E

l presidente Alberto Fernández buscará ordenar, este lunes, los compromisos asumidos por las jurisdicciones provinciales en los consensos fiscales de 2017 y 2019. En Casa de Gobierno recibirá a los gobernadores de todas las provincias argentinas con la excepción del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bordet estará presente.

Se establecerán topes máximos para alícuotas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotores y Sellos, pero protegiendo la autonomía y facultades tributarias propias de cada distrito.

En la ceremonia, que se realizará en el Museo del Bicentenario o en el Salón Eva Perón -aún se estaba evaluando-, que será encabezada por Alberto Fernández, el Gobierno utilizará la firma del Consenso Fiscal con los gobernadores para mostrar iniciativa política ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego del traspié en Diputados por la sanción del Presupuesto 2022.

Con la adhesión al Consenso Fiscal suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, todas las provincias -excepto San Luis y La Pampa- se habían comprometido a bajar de modo gradual la presión impositiva hasta el 2022.

Pero con la disminución en la recaudación, tras el estallido de la crisis económica y la devaluación de 2018, quedaron con los números en rojo. En 2019, el recién asumido gobierno de Alberto Fernández modificó el pacto.

Con el aval de todas las jurisdicciones, suspendió la baja de impuestos -para permitirles embolsar alrededor de $ 70.000 millones ese año-, puso límites al endeudamiento en dólares, y suspendió juicios por la distribución de la coparticipación.

Desde hace tres meses, el Ministerio del Interior trabaja en una nueva modificación del pacto de 2017, a través de intercambios y negociaciones en secreto que vienen conduciendo el Ministerio del Interior, que conduce Eduardo “Wado” de Pedro; y la cartera de Economía, a cargo de Martín Guzmán, con los gobiernos de las provincias.

El acuerdo busca ordenar la aplicación de los tributos de mayor recaudación provincial, evitar conflictos con la Nación y propone un nuevo impuesto a la herencia.

El impuesto a la herencia aparece en el nuevo Pacto Fiscal del gobierno nacional con las provincias.

El gobierno nacional buscará ordenar, este lunes, los compromisos asumidos por las jurisdicciones provinciales en los consensos fiscales de 2017 y 2019 y darle una forma definitiva a una suerte de "armonización" y estabilidad jurídica a la aplicación de tributos que, el gobierno de Macri calificaba de "altamente distorsivos", pero que explican la mayor parte de la recaudación fiscal de cada provincia.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, fue la encargada de desmentir los dichos de Larreta aclarando que "desde este consenso no promovemos ningún aumento de impuestos".

"Las provincias volverán a tener la autonomía que el macrismo les sacó con el consenso del año 2017", exclamó Batakis.

"Se trata simplemente de ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en el 2019, en el 2020 y en el 2021, pero ahora las provincias tendrán la potestad. Lo único que hacemos es volver a darle autonomía política a cada provincia para que ellos decidan si aumentan o no, fijando un tope", explicó.

Bordet estará junto a otros 20 mandatarios provinciales, este lunes, en Casa de Gobierno.

Detalles del acuerdo con los gobernadores

Según el borrador del acuerdo que recibieron los gobernadores, las alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos son:

* Agricultura, ganadería, pesca y minería de 0,75 por ciento;

* Industria manufacturera, 1,50 por ciento;

* Construcción, 2,5 por ciento;

* Comercio, 5 por ciento;

Los porcentajes son distintos ya que "lo que tratamos de hacer es que el impuesto sobre los ingresos brutos no le ponga freno a la actividad productiva", explicó Batakis.

* Hoteles y restaurantes, 4,5 por ciento;

* Comunicaciones 5,5 por ciento;

* Telefonía celular 6,5 por ciento;

* Intermediación y servicios financieros 9 por ciento -este es el impuesto que la Ciudad decidió aumentar el año pasado-;

* Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5 por ciento, y

* Servicios sociales y de salud 4,75 por ciento.

Para los demás impuestos cuya compatibilización busca establecerse a través del nuevo consenso fiscal, las propuestas principales son las siguientes:

Impuesto inmobiliario

Se impulsa el funcionamiento de un Organismo Federal de Valuación de Inmuebles. El borrador que se le hizo llegar a las distintas jurisdicciones define que “Las Provincias y la CABA participarán en la determinación de los procedimientos y metodologías de aplicación con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la dinámica territorial".

La alícuota a aplicar sobre las nuevas valuaciones será de entre 0,5 y 3% de la valuación fiscal.

Impuesto a los sellos

Las alícuotas máximas que define el proyecto del consenso fiscal son:

* Transferencia de inmuebles, 3,5%;

* Transferencia de automotores, 3%;

* El resto de contratos y operaciones alcanzados por el impuesto, 2%.

Impuesto automotor

Se establece que la alícuota mínima anual del tributo será equivalente al 2% de una valuación del vehículo que será, como mínimo, el 95% de las valuaciones que surjan de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios u otras fuentes de información sobre el mercado automotor.

Endeudamiento responsable

El nuevo acuerdo incluye otros capítulos que tienen que ver con, por ejemplo, el endeudamiento responsable. Al igual que el año pasado y el anterior, se fijó que las provincias no podrán endeudarse en dólares.

Además, cualquier tipo de endeudamiento que tomen tendrá que ser utilizado para realizar obras de infraestructura, algo totalmente distinto a lo que sucedió durante el macrismo, que permitió endeudamientos sumamente elevados en dólares que trajeron trágicas consecuencias económicas para las provincias, como sucedió en Chubut.

Cualquier tipo de endeudamiento que tomen tendrá que ser utilizado para realizar obras de infraestructura, algo totalmente distinto a lo que sucedió durante el macrismo.

Desde ahora, las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital.

Impuesto sobre la herencia

Una novedad del nuevo consenso es que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires (si adhiriera) durante 2022 podrán legislar un impuesto a un aumento sobre la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia.

También incluye, según la propuesta enviada a los gobiernos provinciales, "cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito".

Se sugiere que las tasas sean crecientes a medida que aumente el monto del patrimonio que se hereda o transmite.

Las tasas no fueron explicitadas, pero se sugiere que sean crecientes a medida que aumente el monto del patrimonio que se hereda o transmite. Luego de firmarse, el consenso fiscal deberá ser enviado y aprobado por el Congreso Nacional y deberá pasar también por las legislaturas locales.

A contramano

La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito que rechaza el acuerdo impositivo. En la Casa Rosada creen que Rodríguez Larreta quedará “aislado” debido al caso presentado ante la Corte Suprema por los fondos coparticipables. Los otros tres referentes opositores en provincias se sentarán en la mesa de Alberto: el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez.

Suárez, Valdés y Morales se sentarán a la mesa del Presidente. Larreta no. 

Rodríguez Larreta ya avisó que la ciudad de Buenos Aires, nuevamente, no adherirá al documento que planea firmar el resto de las provincias. Aunque alegó motivos impositivos, la razón de fondo es la pelea con la Nación en la Corte Suprema por los fondos que le quitó el Gobierno en 2020.

Tampoco firmarán los gobernadores de La Pampa y San Luis, ya que no necesitan no estaban involucradas en el consenso 2017.

Además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco firmarán los gobernadores de La Pampa y San Luis, ya que no necesitan hacerlo porque no estaban involucradas en el consenso 2017.