E
l abogado Ricardo Luciano cargó contra los funcionarios de Ambiente de la provincia. "Se hacen los sota", escribió en una nota de opinión, a la que tuvo acceso INFORME DIGITAL, el denunciante de las areneras en el territorio entrerriano. El profesional que investigó los perjuicios ambientales y económicos que produce la extracción de arenas silíceas en Entre Ríos sostuvo que "no se puede aceptar y/o justificar el desconocimiento y el aval para que no se cumplan con las mandas judiciales".
Luciano hace tiempo viene investigando cómo empresas extraen "el nuevo oro", como se denomina a la arena silícea utilizada para el "fracking" en Vaca Muerta, y provocan a la provincia un perjuicio ambiental y económico de importante magnitud.
En este marco, el abogado escribió una nota de opinión donde señala que "se hacen los sotas" los funcionarios provinciales de Ambiente.
El abogado Ricardo Luciano, denunciante de las areneras ilegales en el Delta.
Luciano escribió Los Funcionarios de Ambiente de la provincia se hacen los sota, una nota de opinión a la que accedió INFORME DIGITAL donde expone las falencias en el área y enumera causas en las cuales, pese a tener conocimiento, no se actuó en consecuencia.
"En materia ambiental la provincia de Entre Ríos, o mejor dicho los funcionarios públicos responsables están en deuda, lo saben, lo reconocen públicamente", planteó en su escrito Luciano, quien detalló: "Como es el caso de la Sra. Secretaria de Ambiente Ing. Master en Ingeniería Ambiental, María Daniela García".
"No se puede aceptar y/o justificar el desconocimiento y el aval para que no se cumplan con las mandas judiciales por parte del organismo técnico/legal provincial, léase Fiscalía de Estado", planteó Luciano.
A continuación, describió casos puntuales en los que funcionarios conociendo el problema no lo abordaron. "No debería ser, pero pueden argumentar, en parte, algún grado de desconocimiento de las leyes por parte de los funcionarios públicos de las áreas administrativas provinciales responsables de cuidar el 'Medio Ambiente', el de desconocer y de no respetar las leyes que lo protegen, y sobre todo el deber de cumplir con la mandas judiciales, aunque no los exime de responsabilidad", señaló el abogado ambientalista oriundo de Gualeguaychú.
Y agregó: "Lo que no se puede aceptar y/o justificar, es el desconocimiento, y el aval para que no se cumplan con las mandas judiciales por parte del organismo técnico/legal provincial, léase Fiscalía de Estado".
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) había ratificado en mayo último una resolución judicial que exigía la intervención del gobernador Gustavo Bordet y lo instaba, en 45 días, a evaluar y tomar medidas en relación a las areneras que trabajan en los departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú.
El fracking se utiliza para extraer gas y petróleo del subsuelo: es una tecnología no convencional para liberar hidrocarburos enquistados en rocas de muy baja porosidad en profundidades que pueden exceder los 3 kilómetros.
La sentencia, fechada este miércoles 4 de mayo, ratifica la resolución del juez Alberto Adrián Welp, de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Sala Laboral II, quien en abril falló a favor del demandante, el abogado José Luciano, quien había promovido un recurso de amparo ambiental -de incidencia colectiva- contra el mandatario.
La explotación arenera produce contaminación en el agua.
“Casi todas” operan al margen de la ley, apuntó Luciano sobre las empresas que explotan el suelo entrerriano, quien en aquel momento ratificó el mandato para controlar la vigencia de certificados de aptitud ambiental y el cumplimiento de todos los requisitos que exigen las normativas en la materia.
