E

l transporte interurbano de todo el país está en alerta, al conocerse la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de la Resolución Nº 29 del Ministerio de Transporte de la Nación, que dispone un nuevo esquema de subsidios para el sector: la medida que reglamenta el Fondo Compensador impone una redistribución y asignación de fondos que solo incluyen a los servicios urbano o de corta distancia –hasta 60 kilómetros–, y excluye a los recorridos superiores a ese kilometraje.

De acuerdo con la normativa a la que accedió UNO, a Entre Ríos le corresponderían 704 millones de pesos: 105,6 millones de pesos en enero, 52,8 millones en febrero, y una cifra similar en marzo y meses subsiguientes. Estos recursos, junto con los que aporta el gobierno provincial, servirían para sostener el transporte público, en esas dos modalidades: los urbanos y de corta distancia, como los comprendidos desde la terminal de Paraná, y distintas localidades de Paraná Campaña o Diamante. El resto resultaron discriminados y excluidos, sin fondos, por lo que más de 20 empresas provinciales y centenares de puestos de trabajo están en riesgo, ante el actual bajo movimiento de la actividad del transporte interurbano provincial y nacional, que está en un 25% del nivel prepandemia.

“La instrumentación de la medida, tal cual está planteada, pone en situación de colapso a todo el sistema de transporte provincial en beneficio directo hacia el transporte urbano, casi en forma exclusiva. Y digo en forma exclusiva pues condiciona al sistema SUBE, donde el único lugar que se encuentra habilitado su uso es en la ciudad de Paraná. Es indudable que este traje a medida, perjudica al transporte provincial todo haciendo inviable su prestación”, plantea la nota presentada este lunes por la Asociación Entrerriana del Transporte Automotor (AETA) ante la Secretaría de Transporte de la provincia.

“Esto condena a la desaparición a las empresas, y dejará a pueblos y ciudades sin vinculación por falta de servicios”, explicó a UNO el empresario del sector e histórico dirigente Fernando Barzán.

Recordó que el sector tuvo vedada su actividad por la pandemia del Covid-19 hasta el mes de diciembre. En la actualidad opera con un nivel de actividad del orden del 25% respecto al movimiento anterior a marzo del 2020, y con un 20% de frecuencias. Sin recursos propios, y con la quita de Nación de los subsidios para asignar a los colectivos urbanos, la medida pone en virtual situación de quiebra a las empresas, actualmente en crisis por la baja actividad y altos costos.

Barzán indicó que la resolución nacional que favorece a los servicios urbanos no fundamenta los motivos de la quita a los interurbanos. Solo especifica que el sistema de compensaciones se retrotrae al esquema vigente en 2010; al respecto recordó que el transporte interurbano fue incluido en los subsidios nacionales a partir de 2012, ante la necesidad de frenar las subas de tarifas.

Precisamente, frente a este nuevo esquema, los boletos de colectivos interurbanos deberían ajustarse más del 50%, para permitir que se realicen recorridos. “Resulta imposible, no solo porque será inalcanzable e inconveniente para los usuarios, sino porque tampoco alcanza a las empresas que realizan los servicios con esquema de emergencia, que incluso tienen capacidades restringidas al 80% para transportar, “y no llegan al 50% la ocupación en cada servicio”, apuntó.

Además de la nota presentada por AETA, algunos empresarios del sector mantuvieron un encuentro con funcionarios de la cartera de Transporte de la Provincia. “Ante esta determinación del gobierno nacional, dependerá de la decisión política de cada provincia cómo seguirá el transporte”, apuntó Barzán.

No hubo respuesta oficial aún ante esta situación.

“Este cambio intempestivo tiene el agravante de implementarse a cuatro días de tener que hacer frente a las obligaciones salariales de la totalidad de la nómina de las empresas en un contexto, que estamos funcionando en modo emergencia, no logrando cubrir los costos en actividad. Desde ya ponemos a vuestro conocimiento que la obligación se trasformara de cumplimiento imposible con las lógicas consecuencias que ello implica”, advirtieron en la nota al secretario de Transporte, Néstor Landra.

Actualmente, tanto los servicios urbanos como interurbanos reciben fondos de Nación, a los que se suman un 50% más que aporta el gobierno provincial.

Sobre ese monto provincial también residen dudas sobre su continuidad, al no conocerse los anexos reglamentarios de la Resolución 29 de Transporte de la Nación.

La norma promulgada, en su artículo 1, determina: “Reglaméntase el Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país creado por el artículo 125 de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2019, el cual ha sido prorrogado por el artículo 72 de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, a fin de asistir a las Provincias y por su intermedio a las empresas prestadoras de servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano de carácter provincial y municipal de cada jurisdicción, con un monto de afectación de hasta 20.000 millones de pesos”.