Un informe redactado por la Secretaria de Energía será debatido la próxima semana en audiencia pública , donde se definirán los criterios para la quita de subsidios al gas y la luz.
Se estudia una quita de subsidios para usuarios con mayores ingresos y una reducción parcial para un segmento medio.
E
l Gobierno Nacional precisó los criterios a utilizar con el
objetivo de poner en marcha la quita de subsidios a las tarifas de gas y luz
destinadas a usuarios residenciales de mayor capacidad de pago.
En este marco se concretarán las audiencias públicas, los
días 10, 11 y 12 de mayo, donde se debatirá la actualización de tarifas y la segmentación
de subsidios sobre el principio de gradualidad.
En estas jornadas se presentará un informe técnico que
elaboró la Secretaría de Energía, en el cual se identifican los criterios que
podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios.
Según consignó Infobae, en las primeras dos audiencias se
tratarán los precios del gas natural a nivel nacional y de la energía eléctrica
para el Área Metropolitana de Buenos Aires (donde operan Edenor y Edesur), en
tanto que en la tercera, como novedad, se presentarán esquemas de segmentación
de los incrementos tarifarios para los dos servicios.
La meta que persigue el Poder Ejecutivo es reducir en su
totalidad los subsidios de los usuarios con mayores ingresos y que haya un
segmento medio que recibirá una reducción parcial de la asistencia económica
estatal. Así mismo, continuarán los subsidios para los sectores de
menores ingresos y más vulnerables.
En el caso del gas, el ajuste promedio para la mayoría de
los usuarios del país se ubicará en 21,5% (con variaciones según las regiones).
Mientras que para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur
-excepto beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían un
aumento promedio de 17%.
A partir del cruce de la información de empresas
distribuidoras, entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural
de red residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTyS) sobre ingresos y patrimonio, se estima que
estarían afectados por un menor nivel de subsidios 921.778 clientes titulares
de energía eléctrica, y 760.600 de gas residencial.
Si se toman como referencia los suministros, en este
segmento se incluirían hasta 1.631.846 usuarios del servicio eléctrico, que
representan el 10,1% del universo relevado, y 1.178.248 suministros de gas
residencial, que representan el 12,9%, de acuerdo al informe de la Secretaría
de Energía. .
Para confeccionar el informe, la Secretaría de Energía
evaluó aspectos socioeconómicos individuales del suministro o del titular, como
el consumo de energía, nivel de ingresos y patrimonio; o a variables
geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y las características
de la urbanización.
En el segmento de menor nivel de subsidios se define por
alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de
polígonos de alta capacidad de pago identificados por el ENRE o estar en el
registro de urbanizaciones cerradas.
Con respecto a los criterios socioeconómicos, los titulares
del servicio con alto poder adquisitivo deberán afrontar la tarifa plena de los
servicios. Esto incluye a los usuarios con ingresos de más de $300.000
(equivalentes a 3,5 canastas básicas totales), que posean tres o más inmuebles,
tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietaria
embarcación o aeronaves.
Los usuarios que vivan en los barrios que integran el
Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o que por su vulnerabilidad
perciban beneficios sociales como la AUH, programa Potenciar o la jubilación
mínima accederán a la tarifa social.
También podría alcanzar a trabajadores monotributistas
inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos
veces el Salario Mínimo Vital y Móvil y los beneficiarios de pensiones no
contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces
el Salario Mínimo Vital y Móvil.
El estudio también contempla a los titulares de programas
sociales, los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, los
trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para
Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, de
Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y de certificado de
discapacidad.
En este segmento, los criterios de exclusión contemplados
son ser propietario de dos o más inmuebles, ser propietario de un vehículo de
hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de
discapacidad) y tener más de un suministro bajo su titularidad.
En cuanto al más difuso segmento intermedio, se entiende que
dado que el criterio espacial puede generar errores de inclusión, a la hora de
definir la pertenencia o no a un segmento determinado, debe primar el criterio
socioeconómico. Por lo tanto, todos los suministros que no tengan una
modificación en su segmento, se asignará el nivel de subsidios correspondiente
al segmento intermedio.
En este sentido, se mencionó que se ha logrado identificar y
asignar características al 59,4% de los suministros en el caso de energía
eléctrica y el 69% en el caso del gas para el total nacional, habiendo
jurisdicciones donde este valor se reduce en la medida que la información
suministrada no permite una identificación correcta de los titulares.
En la instancia de implementación, la autoridad de
aplicación deberá instar a los organismos competentes a la provisión y
adecuación de la titularidad de los suministros para alcanzar un mayor grado de
identificación, de forma tal de reducir las solicitudes de reconsideraciones.
