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n Nogoyá se desató la interna dentro de Juntos por el Cambio luego de que la concejala Ayelén Correa (UCR) fuera designada en la secretaría de Gobierno municipal. En la lista de la alianza le sigue un varón para ocupar la banca vacante en el Concejo Deliberante pero, por la Ley de paridad, corresponde que ese lugar sea ocupado por una mujer: sería otra radical.

La relación se tensó luego que el PRO de Nogoyá reclamara la banca que en el Concejo dejó libre una radical. Pretenden que sea ocupada por un varón del macrismo y argumentan que la ley de Paridad no puede ser retroactiva.

El detonante de los cambios fue la condena de tres funcionarios de la gestión del intendente radical Rafael Cavagna por peculado culposo: el secretario de Gobierno, Marcelo Barreto; la subsecretaria de Desarrollo Social, Carina Gómez; y el tesorero municipal, Gustavo Gabriel Aga.

Tras la condena, Cavagna designó en Desarrollo Social a Bernardo Raúl Schneider y en Gobierno a la concejala Ayelén Correa (UCR).

Desde el interior del espacio es un secreto a voces que la disputa no es de género, sino política, y expresa una escalada de tensión en la relación entre los socios en JxC que tiene su correlato en la interna provincial, según consigna el sitio Página Política.

Por aplicación de la ley de Paridad de Género, la Justicia Electoral Municipal resolvió que la banca de la concejala radical no debía ser ocupada por quien le seguía en la lista, Danilo Franzot (PRO), sino por la siguiente mujer en la nómina, Silvina Escudero (UCR).

La última oración del artículo 24 de la ley de Paridad dispone su aplicación no sólo a partir de 2023, sino también para los reemplazos por corrimiento de lista que se produzcan hasta entonces.

Franzot, que además es presidente de la departamental Nogoyá del PRO, apeló esa decisión con el argumento de que la ley de Paridad, sancionada en noviembre de 2020, no podía aplicarse de manera retroactiva a una situación que se consolidó en junio de 2019, cuando la lista de concejales se presentó a elecciones.

Esta suerte de cláusula transitoria es considerada una falencia legislativa no sólo por macristas, sino también por radicales pero al momento de la sanción nadie dijo nada en JxC.

En tanto, es la primera vez que el Tribunal Electoral Provincial (alzada del Tribunal Electoral Municipal) tendrá que expedirse al respecto. El cuerpo está integrado por los vocales Susana Medina y Germán Carlomagno, la jueza laboral Gladys Pinto y los legisladores Ángel Giano por Diputados y Daniel Olano por el Senado.

Apelación presentada por el PRO.

Si rechazan su planteo, Franzot podría ir en queja ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y plantear la acción de inconstitucionalidad, aunque no existiría en el PRO la voluntad de tensar tanto la cuerda.

Si la discusión se extiende dejaría con un concejal menos a JxC, ya que la banca no se podría ocupar hasta saldar la discusión y resultaría políticamente adverso para el espacio.

Si el STJ declarase la inconstitucionalidad de la ley de Paridad, se afectaría lo resuelto por el Tribunal Electoral Provincial en el caso de la diputada Vanesa Castillo, que ocupó la banca que dejó vacante Diego Lara cuando fue designado presidente del Tribunal de Cuentas, dejando en el camino las pretensiones de quien seguía en la lista, Rubén Boxler.

El caso de Nogoyá es, en apariencia, más acorde al espíritu de la ley de Paridad, ya que se trata de una concejala mujer que ocupa una banca que dejó otra mujer. Y para la integración de los concejos deliberantes de Entre Ríos ya regía la paridad en 2019. Con lo cual se podría decir, rápidamente, que el PRO, con su planteo, estaría yendo en contra de esa paridad.

La interna

Pero la disputa no es entre varones y mujeres, sino entre el PRO y la UCR. Más aún: entre el PRO, el sector de la UCR de Nogoyá que juega con Rogelio Frigerio y los radicales que militan en la línea liderada por Pedro Galimberti y Darío Schneider y que en Nogoyá tienen como principales referentes al intendente Cavagna y al presidente del bloque de diputados radicales, Gustavo Cusinato.

Cavagna abona a la candidatura de Galimberti en el plano provincial.

De los 6 concejales de JxC en Nogoyá, 4 son de la UCR y 2 del PRO. En la visión de los radicales, con su reclamo el PRO busca alterar ese acuerdo con el que fueron a elecciones en 2019 y pretende tener la misma cantidad de concejales que los radicales: 3 y 3.

No obstante, desde el PRO, argumentan que el lugar 7 fue parte de la negociación para el armado de la lista.

Ocuparon además los lugares: 1) Mariano Berdiñas y 4) Mariana Osman. Podían llegar a una tercera banca si hacían una muy buena elección (de hecho JxC estuvo a pocos votos de obtener 7 concejales), o bien si les tocaba asumir en caso de que se produjera una vacante.

Berdiñas, vicepresidente del PRO Entre Ríos, aspira a la intendencia.

Además de presidir el bloque, Mariano Berdiñas aspira a la intendencia de Nogoyá. La concejal radical saliente, que fue a integrar el gabinete municipal, Ayelén Correa, sería la elegida por Cavagna (que ya no tiene reelección e iría por la senaduría) para su sucesión. El candidato de Cusinato es Bernardo Schneider, recientemente designado en Desarrollo Social.

Todos los movimientos deben leerse tomando en cuenta esas aspiraciones. Unos con Frigerio, los otros con Galimberti o Schneider. Los radicales explican el malestar del PRO en apetencias por ocupar espacios de poder en el Municipio que no fueron saciadas por Cavagna.

Sólo tienen a cargo la Coordinación Legal de la comuna y el área de Mujer, Género y Diversidad. Lo demás es todo radical. Pero en el PRO aseguran que no quieren cargos. Tomarlos en este momento, argumentan, implicaría una dificultad para diferenciarse de Cavagna en el proceso interno. Los radicales aseguran que el PRO le está poniendo trabas al gobierno municipal.

Los cambios en el Gabinete local desataron la polémica en la sucesión en el Concejo.

Y advierten que esa jugada local puede repercutir en el orden provincial. Berdiñas es además vicepresidente del PRO de Entre Ríos. Hubo un par de ordenanzas en las que macristas y radicales no coincidieron en su voto y existe un conflicto abierto por la expropiación de un predio de Bomberos Voluntarios, donde funciona el Centro de Integración Comunitaria (CIC).

Los radicales acusan al PRO de operar para trabar esa expropiación con la que está de acuerdo también el Gobierno provincial y se presenta como salida para la continuidad del CIC, ante el planteo de Bomberos para recuperar el terreno que ocupó el Municipio desde 2007 por un contrato de comodato ya vencido. En el caso que derivó en la condena por peculado, Berdiñas marcó distancia al pedir la inmediata separación de los cargos de los funcionarios denunciados.