La presidenta del PRO acusó por sedición y traición a la Patria al Presidente de la Nación y a 18 gobernadores, entre ellos el entrerriano, para que la Justicia actúe en el caso que no se acate el fallo de la Corte Suprema.
L
a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el Presidente de la Nación y los 18 gobernadores que avalaron la postura de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por los fondos a Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos! Con @FerIglesias y Sabrina @Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria. https://t.co/VZeKr1vdVF
Junto con los diputados
nacionales Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, como cofirmantes, la exministra
de Seguridad de la Nación y actual titular del PRO, aspirante a la presidencia
en 2023, oficializará su denuncia este mismo lunes.
Al anticipar el documento en su
cuenta de Twitter, Bullrich advirtió que la decisión de Fernández de
desobedecer a la Corte es pasible de ser penada por el artículo 230 inciso 2
del Código Penal: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se
alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o
provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o
provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por
este código”.
La presentación de Bullrich junto a legisladores del PRO.
Para la exministra y los
cofirmantes de la acusación, el incumplimiento de la cautelar que dictó la
Corte implica “una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden
a la Ciudad, lo cual, además de un perjuicio financiero, es una vulneración de
la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de
igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”.
“La actuación del Estado Nacional
es una trasgresión a la Constitución Nacional, artículos 122, 123 y 129 (autonomía
de la Ciudad); artículo 75, inciso 2º, párrafo 5 (carácter bilateral de las
transferencias de competencias y recursos); y artículo 5° (garantía federal
sobre competencias naturales de la Ciudad Autónoma)”, continúa diciendo la
denuncia.
“Que las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de
manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, incitando y justificando su desobediencia, importa una grave
ruptura del orden institucional y la puesta en crisis del sistema que garantiza
la vida en paz en la sociedad”, sostiene en el escrito Bullrich y el resto de los firmantes, tras desmentir que el de la Corte sea “un fallo político”:
“Está claro entonces que el
documento emitido por el Poder Ejecutivo Nacional solamente indica el modo de
justificar y encubrir la decisión tomada de NO CUMPLIR CON LA SENTENCIA dictada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uso de su competencia
originaria y exclusiva”, expresaron.
Según Bullrich, “para que sea
posible vivir en paz en sociedad”, hay que someterse al “dulce yugo de la ley”
y “nuestra ley fundamental” -la Constitución Nacional- “establece un sistema
por el cual la resolución de conflictos, particulares o públicos, está en manos
del Poder Judicial”.
“Que las más altas autoridades nacionales y provinciales
se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia,
importa una grave ruptura del orden institucional y la puesta en crisis del
sistema que garantiza la vida en paz en la sociedad”, advirtió.
“Esos actos deben ser sancionados
con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la
inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su
imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y
la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”, consideró.
