La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el Presidente de la Nación y los 18 gobernadores que avalaron la postura de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por los fondos a Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos! Con @FerIglesias y Sabrina @Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria. https://t.co/VZeKr1vdVF
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 25, 2022
Junto con los diputados nacionales Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, como cofirmantes, la exministra de Seguridad de la Nación y actual titular del PRO, aspirante a la presidencia en 2023, oficializará su denuncia este mismo lunes.
Lo que dice el archivo
Al anticipar el documento en su cuenta de Twitter, Bullrich advirtió que la decisión de Fernández de desobedecer a la Corte es pasible de ser penada por el artículo 230 inciso 2 del Código Penal: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
La presentación de Bullrich junto a legisladores del PRO.
Para la exministra y los cofirmantes de la acusación, el incumplimiento de la cautelar que dictó la Corte implica “una disminución en los fondos coparticipados que le corresponden a la Ciudad, lo cual, además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”.
Lo que dice el archivo
“La actuación del Estado Nacional es una trasgresión a la Constitución Nacional, artículos 122, 123 y 129 (autonomía de la Ciudad); artículo 75, inciso 2º, párrafo 5 (carácter bilateral de las transferencias de competencias y recursos); y artículo 5° (garantía federal sobre competencias naturales de la Ciudad Autónoma)”, continúa diciendo la denuncia.
“Que las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia, importa una grave ruptura del orden institucional y la puesta en crisis del sistema que garantiza la vida en paz en la sociedad”, sostiene en el escrito Bullrich y el resto de los firmantes, tras desmentir que el de la Corte sea “un fallo político”:
“Está claro entonces que el documento emitido por el Poder Ejecutivo Nacional solamente indica el modo de justificar y encubrir la decisión tomada de NO CUMPLIR CON LA SENTENCIA dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uso de su competencia originaria y exclusiva”, expresaron.
Según Bullrich, “para que sea posible vivir en paz en sociedad”, hay que someterse al “dulce yugo de la ley” y “nuestra ley fundamental” -la Constitución Nacional- “establece un sistema por el cual la resolución de conflictos, particulares o públicos, está en manos del Poder Judicial”.
“Que las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia, importa una grave ruptura del orden institucional y la puesta en crisis del sistema que garantiza la vida en paz en la sociedad”, advirtió.
“Esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”, consideró.
