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ónica María Terraza, jueza laboral de Gualeguay, hizo lugar a una demanda por violencia en el ámbito laboral presentada por una empleada de la delegación del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) que fue trasladada de funciones y a quien se le habría quitado la titularidad del cargo de responsable en la obra social.

Además, la magistrada ordenó a los funcionarios de la entidad, entre ellos su presidente, Fernando Cañete, a realizar una capacitación en género, la cual deberá ser costeada con sus propios recursos.

La denunciante, A.M, inició su demanda el pasado 17 de diciembre de 2021, con representación de por abogados Maite Churruarín y Damián Ibarra, y la acusación por violencia laboral abarca a los varios funcionarios, entre ellos el presidente, Fernando Cañete.

El reclamo de la demandante señala: “El cese de los actos de violencia contra su persona, prohibición de acercamiento y de acuerdo al informe médico a expedirse por el equipo técnico interdisciplinario, en el caso de que se considere la posibilidad de reincorporarse a trabajar en los tiempos adecuados a su estado de salud, solicitando que se le asigne como lugar de trabajo la mini sede del Hospital San Antonio, donde en principio considera estaría resguardada su salud por cuanto las personas que han ejercido y ejercen violencia en su contra”.

Según consigna el Diario El Sol de Concordia, al comenzar la acción judicial, la trabajadora relató que es empleada de planta permanente de Iosper desde 2000 y que en 2015 fue designada jefa de la delegación Iosper en Gualeguay, luego de haberse jubilado quien ocupaba esa función.

La jueza laboral de Gualeguay,  Mónica María Terraza.

La situación cambió a mediados de 2017 cuando ingresó a trabajar a la delegación Gualeguay de Iosper una abogada, de nombre GCI, quien luego ocuparía su lugar en la jefatura.

Señaló que esa letrada, que según la denunciante cuenta con “respaldo político”, fue corriéndola de su función hasta quedarse con su lugar.

En su presentación judicial, la mujer sostuvo: “Poco a poco se le fue relegando tareas y buscando los medios para anularla”.

Todo siguió más o menos así hasta que el 11 de diciembre de 2019 cuando funcionarios de la casa central de Iosper viajaron hasta Gualeguay, mantuvieron una reunión a solas con ella y la notificaron de “su destitución en el cargo y la notificaron en el mismo acto de la designación de quien sería su reemplazante, la Dra. G. I.”.

“Calificó de atropelladora y moralmente violenta la forma y refirió que en la oportunidad tomó conocimiento que, arbitrariamente, aduciendo la ´necesidad de reubicación del personal del Instituto´ y que el presidente de Iosper había resuelto que se le retiraba el cargo de Jefa de Delegación, para asignárselo a una compañera, quien no tenía más de dos años y algunos meses de trabajo en la referida dependencia”, dice el escrito que firmó la jueza laboral de Gualeguay.

El Iosper, a través de su representante legal, Ezequiel Jerónimo Poncio, pidió la excusación de la magistrada para entender en la causa.

A través de una presentación efectuada el 1° de febrero de 2022, el Iosper pidió la nulidad de las medidas resueltas por la jueza y plantearon “la incompetencia por considerar que no estamos ante un caso de violencia de género sino de una cuestión propia del fuero laboral, entendiendo esencialmente que el caso ha sido erróneamente encuadrado en el marco de la Ley 26485 de Violencia contra la Mujer”.

Desde la obra social resaltaron: “No surge de la demanda que los hechos denunciados y las conductas que supuestamente se les endilgan tengan su fundamento en el género de la denunciante, sino que, según la denunciante lo expresa, se habría fundado en la intención de darle a la Dra. I. su puesto laboral para que así juntamente con la Sra. C. pudieran decidir libremente y según sus propios criterios sobre los destinos de la Delegación del Iopser de Gualeguay, cuestiones que considera propias del devenir laboral, pero alejadas del móvil propio de la violencia contra la mujer”.

Fernando Cañete, presidente del Iosper.

“En cuanto a la verdad de los hechos, luego de relacionar las invocaciones que habría hecho la actora en su escrito inicial, por su parte, refirieron que más allá de su estado mental que le impidió recurrir el contenido de tal resolución, lo ciertoes que la referida resolución fue dictada por autoridad competente, en el marco de las prerrogativas que la ley de creación de Iosper le reconoce, contando con una presunción de legitimidad”, afirmaron desde institución.

La jueza laboral defendió su competencia y reafirmó el encuadre del caso en el marco de la Ley de Violencia de Género.

Al respecto, señaló: “Corresponde desestimar la excepción de incompetencia interpuesta por los denunciados, y mantenerme en el entendimiento de esta causa por considerarme competente material y territorialmente para ello”.

Al defender el encuadre en el caso de violencia de género, sostuvo: “Es necesario actuar, en lugar de continuar siendo meros observadores temerosos de aplicar las herramientas que se vienen perfilando y cuyo objetivo es erradicar la violencia tal como se nos enseña en las capacitaciones. Estamos precisados a llevar a cabo los cambios necesarios para preservar los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos, sin quedarnos con la parte teórica de las capacitaciones recibidas”.

En ese marco, Terraza admitió la demanda contra Iosper por violencia en el ámbito laboral e institucional, y declaró: “Su existencia en las modalidades denunciadas y conforme los fundamentos expuestos en los considerandos precedente”.

Además, instó al Iosper a: "Que lleve a cabo los actos necesarios para reincorporar a la denunciante a su trabajo, garantizándole un ambiente saludable, libre de violencia y acoso, debiendo otorgarle tareas efectivas de la jerarquía y en la categoría de Delegada/Encargada que ocupaba antes del desplazamiento efectuado y dándole los recursos, espacios y herramientas tecnológicas para cumplirlas, en esta ciudad”.

Determinó que esa tarea no la realice en la delegación de Iosper Gualeguay sino en la mini agencia del Hospital San Antonio.

Y finalmente exigió a la obra social: “Rever retroactivamente los descuentos de adicionales ordenados sobre los haberes de la denunciante”.

Pero también dispuso que los funcionarios denuncias realicen, a su exclusivo cargo y costo, capacitación en materia de violencia en el ámbito laboral y prácticas discriminatorias fundadas en razón del género y otros motivos discriminatorios.