Con su reclamopor la herencia familiar, Dolores Etchevehere “desafió el orden y lasrelaciones de poder” patriarcales de las que se beneficiaron sus hermanos Miguel,Juan Diego y Sebastián en el conflicto por laherencia familiar. Así lo definió la titular de la Unidad Fiscal Especializadade Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta,en un dictamen donde solicita que la denuncia de Dolores Etchevehere seaanalizada con perspectiva de género. Además, acredita que los hechos denunciadospor ella se habrían producido en un contexto de “victimización” y “vulnerabilidad”al interior de los vínculos familiares.
La intervenciónde la UFEM había sido pedido por el fiscal federal Federico Delgado,que lleva adelante la investigación por presunta “violencia económica”y “extorsión” en la que están acusados el ex ministro deAgroindustria y sus hermanos.
La solicitud erarelevante para el derrotero de la causa, ya que es la primera vez que ladisputa familiar es analizada desde la perspectiva de género. En el equipojurídico de Dolores Etchevehere que encabeza Juan Grabois, evalúan que la faltade avances en un litigio que ya lleva 11 años se debe a que la Justicia deEntre Ríos reproduce “prácticas patriarcales” y -en la palabras del dirigentede la CTEP- un “pacto de poder de los patrones de estancia”.
A través de unescrito de 18 páginas y fecha del 24 de noviembre, la fiscal MarielaLabozzetta elaboró un informe preliminar donde repasa y da por válidoslos hechos denunciados por la hermana menor de los Etchevehere, a quien le tomódeclaración vía Zoom. Entre ellos, se menciona el acuerdo sucesorio al quehabrían llegado Dolores Etchevehere, sus hermanos y su madre LeonorBarbero Marcial, y que al final -por decisión de Dolores- no habría sidohomologado en sede judicial por tener características “leoninas y arbitrarias”.
Desde su mirada,la fiscal admite que si bien las pruebas sobre las supuestas “maniobras” y“coacción” que sufrió Dolores Etchevehere de parte de su familia durante lasucesión están “en estado incipiente”, propone llevar a cabo lainvestigación “con la debida mirada de género” que debe aplicarse en este tipode casos, donde se “manifiestan expresiones de violencia por razones de génerode una persona víctima de delitos”. El objetivo es determinar si la intenciónfue “despojarla de su patrimonio como heredera”.
En ese marco,Labozzetta hizo hincapié en la “la situación de especial vulnerabilidad en laque habría sido colocada la denunciante en su seno familiar”, como parte de una“desigualdad general que estructura las relaciones de poder entre varones ymujeres”. Taxativamente, define esa situación como desprendimiento del “patriarcado”,algo que “funcionó de manera específica en la familia Etchevehere”, si seentiende a este como un tipo de organización donde “la autoridad la ejerce elvarón jefe de familia, dueño del patrimonio” y en la que el “dominio masculino”se ejerce cuando “los varones también pactan su poder como hermanos”.
Según la fiscal,en base al testimonio de Dolores Etchevehere, el funcionamiento de su familiaestaba basado en este tipo de creencias y estereotipos que se transmitieron degeneración en generación y están fundados en un “orden desigual entre losgéneros”, donde la “violencia psicológica y económica operan como estrategiasde disciplinamiento”.
“Situar laviolencia en razón del género en este contexto más específico permitecomprender la reacción frente la decisión de Dolores de no acatar el rol depasividad y obediencia tradicionalmente asignado a las mujeres”, señala lafiscal en el dictamen, donde valora positivamente que la denunciante haya hechovisible su acusación hacia los miembros de la familia. “Dolores Etchevehere(…) se alejó del rol socialmente asignado en el seno de su familia, quecontaba con su pasividad en los asuntos económicos y políticos. Suposicionamiento frente a los negocios familiares y frente al reclamo de lo queconsideraba justo le valió el rechazo y la hostilidad familiar”.
Y prosigue: “Dolores,al decidir posicionarse como sujeto político, ha desafiado el orden y lasrelaciones de poder en las cuales se sustentaban los vínculosfamiliares. Frente a las mujeres que no obedecen y se rebelan, elpatriarcado opera también justificando las respuestas violentas que puedenaparecer para restablecer las jerarquías prestablecidas y los roles que seperciben como alterados”.
En esa línea,Labozzetta plantea que el relato de Dolores Etchevehere evidencia la“victimización a la que ha sido sometida por parte de su familia durante todosestos años” desde el fallecimiento de su padre, y que las asimetrías con losagresores trastocaron en crónicas y en “indicadores de su vulnerabilidad”.Enumeró entre esos factores la imposibilidad de acceder a sus bienes, laausencia de ingresos económicos, la falta de información con relación a suherencia, entre otros.
Con ese respaldooficial, Dolores Etchevehere presentó hoy a través de sus abogados una medidacautelar en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Entre Ríos, a cargo de MartinFurman. Allí solicita a la Justicia igualdad de condiciones con respecto a sushermanos varones: uso y goce de un inmueble de la sucesión en la ciudadde Paraná, y un ingreso en su calidad de socia-heredera.
Con esa acción,se relanza la disputa por el patrimonio familiar y la propiedad de la estancia“Casa Nueva”, en la entrerriana Santa Elena, donde a fines de octubrese desalojó la huertaagroecológica del Proyecto Artigas impulsada por Juan Grabois. Aunque quedó firme la sentencia dedesalojo por usurpación, los militantes del Proyecto Artigas reactivaron ladisputa con Etchevehere con una nueva estrategia, a partir de la campañavirtual #EtchevehereDevolvéLaEscuela. La iniciativa buscajuntar firmas para que el gobierno de Entre Ríos restituya las tierras quepertenecían a la Escuela Agrotécnica N° 151 de Santa Elena y cuyo predio de 70hectáreas se habría apropiado “a precio vil” la familia del ex ministro deAgroindustria.
En la nuevapresentación judicial, Dolores Etchevehere insistió que sus hermanos varonesviven en inmuebles de la sucesión, cobran dinero de las empresas en litigio yadministraron de manera fraudulenta y habrían cometido ilícitos las sociedadesdel acervo hereditario, como la denuncia por “vaciamiento” y estafas de SociedadAnónima Entre Ríos (SAER), la firma responsable de El Diario de Paraná.
Mientras sushermanos varones gozan de ese patrimonio, Dolores Etchevehere advierteque carece de medios de subsistencia.
“¿Por qué soy laúnica que me he visto en complicaciones económicas desde el día uno? Respuestafácil. Porque me excluyeron de TODO TIPO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTACTO CON LOSBIENES DE SUCESORIO, sin escrúpulos y en pos de seguir con sus actividadesdelictivas por intermedio de estas sociedades”, denunció en su última oficio lahermana que litiga por la fortuna familiar.
