E

l gobernador Gustavo Bordet decidió no incluir en la ley de adhesión al Consenso Fiscal la extensión del pago de los aportes patronales, y de los empleadores, a la Ley 4035. De ahora en más los beneficios sociales comprendidos en esa figura serán financiados con rentas generales. La medida beneficiará a unos 160 mil entrerrianos, entre empleadores y trabajadores.

“El gobernador ha sido muy serio y consecuente con el objetivo de generar mayor alivio fiscal para las personas que trabajan y producen en Entre Ríos. Por eso, decidió no incluir en la ley provincial de adhesión al Consenso Fiscal 2021 la extensión de los pagos de empleadores y trabajadores a la Ley 4035”, explicó el ministro de Economía, Hugo Ballay.

Desde su promulgación en 1954, la Ley 4035 asiste a través de pensiones asistenciales a la población más vulnerable de Entre Ríos. Al finalizar el 2021 el sistema de la Ley 4035 cuenta con 2.602 beneficiarios activos, de los cuales: 981 son por ancianidad; 54 por incapacidad parcial; 1515 por incapacidad total; y 52 por madre con hijos a cargo.

Desde su promulgación en 1954, la Ley 4035 asiste a través de pensiones asistenciales a la población más vulnerable de Entre Ríos.

El responsable de la cartera económica de la provincia resaltó que la medida “beneficiará de manera directa a 16.300 empleadores, y a más de 145.000 trabajadores, sin contar los empleados provinciales a los que también se les realizaba este descuento”. 

En tanto, los beneficios comprendidos en la ley 4035 continuarán vigentes, y se pueden seguir tramitando con normalidad a través de los canales establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social.

Ballay señaló que “esto un hito muy importante porque estamos hablando de un tributo que resultaba distorsivo para la actividad económica de la provincia”, y que “su eliminación representa un apoyo explícito a los sectores asalariados y empleadores del sector privado entrerriano”.

"Es un tributo que resultaba distorsivo para la actividad económica de la provincia y su eliminación representa un apoyo explícito a los sectores asalariados y empleadores del sector privado entrerriano”, evaluó el titular de Economía.

También recordó que se trataba de “un pedido de representantes empresariales de la provincia, que el gobernador ha escuchado, atendido y respondido. Esto también es parte del compromiso con el diálogo que mantiene nuestra gestión”.

Por otra parte, precisó que “el gobierno provincial resigna el cobro de cerca de 2.300 millones de pesos para el 2022”, que era lo proyectado en la recaudación de ese impuesto para el año próximo, y puso de relieve que “esto es posible gracias al equilibrio de las cuentas públicas que ha sabido labrar el gobernador a lo largo de su gestión gracias a una cuidada mejora en la calidad del gasto público”.

“El gobierno provincial resigna el cobro de cerca de 2.300 millones de pesos para el 2022, que es posible gracias al equilibrio de las cuentas públicas que ha sabido labrar el gobernador a lo largo de su gestión", resaltó el ministro.

El titular de la cartera de Economía provincial subrayó que “la eliminación de los aportes a la Ley 4035 no representa en absoluto un cambio en las prestaciones y beneficios sociales que lleva adelante el gobierno provincial”, ya que “esas pensiones y programas sociales se financiarán, de ahora en más, con los recursos del tesoro”.

Además, “realizar este tipo de cambios en medio del incremento de la inversión que hemos hecho en salud para hacer frente a la pandemia es otra muestra más de la solidez de la administración pública provincial”, acotó Ballay.

Por su parte, el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Germán Grané, advirtió que “los aportes y contribuciones a la ley 4035 representaban un tributo a la nómina salarial, es decir que era descontado tanto a los trabajadores de los sectores públicos como privados y contribuían los empleadores”.

“Si bien el porcentaje de descuentos en el sector empleador fue disminuyendo con los años, significaba un carga para la actividad privada de la provincia”, apuntó Grané.

“Esta decisión de nuestro gobernador pone en evidencia el modo en el que el ordenamiento de las cuentas del Estado, y el diálogo permanente, benefician a la actividad productiva y de servicios”, agregó Grané.

Por último, desde el gobierno provincial remarcaron que los beneficios comprendidos en la ley 4035 continuarán vigentes, y que se pueden seguir tramitando con normalidad a través de los canales establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social.