E

l juez Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, Hernán Viri, dispuso una audiencia pública para el 16 de junio para abordar la causa ambiental contra la pastera UPM (ex Botnia). Al encuentro que se celebrará en el Centro de Convenciones del predio de la antigua estación ferroviaria, se convocó a participar miembros de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), al gobernador Gustavo Bordet, al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, al Intendente Martín Piaggio, al embajador de Uruguay y al presidente de UPM (ex Botnia), entre otros.

En febrero de 2006 el entonces gobernador de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti (ya fallecido), se presentó ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay para denunciar a los empresarios dueños de las pasteras que comenzaban a construirse en la localidad de Fray Bentos (República Oriental del Uruguay) por tentativa de contaminación.

En 2006 se hablaba de “tentativa” porque la pastera no había sido inaugurada pero ante los hechos consumados señalan una reiterada contaminación a escala de ecocidio.

Los empresarios jamás declararon, las sucesivas autoridades de la CARU nunca brindaron una información en tiempo y forma ni tampoco la solicitada en el marco de la investigación judicial, nadie tuvo la suficiente voluntad para que la causa avanzara.

Lo cierto es que esa fue la única investigación judicial en los tribunales argentinos en materia ambiental vinculada a este conflicto, y que acumuló varias fojas y se mezcló entre otros expedientes, aguardando respuesta a las solicitudes enviadas tanto a la CARU como a la República Oriental del Uruguay.

Días previos a una nueva convocatoria de la Asamblea Ciudadana Ambiental al Puente Internacional "General San Martín” para un nuevo “Abrazo al Río Uruguay”, el juez federal Hernán Viri convocó a una audiencia pública informativa, para el 16 de junio a las 11, en el Centro de Convenciones ubicado en el Parque de la Estación, informó el portal R2820Radio.

Para dicha audiencia se convocó además de las autoridades de la CARU, de la provincia y de la empresa, a representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú y al comisario (Químico) Alberto Raúl Candia del Departamento Unidad Federal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Policía Federal Argentina, quien ha sido el encargado de realizar las pericias encomendadas por el juez Viri.

Falta de colaboración

“Tengo intención de mantener una reunión con el canciller, ya que la realidad es que la CARU no responde, Uruguay tampoco", había dicho Viri sobre el estado de la causa en declaraciones radiales, y sostuvo que "lo que tiene aletargada la causa es lo que necesito que me respondan desde Uruguay y desde la CARU, sigo reclamando a través de la Cancillería que me den respuesta”.

El juez federal Hernán Viri.

El 25 de febrero de 2022, el intendente Piaggio se reunió con funcionarios de la CARU para analizar la situación del río Uruguay. A menos de diez cuadras, el Juzgado Federal aguardaba información específica del organismo binacional para avanzar en la investigación que lleva más de 15 años esperando una resolución.

La información que circuló en torno a aquella reunión -luego que se cancelara la conferencia de prensa prevista para los medios locales- fue una gacetilla que reafirmó “el compromiso ambiental de la gestión”, divulgó algunas de las preguntas que se le hicieron a la CARU sin mencionar la causa judicial y un subsidio para que la Asamblea Ciudadana reconstruyera el refugio de Arroyo Verde luego del último incendio, consignó R2820Radio.

 Las medidas de Viri

“El pedido tiene que ver con el resultado de declaraciones que ordené que se tomen en Uruguay, informes técnicos en cuanto a Botnia, ver si se está cumpliendo con el fallo de la Corte de la Haya, mediciones, etcétera”, enumeró Viri.

El juez federal reconoció que “la causa tiene alrededor de 15 años. Como miembro del Poder Judicial considero una vergüenza que una causa lleve tanto tiempo abierta sin una definición. No se puede continuar con esta incertidumbre”.

La cancillería argentina señala que se violan como mínimo los siguientes parámetros:

1) La temperatura de los efluentes.

2) Presencia de fenoles en el efluente.

3) Presencia de fósforo en el efluente.

4) Presencia de níquel y cromo en el efluente.

5) Presencia de endosulfán (que está prohibido su uso en el Uruguay) en el efluente y en los pluviales.

6) Además de exceso de sólidos disueltos en el efluente.

“Hasta ahora las pericias de tierra y agua del lado argentino no arrojaron una contaminación directa por parte de Botnia”, resaltó Viri, a la vez que explicó que las Fuerzas de Seguridad encargadas de realizar las pericias fueron “Prefectura y Policía Federal, divisiones con mayor especialidad y tecnología para este tema. Pero no se puede avanzar más allá del punto que establece el límite de mi jurisdicción en el río”.

En aquella oportunidad aún faltaban los resultados de las pericias correspondientes al aire.