El tercer capítulo de la indagatoria a Leonor MaríaMagdalena Barbero Marcial, madre del exministro de Agroindustria de MauricioMacri, Luis Miguel Etchevehere, que debía concretarse este viernes 30, fuepostergado, de momento, sin fecha. Lamujer, madre de los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan DiegoEtchevehere, está imputada en una causa por estafa y vaciamiento de SociedadAnónima Entre Ríos (SAER) a partir de una denuncia que presentara en 2013 suhija, Dolores Etchevehere.
Barbero Marcial declaró el 12 de marzo último, y entoncesciñó su relato a la compleja relación con su hija denunciante. Luego, en laindagatoria del 20 de este mes ocupó su tiempo en contar su versión de loshechos en el marco de la denuncia por estafa, y la utilización de un créditocon fines productivos al Banco Itaú que al final se utilizó en provecho propio,y que se repartieron ella y sus tres hijos varones. Para este viernes 30pensaba abordar la cuestión del vaciamiento de SAER, la firma editora de ElDiario, y responder las preguntas del fiscal Álvaro Piérola, y de losquerellantes que representan a su hija Dolores, Lisandro Mobilia y PatricioCozzi.
Pero esa audiencia fue suspendida. El juez de la causa, eltitular del Juzgado de Transición N° 1, Carlos Hugo Ríos, es contacto estrechode una persona que dio positivo de Covid-19, y en estos momento está con licencia médica por presentarsíntomas compatibles con la enfermedad. En igual situación se encuentra elabogado Rubén Pagliotto, defensor de Barbero Marcial. El juez Juan Carlín, quesubroga en estos momentos a Ríos, resolvió aplazar la indagatoria «hasta tantoestén dadas las condiciones sanitarias».
El enredo judicial
En 2013, Dolores Etchevehere presentó una denuncia penal porestafa contra su madre, Leonor Barbero Marcial, y sus tres hermanos, LuisMiguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, que después amplió en elfuero civil por el proceso de sucesión a la muerte de su padre, Luis FélixEtchevehere, ocurrida en 2009, pero que sumó también un pedido de investigaciónpor el supuesto vaciamiento de la nave insignia del holding familiar, SociedadAnónima Entre Ríos (SAER), la firma editora de El Diario. Pero la Justicia-cuatro distintos jueces tuvo la causa- nunca llamó a indagatoria a la familiaEtchevehere. Ello recién ocurrió el 30 de octubre de 2020, cuando el juez Ríosfirmó el pedido de indagatoria. Fue un día después de que otra jueza, MaríaCarolina Castagno, dispusiera el desalojo de Dolores y el MTE de Grabois delcampo Nuestra Casa, en El Quebracho.
En la primera denuncia, la mujer habló de la “tomafraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentesa u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 pordólar) cuyo importe fue retirado por losdenunciados según así surge de los estados contables correspondientes alejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro,sus tres hermanos y su madre.
Después, abundó en las cifras y detalló que el fraudebancario fue mayor a los u$s 250.000. Hubo otros dos montos de u$s 360.000 y u$s50.000 que los denunciadostomaron de préstamos bancarios y se repartieron en provecho personal. Por eso,en 2014 Dolores Etchevehere pidió el allanamiento de la sede de la sociedad LasMargaritas SA, en Urquiza 1123, tercer piso, el mismo edificio donde funcionóla Redacción de El Diario, con el propósito de secuestrar los libros contables“y toda otra documentación que tenga que ver con el hecho que se denuncia”.También pidió allanamientos a las sedes de SAER, en la misma dirección, Urquiza1123, tercer piso , dirección que corresponde a otra firma, Construcciones delParaná, cuyo allanamiento también solicitó.
Los préstamos, después se supo, fueron pedido por losEtchevehere a los bancos Itaú y Nación, a tasa subsidiada, en teoría para finesproductivos, pero que en la práctica fueron a dar al bolsillo de la familia.
Con su denuncia, Dolores Etchevehere procuraba establecer“la ruta del dinero” y la “posible utilización de los fondos (o parte de ellos)de los préstamos tomados por Las Margaritas SA en la transferencia de losinmuebles” propiedad de SAER. Desvío de fondos, vaciamiento, estafa: delitosgravísimos que una fiscal, más adelante, entendería como una simple peleítafamiliar.
Fuente: Entre Ríos Ahora
