los miembros de la comisión, solamente, “poder efectuar parcialmente su actividad de control, en atención a la reticencia de las autoridades del Instituto, de brindar información que le es requerida, cuando no, la lisa y llana obstaculización del acceso a la misma”, remarca el decreto y sostiene que, para tal fin, las autoridades han “emitido una serie de circulares, a través de las cuales, se le ordena al personal, restringir el acceso a la información, a cualquier persona ajena a la institución, entre las cuales se comprende a la Comisión Fiscalizadora”.

La intervención del Iosper, es argumentada por “el entorpecimiento del control que ejerce la Comisión, como consecuencia del envío, fuera de término, de manera sistemática del informe financiero mensual y de los estados económicos de lo Obra Social; que deben ser remitidos cada tres meses”, advierte el decreto.

Al respecto, se ejemplificó que “el 15 de octubre del corriente, se recibió el informe financiero correspondiente al 31 de agosto de 2024, mientras que en lo que respecta al envío de los estados económicos, las autoridades tampoco han cumplimentado con dicho plazo, habiéndose remitido el 19 de agosto los estados al 30 de junio de 2024”.

Déficit

Por otra parte, el decreto admite que, del último informe financiero, se desprende que “la Obra Social posee un déficit que asciende a la suma de diecinueve mil ciento ocho millones ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($19.108.168.959,00)".

Dicho valor, "representaría aproximadamente, un 141% del ingreso promedio mensual, indicando la Comisión, que de continuar por esta vía, se estima que dicho montó irá in crescendo, pudiendo ubicarse, en aproximadamente, dos mil millones mensuales ($2.000.000.000)”, sostiene el decreto.

Por otra parte, el texto del decreto de intervención del Iosper, clarifica que los miembros de la Comisión Fiscalizadora, expresaron “si bien, las autoridades del Iosper, públicamente indican no tener prestaciones devengadas y no abonadas, se reciben diarios reclamos por retrasos en la entrega de prótesis de más de tres meses”, puntualizan.

Además, los miembros de la Comisión Fiscalizadora afirman que “las prestaciones por discapacidad, registran más de cuatro meses de demora para su reintegro, a los que ahora se suman los retrasos de los reintegros por pago de anestesistas. Explican, además, que son diarias las manifestaciones de los afiliados en la vereda del Instituto, haciéndose énfasis sobre el hecho de que hace poco más de dos meses se han cerrado el ingreso de los afiliados a la Casa Central del Instituto”.

Al respecto, se sostiene que “el monto de gastos pagados por procesos judiciales ha crecido significativamente durante el transcurso del corriente año y acumula un monto de $867.706.190, para el mes de septiembre, sin tener en cuenta en esa estimación, las causas que aún se mantienen pendientes de resolución. Señalan al respecto desde la Comisión en su informe, que este incremento, se debe fundamentalmente, a la demora significativa que se produce en el cumplimiento de las prestaciones requeridas por los afiliados”, indica el decreto.

Cuentas

En cuanto a la Rendición de Cuentas Anual Ejercicio 2020, “por Dictamen Fiscal del 02/10/2024, se solicitó al Tribunal, se ordenen medidas para iniciar el respectivo Juicio de Cuentas, ante las comisiones renditivas y que la Fiscal de Cuentas informó también, una serie de expedientes donde se investigan responsabilidades encuadradas en los arts. 48 y 49 de Ley Provincial N° 5.796”, admite el decreto.

En tal sentido, se indican “un total de nueve actuaciones donde se investigan distintas irregularidades detectadas en el ámbito del Instituto, dentro de las cuales se destaca el Expte. N° 454- 2018 AUDITORIA IOSPER 2016 ANALISIS PAGO MEDITAR, donde se investigan las presuntas responsabilidades del Presidente, miembros del Directorio y demás funcionarios del IOSPER, atento a los pagos efectuados a empresas que habrían generado un presunto perjuicio fiscal de $ 31.128.776.72, con más los intereses desde que cada pago se efectivizó en los años 2016. 2017 y 2018, y hasta la fecha del efectivo resarcimiento del perjuicio al Estado”, da a conocer el texto de la intervención.

Irregularidades graves administrativas, técnicas y contables

Según el decreto, “la información relevada, evidencia un incumplimiento sistemático de las autoridades del IOSPER de distintas disposiciones contenidas en la ley de creación del Instituto (Decreto-Ley N° 5326/73, ratificado por Ley Provincial N° 5480 y modificatorias), el incumplimiento de los deberes renditivos ante el TCER, eventuales perjuicios fiscales, como así también, distintas irregularidades graves en el orden administrativo, técnico y contable”, remarca el Gobernador en el texto.

Finamente, se argumenta que “ante el estado de situación descripto, resulta imprescindible disponer la intervención del IOSPER a los efectos de abordar de manera urgente la grave situación por la que atraviesa el Instituto, para normalizar su funcionamiento y garantizar la adecuada atención de la salud de los afiliados de la obra social provincial”, concluye el texto.