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onzalo Calleja fue torturado durante 13 horas antes de ser asesinado. Así lo determinó en su acusación el fiscal a cargo de la causa, Santiago Alfieri, en la audiencia de imputación, donde se dictó 45 días de prisión preventiva a los cuatro imputados. Del hecho participaron los cuatro hombres detenidos “y otras personas que no fueron individualizadas aún”, acusó Alfieri.
Los homicidas le robaron “15 mil dólares, su reloj inteligente, teléfono celular y billetera”, señaló el fiscal. En el auto del contador se hallaron más de 9 mil dólares.
El contador Gonzalo Calleja, hallado asesinado la semana pasada en un campo de la ciudad entrerriana de Paraná, fue privado de la libertad y sometido a apremios durante más de 13 horas antes de ser asfixiado en el departamento de uno de los cuatro acusados, para quienes este viernes la Justicia dispuso 45 días de prisión preventiva.
Según la acusación realizada por el fiscal de Paraná a cargo de la causa, Santiago Alfieri, en la audiencia de imputación que culminó esta madrugada, en el hecho participaron los cuatro hombres detenidos “y otras personas que no fueron individualizadas aún” y que los homicidas le robaron “15 mil dólares, su reloj inteligente, teléfono celular y billetera”, entre otros objetos.
Por este motivo, el fiscal solicitó en la audiencia que los detenidos Ezequiel David Morato, Alberto Enrique Osuna, Iván Elías Garay y Ramiro Gabriel Colman permanezcan con prisión preventiva por 90 días, acusados del delito de “homicidio agravado, en concurso real con privación ilegitima de la libertad agravado”.
Sin embargo, el juez de Garantías de Paraná Ricardo Bonazzola hizo lugar parcialmente al pedido del fiscal, ya que dispuso la prisión preventiva de los imputados pero por 45 días y en sus domicilios.
Familiares y allegados a Calleja se manifestaron frente a Tribunales.
Ante el temor de que pudieran obstaculizar a la Justicia, ordenó que ese arresto domiciliario sea con el monitoreo electrónico a través de pulseras y que, hasta tanto se consigan estos dispositivos, permanezcan alojados en la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana.
Si bien el juez consideró que no existe peligro de fuga, sí dijo que “está comprobada la existencia del riesgo de entorpecimiento”.
“Hay testigos que pueden surgir y aportar elementos de importancia” y hay que “proteger a esos testigos para que en un eventual juicio oral y público puedan brindar (información de) lo sucedido despojados de intimidaciones y con la mayor libertad”, agregó.
“No alcanza la existencia de antecedentes penales” para advertir “peligro de fuga, pero sí observo y entiendo como comprobado la existencia de riesgo de entorpecimiento” de la investigación, expresó el magistrado en su resolución de esta madrugada.
La audiencia de garantías había sido suspendida el miércoles último, ya que uno de los acusados no tenía el alta tras haber contraído coronavirus, y ayer se reanudó minutos antes de las 20, por lo que se extendió hasta esta madrugada, cerca de la 1, en el Salón de Actos de los Tribunales de Paraná.
Los hechos
Según la acusación del fiscal Alfieri, Calleja dejó de comunicarse con su familia en la tarde del pasado miércoles 14 de julio, cuando fue capturado por las personas que finalmente lo mataron.
Según determinó en el expediente el fiscal, cerca de las 16 de ese día, los cuatro acusados “y otras personas no individualizadas, actuando en conjunto, lo sometieron” y lo “privaron de su libertad para sustraerle 15.000 dólares, su reloj inteligente, celular, billetera y mochila, hasta las 5:20 horas en el interior del departamento de Garay”.
El cuerpo de Calleja fue hallado en un descampado en la intersección de calles Baez y Montiel.
Luego, agregó, le “dieron muerte por asfixia, y abandonaron el cuerpo en una zona de descampado”.
El cuerpo fue hallado un día después debajo de un árbol en un campo de trigo en calles Báez y Montiel, a unos 8 kilómetros de donde estaba su auto Ford Fiesta, en cuya guantera se hallaron más de 9.500 dólares.
Los cuatro detenidos enfrentan una acusación por homicidio agravado, en concurso real con privación ilegitima de la libertad agravado. Prevé una pena máxima en un juicio de 25 años de prisión.
El fiscal dijo que aún falta incorporar a la causa declaraciones testimoniales y otras pruebas de la escena y de laboratorio. Tras conocerse la resolución del juez Bonazzola, el abogado defensor de Osuna, Andrés Amarilla dijo que intentará comprar “hoy mismo” una tobillera para su asistido “ante la incertidumbre y caos total frente a no tener la certeza de cuándo se podría tener la tobillera oficial”, lo que fue rechazado por sus pares.
