E

n uno de los casos policiales más resonantes de las últimas semanas en Paraná, hay testigos de identidad reservada que apuntalan las principales hipótesis de la Fiscalía. Se trata de la causa por el homicidio de Gonzalo Calleja, en el que dos personas aportaron información que permitió dirigir la acusación contra los cuatro imputados.

Esta forma de obtener pruebas para una causa no está exenta de polémica desde que fue implementada, tanto en la provincia como en el fuero federal. El objetivo es que el fiscal proteja a testigos cuyas vidas correrían peligro si se sabe quiénes son. Pero los defensores piden poder confrontarlos y analizarlos como a toda prueba.

En el caso del joven contador que según la Fiscalía fue secuestrado y asesinado por asfixia, los investigadores hallaron a un hombre que aportó datos que incriminaron al mismo grupo delictivo del barrio 1° de julio que ya estaba bajo sospecha. Luego, otra persona refirió haber observado una situación que iría en la misma línea contra esas personas. Ambos lo hicieron bajo la figura de testigos de identidad reservada.

El primero de los testigos aseguró que fue a comprar droga en la noche del miércoles 14 de julio y vio a los implicados en situación extraña como nerviosos, y luego regresó a las 5 de la madrugada, cuando notó movimientos sospechosos, siempre apuntando a la casa del joven Iván Garay. Refirió, además, haber escuchado que esas personas comentaban que “se la habían mandado” y que “se iba a podrir”. En tanto, una mujer dijo que escuchó a Ezequiel Morato cuando hablaba con Garay, en referencia al auto de Calleja que había quedado estacionado en calle Suipacha, acerca de no tocarlo; también, habrían dicho que “iban a matar a alguien”. También se describió que sacaban a una persona “encapuchada” de la casa de Garay y la subían a un auto VW Gol Trend.

El Código Procesal Penal de Entre Ríos contempla en el artículo 259 la “Protección de los sujetos de prueba”, donde dispone: “Es responsabilidad del Fiscal la protección de los testigos, peritos, intérpretes y demás sujetos de prueba que deban declarar en la causa. A tal fin, está facultado para proteger la identidad del testigo y solicitar las órdenes inhibitorias o las resoluciones ordenatorias que fueren menester”. Y agrega: “Podrá solicitar la reserva de la identidad y demás datos de los Sujetos de Prueba, a lo que sólo podrán acceder las demás partes con autorización del Juez de Garantías por resolución fundada”.

También en el capítulo acerca de los derechos de la víctima, entre estos figura “la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan a su favor, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se tratase de una investigación referida a actos de delincuencia organizada”.

La Fiscalía provincial está utilizando cada vez más esta posibilidad ante hechos donde aparecen bandas violentas. Al respecto, el abogado penalista Guillermo Vartorelli, opinó: “Para mí es muy dudosa la constitucionalidad de la figura del testigo reservado. Es un instrumento que hay que tener mucho cuidado porque puede dar lugar a que personas que puedan llegar a haber tenido una participación en el hecho utilicen la delación hacia terceros con tal de eludir su responsabilidad. Me generan muchas dudas esos testimonios, que tengan la aptitud para declarar. Y a la vez la defensa, al no saber de quién se trata, es muy difícil rebatirlo, demostrar que esa persona estuvo o no en el lugar, o saber si tiene enemistad con alguno de los imputados, o amistad con quien realmente llevó a cabo el hecho. Es muy difícil confrontarlo”.

Respecto a la obligación de la Fiscalía o la Justicia de blanquear de quién se trata ese testigo, es algo que no está asegurado. De hecho, en el ámbito federal se contempla que nunca se sepa su identidad. Sucedió en la causa de Daniel Celis y Sergio Varisco, donde hubo un hombre que relató circunstancias incriminantes para los causados y nunca se supo quién es. “Es un problema, porque no tiene esa posibilidad la defensa, de decir ‘tenemos un testigo que no vamos a decir el nombre. El Estado sí la tiene”, dijo Vartorelli.

En el ámbito federal, donde se pretende desbaratar al crimen organizado, una Ley de 2016 estableció herramientas y facultades para una investigación, como contar con un informante, donde se resguarda la identidad de una persona. Se trata de cuestiones reglamentadas que, de entrada, deben contar con la debida autorización de un juez.

Surge la contradicción entre el derecho del testigo a ser protegido, con el de los imputados de conocer las pruebas en su contra. Al respecto, el abogado de Paraná señaló lo que sería, en su opinión, una forma de resolver el conflicto: “Es uno de los grandes problemas del derecho, cómo conciliar las dos cuestiones. Creo que tiene que ser preservado su nombre, pero no para los defensores, porque tienen que saber de quiénes se trata para poder rebatirlos, escucharlos, y sí que no se sepa su identidad a través de la prensa, con las sanciones pertinentes. Es evidente que es un problema que debe ser resuelto y utilizado con mucha mesura”.

Explicó que puede ocurrir que una persona que forma parte de una banda que mata a alguien, se presente en la Policía a decir que fueron fulano o mengano. “Claro que tiene que haber otras pruebas que lo sustenten. En principio es una figura muy cuestionable”.

Por ejemplo, en el caso Calleja, el testigo reservado dijo que vio a seis personas. Dos de ellas fueron desvinculadas al demostrar que estaban en otro lugar al momento de los hechos descriptos. Esto podría dar lugar a que los defensores cuestionen su veracidad porque dijo que vio a quienes no estaban en ese lugar, pero no pueden interrogarlo para que aclare sus dudas y ver si se contradice o si se pone nervioso, como suelen hacer las partes con testigos comunes.

“Al mismo tiempo soy consciente de que hay que proteger a los testigos. Si me ubico como querellante, he visto que encontrar un testigo es muy difícil en casos de semejante violencia. Creo que haciéndolo reservado pero no para las partes ya es un avance. Puede dar lugar a muchos abusos, pero si se hace un estudio serio y se lo reglamenta como corresponde, la figura puede implementarse.”, concluyó Vartorelli.

Fuente: Uno Entre Ríos