Salió a la luz una imagen de Cecilia Goyeneche junto a Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa, con quien la Procuradora Adjunta había asegurado no tener ningún vínculo.
L
a Procuradora Adjunta Cecilia
Goyeneche sufrió un revés en el Jury en su contra, ya que aparecieron nuevas
evidencias que la dejan en una muy mala posición.
Se trata de una foto donde se
la ve a Goyeneche abrazada al contador Pedro Opromolla, uno de los principales
imputados en la causa por los contratos truchos de la legislatura
Según consigna APF Digital, la
imagen fue tomada durante un festejo nocturno, donde la funcionaria y el
imputado se encuentran acompañados por Sebastián Orlando Bertozzi, esposo de la
procuradora, y la pareja del titular del estudio contable donde se procesaban
los pagos de los fondos que se habrían detraído de la Legislatura provincial.
Desde un principio, Goyeneche
había negado su vínculo con el acusado, al punto aseverar, durante una
audiencia judicial de la causa: “Falso su señoría. No tengo ninguna relación
con el señor Opromolla”.
Esta imagen, que circuló a
través de redes sociales y está fechada el 18 de abril de 2009, pone en jaque
los dichos de Goyeneche, siendo, el dato de la fecha, muy significativo, ya que
nunca se había determinado que el vínculo entre ambos protagonistas fuera tan
prolongado.
Cabe recordar que en la apertura
del jury ante el Jurado de Enjuiciamiento, quedó establecido que la relación
comercial entre el matrimonio compuesto por Goyeneche y Bertozzi con Opromolla
había comenzado en 2016.
Más tarde, circuló una foto de
vacaciones invernales de la fiscal y su marido con el contador y su esposa
tomada durante 2013.
La nueva fotografía que se
conoció en estos días sitúa la relación, al menos, casi una década antes de que
comience la causa de los contratos truchos, en septiembre de 2018.
Sin posibilidad de intervenir
en el denominado Megajuicio al ex gobernador Sergio Urribarri, su nombre surgió
durante los alegatos defensivos.
Raúl Barrandeguy relacionó su
desplazamiento del proceso que investiga hechos de corrupción con los 12 años
de prisión efectiva e inhabilitación perpetua que se pidieron para el ex
gobernador.