E
l Tribunal de Juicios y Apelaciones, compuesto por Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara, este jueves rechazó por mayoría los pedidos de los fiscales para que comiencen a cumplir las condenas el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. Les prohíben salir del país y les dictaron una caución de 20 millones de pesos a cada uno.
La audiencia comenzó pocos minutos después de las 10, donde de manera presencial estuvieron los fiscales Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Juan Francisco Ramírez Montrull. En tanto, de modo virtual estuvieron conectados Urribarri, Báez y Aguilera, y también los abogados porteños Fernando Burlando y Javier Baños.
Además, en persona se presentaron los defensores Leopoldo Cappa (codefensor junto a Burlando y Baños de Urribarri), Ignacio Días en representación de Báez; Miguel Ángel Cullen en defensa de Aguilera; Emilio y Gastón Fouces como abogados y apoderados de Kriptax y Mauro Urribarri.
Fallo dividido
La presidenta del tribunal fundamentó su oposición al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que Báez sea derivado a la Unidad Penal N°1 de Paraná. En ese sentido, Castagno entendió que la condena que pesa sobre el exministro Pedro Báez, no está firme.
Urribarri junto a Báez, durante su gestión como gobernador.
Asimismo, fundamentó su rechazo a los pedidos de los fiscales para que Urribarri y Aguilera sean alojados en la cárcel bajo la modalidad de prisiones preventivas.
Al voto de Castagno se sumó el vocal Julián Vergara para que la petición de la Fiscalía sea rechazada por mayoría, ya que Garzón discrepó con la decisión de sus pares.
Con este marco, por mayoría el tribunal impuso medidas restrictivas de la libertad contra los tres condenados: que fijen domicilio y se reporten semanalmente a Fiscalía, que entreguen sus pasaportes y se emita alerta a Migraciones para que no puedan salir del país y que entreguen, cada uno, 20 millones de pesos como caución.
El vocal Elvio Garzón se pronunció en disenso. No coincidió en lo medular de los votos que le precedieron y opinó que existe un riesgo de fuga latente que, en el caso de Aguilera y Urribarri, puede concretizarse.
Además, Garzón subrayó una disparidad a la hora de aplicar las prisiones preventivas: “Son las personas más vulnerables las que soportan las medidas más gravosas, el encierro en unidades penales”, remarcó.
Por otra parte, los jueces sí coincidieron en denegar el pedido de Mauro Urribarri para que levanten el embargo sobre la casa del lago de Federación, inmovilizada en febrero de 2018.
En la audiencia que discutieron las preventivas sobre los condenados del “megajuicio por corrupción”, el abogado Emilio Fouces se presentó en representación de Kriptax Inc SA, la empresa familiar de los Urribarri, y en nombre de Mauro Urribarri como presidente del Directorio. La mansión de Federación está inscripta como bien empresarial.
De modo que al dictar la medida cautelar sobre la propiedad por la condena a Sergio Urribarri, tanto su hijo como la empresa se consideraron perjudicados. La solicitud fue rechazada de plano por los tres jueces.
Asimismo, también se detectó la malversación de fondos en favor de las imprentas que gerenciaba el cuñado Aguilera para la publicidad oficial en cartelería en la vía pública.
