E
l gobernador Gustavo Bordet presentó el proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción de la provincia, el cual trae a la memoria la ya disuelta Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que funcionó entre el 2000 y el 2003.
En este marco, el gobernador informó que envío del proyecto en un encuentro que mantuvo con la vicegobernadora Laura Stratta, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
Al respecto señaló: “De esta manera hoy cumplo con el compromiso ante la Asamblea Legislativa”.
Bordet se reunió con la vicegobernadra Stratta y la ministra Romero antes de realizar el anuncio.
El nuevo instituto funcionará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y tendrá a su cargo la investigación y acusación de los delitos contra la administración pública provincial cometidos en la provincia o fuera de ella.
Desde el gobierno provincial informaron además que también promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de los tres órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado provincial, municipal y comunal.
"Este proyecto viene a concretar uno de los institutos establecidos en la reforma de la Constitución Provincial de 2008”, señaló el madatario provincial, al tiempo que se destacó que, por primera vez en la historia de la provincia en 2020, se designaron las autoridades del Tribunal de Cuentas a través del concurso público.
“Cuando se habla de actos de gobierno y actos administrativos, tiene que primar la transparencia. El fortalecimiento de las instituciones democráticas es clave para consolidar la confianza de la sociedad en la política”, remarcó Bordet.
Y agregó: “La transparencia y control de los actos de gobierno en todos los poderes y ámbitos de la provincia es indispensable para mejorar el Estado y sus acciones”.
"Este proyecto concreta uno de los institutos establecidos en la reforma de la Constitución Provincial de 2008”,, dijo Bordet.
El nuevo organismo contará con un cargo de fiscal anticorrupción, con jerarquía de procurador adjunto; dos cargos de fiscales anticorrupción adjuntos, uno con asiento en la ciudad de Paraná y otro con asiento en la ciudad de Concordia; un profesional de la abogacía con trayectoria acreditada en procesos administrativos, que tendrá jerarquía de fiscal auxiliar ministerio público; dos cargos de Contadores Públicos Nacionales o Licenciados en Ciencias Económicas, que formarán parte del equipo pericial; un experto en Informática, que deberá acreditar Licenciatura o Ingeniería en Informática, con idoneidad para la investigación de datos obrantes en sistemas digitales; dos cargos de Oficial Mayor, y dos cargos de Oficial Auxiliar.
El Fiscal Anticorrupción y los Fiscales Adjuntos deberán cumplir los requisitos establecidos por el artículo 188 de la Constitución Provincial.
Serán designados con intervención del Consejo de la Magistratura y deberá otorgarse mayor puntaje a quienes acrediten antecedentes vinculados a la prestación de servicios en la administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
Además, los fiscales serán inamovibles en sus cargos y competencias dentro de la Fiscalía Anticorrupción mientras dure su buena conducta, y solo podrán ser removidos por los procedimientos establecidos por la Constitución Provincial y la Ley de Jurado de Enjuiciamiento.
Los cargos de peritos enunciados en el proyecto serán designados por Decreto del Poder Ejecutivo, previo concurso público, con intervención y apoyatura del Consejo de la Magistratura, con participación de los Colegios profesionales, según las competencias requeridas, conforme el procedimiento que dicte el Decreto reglamentario.
Un proyecto que recuerda a la FIA
Lo anunciado por Bordet parece ser una nueva versión de lo ocurrido en la provincia hace más de 20 años, cando el por entonces gobernador Sergio Montiel, creó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, creada en la gobernación de Sergio Montiel, y encabezada por el fallecido Oscar Rovira.
Durante ese periodo, el organismo encabezado por Rovira, presentó más de 200 hechos de presunta corrupción durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, a nivel nacional, y de Jorge Pedro Busti en la provincia. No obstante, muchas de esas denuncias no llegaron siquiera al juicio oral, en parte por la lentitud de muchos jueces, y así fueron prescribiendo.
En 2001 denunció al ex senador provincial del PJ Félix Pacayut por el destino que tuvieron en 1997 casi veinte millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron destinarse a la construcción de un puerto de aguas profundas en el Departamento Islas.
Pero también la FIA arremetió contra emblemáticos dirigentes del radicalismo, ya que, en 2003, denunció al entonces gobernador Sergio Montiel, quien lo puso en el cargo, por posible “peculado y asociación ilícita” debido a la contratación de máquinas tragamonedas para los casinos provinciales.
Sin embargo, así como la Justicia era lenta para avanzar en casos de corrupción, fue muy dinámica para, en su momento, condenar a Rovira.
En marzo de 2013, el juez Civil y Comercial Nº 5, Roberto Croux, lo condenó a abonar la suma de 30 mil pesos con más los intereses desde 2001 a esa fecha.
La demanda contra Rovira había sido impulsada por el fallecido tres veces gobernador Jorge Busti, a raíz de una denuncia del ex fiscal por supuesto mal manejo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Además, Rovira corrió con las costas de los abogados, entre otros, de la ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, que acompañó a Busti en esa querella.Según lo pidió el propio Busti, la suma que terminó abonando Rovira fue donada a la Fundación Ayuda al Enfermo Hematooncológico de Entre Ríos (Faeher).
Otro de los apuntados por Rovira y la FIA fue Héctor Alanis, vicegobernador de la provincia durante el segundo mandato de Busti, y dos de sus colaboradores cercanos.
Finalmente, en 2007, el juez de Instrucción Gustavo Maldonado resolvió reservar las actuaciones por la presunta sustracción de fondos públicos y declarar prescripta la acción penal respecto de la acusación, hecha en el año 2000, de una supuesta malversación culposa contra Alanís, por presuntos ilícitos cometidos en 1999.
Posteriormente, la denuncia de Rovira fue ampliada también a supuestas irregularidades similares ocurridas durante 1998.
En ambos casos, el monto de los gastos que se denunciaban sin justificar se aproximaba a los 11 millones de pesos e incluía además al entonces director de Administración de la Cámara de Senadores, Maximiliano Crettón Pereyra, y al director de Administración del Programa 18 de esa Cámara, Maximiliano Alanís.
