Dos empleados contratados por el diputado provincial radical denunciaron en televisión que les retenía el 70% de sus haberes. Afirman que desviaba ese dinero para sus movimientos políticos como su candidatura a gobernador. 

El constructor entrerriano envuelto en la causa de los cuadernos fue señalado en la Justicia como uno de los aportantes ilegales a la campaña electoral de medio término del segundo gobierno de CFK. Habría puesto U$S 1,3 millones.

El fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente por incumplimiento de deberes de funcionario público, por haber suscripto una operación de crédito público con el organismo sin la autorización del Congreso. También imputó a Dujovne y Caputo.

Un abogado denunció al funcionario y a cerealeras por el supuesto delito de administración fraudulenta por haber dejado abierto el registro de ventas de granos al extranjero antes de que se anuncien las retenciones.