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l bloque Más Para Entre Ríos presentó un proyecto para declarar la Emergencia Alimentaria en la provincia de Entre Ríos, con el objetivo, según remarcaron, de establecer políticas y estrategias que garanticen el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad.

Mediante un comunicado que arribó a la redacción de INFORME DIGITAL, los legisladores hacen hincapié en que el país y la provincia atraviesan un contexto de crisis social y económico que genera un agravamiento de la situación alimentaria, por lo que consideran imprescindible garantizar el derecho a la alimentación de todos los habitantes, y especialmente de los sectores más vulnerables.

Los representantes del PJ en la Cámara Baja provincial sustentan esta iniciativa atendiendo el planteo de diversas instituciones y organizaciones sociales que reclaman la declaración de la Emergencia Alimentaria en la Provincia y la provisión de mayores recursos del Estado para hacer frente a la demanda de alimentos de los sectores empobrecidos, según enfatizaron: "En defensa del derecho humano a la alimentación".

En este marco, los legisladores justicialistas impulsan el inmediato tratamiento del proyecto, que hasta el momento no se cuenta dentro de otras declaraciones de emergencia que propuso el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo que detallaron, esta propuesta busca sancionar una ley integral, y en este sentido, contempla también la creación de un Registro Provincial de Comedora y la conformación de la Mesa de Diálogo Social, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia alimentaria, para garantizar la efectividad de las acciones desarrolladas en el marco de la emergencia.

Las organizaciones nucleadas en la Mesa Contra el Hambre participaron de la elaboración de la iniciativa presentada en la Cámara baja. 

Así, los integrantes del bloque opositor señalaron: “Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional es una política de Estado prioritaria; alimentarse bien es un derecho y no un privilegio; el derecho a la alimentación y a la nutrición, es un puente para al acceso a los derechos a la vida, a la salud, a la educación y al pleno desarrollo integral”,

“Las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional no son gastos, son inversiones éticas, estratégicas e inteligentes del Estado Nacional y Provincial. Por esto resulta también necesario promover  programas de producción, comercialización y acceso a precios justos a los productos de la Canasta Básica Alimentaria, y de fortalecimiento de las asociaciones de consumidores de alimentos saludables, entre otras acciones”, agrega el texto.

Cabe destacar que el marco jurídico internacional, nacional y la Constitución Provincial dan el encuadre al proyecto de Ley que pretende declarar la emergencia alimentaria por un año, prorrogable por un año más por la Legislatura.

De esta forma, el Poder Ejecutivo dispondrá de diversas medidas y herramientas para lograr por todos los medios apropiados la efectividad del derecho a la alimentación, sin perjuicio de los otros programas ya existentes en materia de política alimentaria.

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