E
l juez de Garantías Ricardo Bonazzola rechazó este martes el planteo de los abogados defensores para que la causa por el delito de peculado que involucra al exintendente de Seguí, Cristian Treppo, pero que alcanza también a un grupo de empresarios de la construcción por la pavimentación de 16 cuadras y que, según la Fiscalía, habría tenido un sobreprecio de más de $5 millones, pase a la Justicia Federal.
La decisión del magistrado fue apelada al mismo momento que se dictó, en una audiencia que tuvo lugar esta mañana en el salón del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por parte del defensor Miguel Cullen. Ante ese planteo, Bonazzola hizo lugar a la apelación y derivó el caso al Tribunal de Juicios y Apelaciones, y resolvió suspender la audiencia.
Pedirían para Treppo 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Al fundamentar su resolución, el magistrado señaló que si bien los fondos fueron aportados por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, el uso fue por parte de la Municipalidad de Seguí, y por tanto corresponde a la Justicia provincial entender en la materia. Además, dijo, no hay ningún funcionario del gobierno federal imputado por el Ministerio Público Fiscal.
La medida del juez se dio por cuanto una resolución en contrario a lo dispuesto -esto es que la causa pase finalmente a la Justicia Federal- podría convertir en nulo todo lo actuado por el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos.
En razón de esos argumentos, rechazó la petición de la defensa y confirmó la continuidad de la investigación en los tribunales provinciales. Aportó, además, que el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos auditó la rendición del dinero utilizado en la obra de las 16 cuadras.
Bonazzola citó un caso similar que involucra al actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, en el que la Justicia también rechazó la incompetencia de los tribunales federales en una causa por sobreprecio de obra pública.
También rechazó el planteo hecho por los abogados Miguel Ángel Cullen y Néstor Pedroti, defensores de Aníbal Herenú, titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra; el ingeniero de la firma, Hernán Barrera; y Néstor Iván Szczech, vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, que pidieron la nulidad de la imputación fiscal por cuanto no sería clara, precisa ni circunstanciada.
“Entiendo -dice el juez- que ese planteo tampoco puede tener favorable acogida en la medida que no observo vicios en la acusación fiscal”.
Conocida la decisión del juez Bonazzola, el abogado Cullen planteó in voce la apelación al planteo de incompetencia, que le fue concedida. “Una eventual decisión revocatoria de la dictada por el suscripto en esta audiencia significaría el cese de la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Provincia y de esta magistratura, y tornaría en inoficiosa la continuidad de esta audiencia. Voy a conceder el recurso interpuesto por el doctor Cullen por ante el vocal del Tribual de Juicios y Apelaciones que resulte sorteado, a quien se elevarán estas actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre el planteo de incompetencia. Obviamente, estaremos a las resultas de la decisión del juez de alzada, por lo cual esta audiencia se suspende”, resolvió.
El cuarto intermedio
Es la segunda suspensión en el trámite de la audiencia de elevación a juicio de la causa que pidió la Fiscalía. El último 11 de febrero, y tras cuatro horas de audiencia, el juez de Garantías de Paraná, Ricardo Bonazzolla, decidió abrir un cuarto intermedio para definir los planteos de la defensa del exintendente de Seguí, acusado de sobreprecios en la obra pública.
Ese cuarto intermedio llegó a su fin este martes 23.
En aquella audiencia, el abogado del funcionario, Germán Coronel, planteó que se declare la incompetencia de la Justicia provincial en la causa, para que el expediente tramite en la Justicia Federal.
En el mismo sentido se expresó el abogado Miguel Ángel Cullen, defensor de los empresarios imputados y que estuvieron a cargo de la ejecución de la obra cuestionada por la Fiscalía. El letrado también pidió anular las imputaciones, porque las consideró imprecisas.
Por su parte, los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano, peticionaron por el rechazo de los planteos defensivos. Defendieron que el caso debe tramitarse en la provincia, y citaron las causas de presuntos sobreprecios en el municipio de Larroque, en el departamento Gualeguaychú; y el de Santa Elena, en el departamento La Paz, que tramitan en la jurisdicción provincial.
La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad.
La obra tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones.
En el legajo de remisión de la causa a juicio, los fiscales sostienen que cuentan con “elementos de cargo suficientes de cara a sostener acusación penal en instancia de debate oral contra los imputados”.
Los acusados, además de Treppo, son: la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; el contador municipal Darío Alexis Monzón; el titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra, Daniel Aníbal Hereñú; al ingeniero de la firma, Hernán Roberto Barrera; el apoderado de la empresa constructora, Néstor Alejandro Hereñú; y al vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, Néstor Iván Szczech.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios acordaron “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”.
Además, afirman que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.
En el escrito de elevación de la causa a juicio, los acusadores públicos adelantaron que en el eventual juicio pedirán para Treppo 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto, para Monzón y Zapata solicitará 4 años y 6 meses de prisión; para Daniel y Néstor Hereñú pedirán 4 años de prisión; y para Barrera y Szczech, 3 años y 6 meses de prisión. Al igual que Treppo, también se le agrega la inhabilitación absoluta perpetua.
A fines de noviembre de 2020, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso de queja presentado por el exintendente de Seguí y actual titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Cristian Treppo, en el marco de la causa por supuesto sobreprecio en la obra de 16 cuadras que se ejecutaron con fondos del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo.
El dirigente, a través de su abogado Germán Coronel, había llegado a esa instancia para cuestionar la resolución que adoptara el 24 de octubre de 2019 el juez de Garantías Ricardo Bonazzola, que le denegó un planteo para apartarlo del caso.
Ante la negativa de apartamiento, el abogado apeló ante los vocales María Carolina Castagno, Gustavo Pimentel y Elvio Garzón, quienes el 12 de noviembre de 2019 declararon inadmisible el recurso de recusación.
Ante ese pronunciamiento, el defensor interpuso un recurso Casación pero nuevamente recibió la denegatoria. Finalmente, introdujo una queja directamente ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, que el 12 de diciembre del año pasado falló que no correspondía analizar su planteo.
Tras ese largo periplo en Tribunales, este jueves se realizó la audiencia donde el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación de la causa a juicio. Sin embargo, los defensores introdujeron una solicitud de incompetencia para que el caso pase a la órbita de la Justicia Federal.
Fuente: Entre Ríos Ahora.
