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l Ministerio Público Fiscal (MPF) dejó vencer el plazo para apelar el sobreseimiento de Luis Erbes, funcionario público que fue imputado por enriquecimiento ilícito.

En consecuencia, según consigna APFDigital, el abogado defensor, Franco Azziani Cánepa, confirmó que el fallo quedó firme y la causa pasó a archivo.

Erbes había sido sobreseído hace unas semanas por el juez de Garantías, Eduardo Ruhl, debido a otro error del MPF.

Erbes junto a su abogado defensor,  Franco Azziani Cánepa.

En esa ocasión, el organismo dejó vencer los plazos de investigación al no pedir la prórroga correspondiente.

“El sobreseimiento quedó firme hace un par de días. También el archivo de la causa contra su esposa, la contadora Lucrecia Zuttión. Desde la lectura del fallo de Ruhl, Fiscalía tenía tres días para apelar. Y no lo hizo”, indicó Azziani Cánepa.

El error en el que habría incurrido la Fiscalía fue por el desconocimiento del Código Procesal Penal de la provincia, que indica que el lapso para apelar un sobreseimiento es de 3 días, mientras que el MPF consideró que tenía 5. Por esto, la decisión de Ruhl quedó firme.

El magistrado había fundado su falló en la doctrina Cozzi del Superior Tribunal de Justicia, que establece que una persona no puede estar sometida a un proceso penal en su contra sin límite de tiempo.

Este criterio acota la investigación de Fiscalía a los plazos que dispone el Código Procesal Penal.

En caso de necesitar más tiempo de pesquisa, el MPF debe requerir al juez de Garantías que autorice prórrogas.

Fiscalía se manifestó en contra de este criterio y, a través de su titular, el Procurador General Jorge García, anticipó que irá hasta la Corte Suprema para revertir el criterio aplicado en Cozzi y en otros casos similares.

En la causa de Erbes, el MPF fue contra su propia postura y terminó convalidando los argumentos que pretende desmontar.

Una situación similar sucedió en el mes de mayo con Ricardo Troncoso, ex intendente de Macia.

El ex diputado estaba imputado por presunto desvío de dinero público a través de contratos en la Legislatura, pero los plazos de la causa se estiraron más allá de los límites procesales, y el dirigente radical quedó exonerado.