L
a Justicia Federal dispuso clausurar la planta de lavado de la arenera “La República” de Cristamine S.A., en Ibicuy. El procedimiento se produjo en el marco de los expedientes que investiga el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, por la extracción de arena para fracking en la producción petrolera de Vaca Muerta. Había sido denunciada por contaminar y funcionaba por un amparo judicial. La polémica por su explotación trepó al Ejecutivo provincial.
“Se trata de un expediente generado por una denuncia de contaminación, además de las varias investigaciones que tiene la firma que funciona en Ibicuy por el uso del agua subterránea -tanto dulce como salada- para el tratamiento de la arena sílice”, consignó el portal R2820, donde se resaltó que "con esta clausura se corroboran las denuncias realizadas por la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y por su representante legal, Ricardo Luciano”.
La arenera venía de informar al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) que no utilizaría más agua subterránea y que se serviría del arroyo Ibicuy, compromiso que incluso habría quedado asentado administrativamente.
A los trabajos de inspección los cumplieron representantes de la Justicia Federal, acompañados por Prefectura, personal de la planta, dos peritos convocados por el juzgado, dos testigos particulares, miembros de CORUFA y la Secretaría de Ambiente.
El Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó la clausura de la arenera “La República”, en Ibicuy, en la cual se habrían detectado restos de hierro, residuos contaminantes y una toma clandestina de agua subterránea de alta potencia.
Una historia que escaló hasta el Estado provincial
El abogado Ricardo Luciano realizó una denuncia en el mes de enero contra la arenera que se encarga de extraer arena silícea en el departamento Ibicuy. En la acusación indicaba que la empresa provoca daños al medioambiente que afectan a vecinos y productores de la región, además de señalar que existe evasión fiscal.
El abogado Ricardo Luciano.
La polémica por la extracción de arenas silíceas en Ibicuy recaló hasta el Ejecutivo provincial, ya que el abogado Ricardo Luciano presentó un amparo en marzo último contra el gobierno que encabeza Gustavo Bordet por el daño ambiental que produce la actividad.
En este marco, por mayoría, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó la resolución judicial que exigía la intervención del gobernador Gustavo Bordet y sostuvo que "en 45 días, deberá evaluar y tomar medidas en relación a las areneras que trabajan en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú".
El 25 de abril pasado, a raíz de un amparo de Ricardo José Luciano contra el gobierno de Entre Ríos, había sido ordenada la clausura de todas las areneras que se encontraran trabajando irregularmente en el territorio provincial.
La sentencia, fechada el miércoles 4 de mayo, ratificaba la resolución del juez Alberto Adrián Welp, de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Sala Laboral II, quien en abril falló a favor del demandante, el abogado José Luciano, quien había promovido un recurso de amparo ambiental -de incidencia colectiva- contra el mandatario.
Así, el gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, dispuso el cese de actividades a nueve canteras y cuatro plantas de lavado de arenas silíceas, ubicadas en Islas del Ibicuy y Gualeguaychú, por un plazo de 45 días.
En la oportunidad, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signez, sostenía: “Las areneras y todas las canteras, necesitan dos tipos de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además, se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente”.
En ese marco, el 6 de mayo, el juez federal Hernán Viri, tras un amparo presentado por Humberto Cadoppi -patrocinado por Luciano-, ordenó el cese de todas las areneras que trabajaban irregularmente, dando un plazo de 45 días para su regularización: los amparos hicieron detener el trabajo de nueve areneras y cuatro plantas de lavado. No obstante, cuatro días se le otorgó la "aptitud ambiental" a la arenera "La República".
El 10 de mayo, cuatro días después de la orden del doctor Viri, el intendente de Ibicuy, Gustavo Rolda, otorgó un “Certificado de Aptitud Ambiental” a la arenera “La República” de Cristamine SA.
Para Luciano, esta autorización se otorgó en forma irregular “por no cumplir con las normativas vigentes” y “porque no se había reparado el daño ambiental constatado”, lo que motivó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Gualeguaychú contra el intendente de Ibicuy, miembros de CORUFA, Ambiente y quien pueda tener algún tipo de responsabilidad administrativa.
A raíz de esta denuncia se abrieron otras dos causas judiciales, una por contaminación a “La República” y otra por irregularidades en la audiencia pública de ARESIL SA.
El 1 de julio pasado, el Juzgado Federal de Gualeguaychú ordenó el allanamiento de las oficinas centrales en la ciudad de Buenos Aires de la empresa minera de Cristamine S.A.
El juez Hernán Viri ordenó recabar información en una investigación que lleva adelante a partir de una denuncia que apunta a que la Municipalidad de Ibicuy emitió certificados de aptitud ambiental a la empresa Cristamine para la extracción de arenas silíceas cuando no tendría la potestad para hacerlo.
El caso de las areneras entrerrianas, las principales generadoras del insumo utilizado en el fracking en Vaca Muerta, continuó con una nota de opinión, que publicó oportunamente INFORME DIGITAL, donde el abogado Ricardo Luciano cargó contra los funcionarios de Ambiente de la provincia y tituló: "Se hacen los sota".
En el escrito, el profesional que investigó los perjuicios ambientales y económicos que produce la extracción de arenas silíceas en Entre Ríos, sostuvo que "no se puede aceptar y/o justificar el desconocimiento y el aval para que no se cumplan con las mandas judiciales".
