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a Justicia emplazó a Juan Pablo Aguilera y a su esposa, Luciana Belén Almada, a que designen abogado defensor para que entienda en el juicio en su contra en la conocida causa “de la vaca”, en la que se investigó el supuesto direccionamiento de publicidad callejera entre 2010 y 2015, en la última parte del gobierno de su cuñado, Sergio Urribarri.

El juicio estaba programado iniciar el 29 de julio, pero fue suspendido el 25 por un pedido formulado por dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que por problemas de salud no podían participar de las audiencias

Ahora, en una resolución fechada el 2 de agosto, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola, analizó la situación planteada por uno de ellos, Rodríguez Allende, que defiende a Aguilera y Almada.

El profesional médico que justificó la imposibilidad del letrado para estar en el juicio fue el psiquiatra Luis Pirro quien, en una audiencia celebrada el 10 de julio, sostuvo que Rodríguez Allende no estaba apto para ejercer su rol plenamente por el término de 45 días.

En base a esa exposición, consignó Entre Ríos Ahora, el Tribunal consideró que “debido al cuadro de salud que presenta, no solo no se encuentra en la actualidad en condiciones de ejercer en forma plena su rol, sino que tampoco existe un pronóstico cierto de cese -provisorio, menos aún definitivo- de tal situación. Lo dicho, pues si bien el certificado médico agregado prescribe un período de ‘reposo’ por 45 días, el psiquiatra en forma verbal se explayó sobre el cuadro de su paciente -a cuyas precisiones nos remitimos- refiriendo lapsos de tiempo mayores, dando cuenta de un tratamiento -con lapsos de mejoría y otros de retroceso- que ya lleva algunos años y que no puede estimarse por cuánto tiempo se podrá prolongar”.

“Lo dicho implica –agregaron- , por un lado, que no se puede establecer una nueva fecha de realización del plenario en estas condiciones y, por el otro, que los incursos Aguilera y Almada se encuentran en una clara situación de indefensión, que debe ser subsanada de inmediato”.

En función de esa situación, los magistrados emplazaron a la pareja a designar un abogado co-defensor de su confianza en el término de diez días. El nombramiento, explicaron, no implica el apartamiento de Rodríguez Allende que es “quien podrá ejercer su ministerio en forma conjunta o indistinta cuando sus posibilidades materiales derivadas de su estado de salud lo permitan”.

A su vez, aclararon que si la pareja no designa ningún otro letrado, se les nombrará un Defensor Oficial quien se desempeñará como defensor sustituto en los términos del artículo 133 del Código Procesal Penal.

Al finalizar, dejaron en claro que una vez que el juicio tenga nueva fecha, cuestión que esta a cargo de la OGA, éste no se aplazará nuevamente. “Se hace saber a todas las partes que el debate cuya fecha de realización será fijada oportunamente según el calendario que lleva a tales efectos la O.G.A. no se suspenderá nuevamente por motivos de la misma naturaleza, para lo cual el Tribunal adoptará eventualmente, las medidas pertinentes para asegurar su efectiva realización”.