La iniciativa del gobernadorGustavo Bordet para regular la Fiscalía Anticorrupción creada por laConstitución provincial tuvo una buena recepción en los distintos niveles delos Tribunales locales pero también recibió algunos señalamientos con respectoa su puesta en funcionamiento. Destacan el ordenamiento institucional que generadar cumplimiento a una manda constitucional pendiente desde hace 15 años y elrespaldo político e institucional a la lucha contra la corrupción que lainiciativa aporta.
El proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción de la provincia presentado por Bordet trae a la memoria la ya disuelta Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que funcionó entre el 2000 y el 2003.
Lo que dice el archivo
En el texto de la iniciativa surgieron algunas observaciones puntuales. El primer punto que se puso bajo lalupa fue de orden funcional, ya que la creación de una Fiscalía Anticorrupción contanta independencia, autonomía y recursos en el ámbito de otro organismo, elMinisterio Público Fiscal (MPF), hizo ruido.
La primera observación se dio en el funcionamiento una estructura, Fiscalía Anticorrupción, dentro de otra, Ministerio Público Fiscal.
En orden a esto, también hay dudassobre cómo será la relación institucional y orgánica entre el ProcuradorGeneral y el Fiscal Anticorrupción. Es opinión mayoritaria enTribunales que el esquema verticalista del MPF ha deformado hacia unaestructuración “arbitraria y opaca” por la conducción personalista delProcurador General Jorge Amilcar Luciano García.
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“El proyecto está pensado parapoder convivir con «Coque» y con lo que quede de su estructura”, indicó unafuente tribunalicia a APF, apuntando hacia la figura de García y su entorno,devaluado después de la suspensión de la adjunta Cecilia Goyeneche, acusada demal desempeño de sus funciones en la causa “Contratos”.
Cuando se conoció que el Jurado deEnjuiciamiento avanzaría con la acusación en contra de Goyeneche, la fiscalahizo fuertes declaraciones públicas, implicando directamente al gobernadorGustavo Bordet como uno de los supuestos responsables políticos del jury en sucontra, lo que generó el distanciamiento entre la Procuración y el Ejecutivo. El vínculoquedó restringido a lo estrictamente institucional.
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Como asuntos que sustentan lasdudas sobre cómo será la relación entre Procuración y Fiscalía Anticorrupciónfigura a su vez el vínculo entre los integrantes de la nueva dependencia y ladistribución de recursos humanos.
La iniciativa pone a los fiscalesadjuntos y al equipo técnico que conforma bajo la órbita exclusiva del FiscalAnticorrupción, pero al ser funcionarios del MPF tambiénestán sometidos a la autoridad del Procurador, a quien la Constitución y la leyorgánica le dan amplísimas facultades para disponer traslados yresponsabilidades.
Algo similar se observa sobre la facultad que tendrá el Fiscal Anticorrupción de delegar en fiscales locales la investigación de alguna causa. En caso de que el Procurador ordene a ese mismo agente fiscal a otra tarea o, incluso, lo traslade a otra parte de la provincia la duda que surge es qué prevalecerá.
El proyecto del Ejecutivo tambiénle otorga a la Fiscalía Anticorrupción la posibilidad de crear un cuerpoprofesional compuesto por contadores y técnicos informáticos que lo asistiráncon su tarea. Todos deberán concursar en el Consejo de la Magistratura paraello. Se presenta allí una doble problemática.
La primera es que actualmente el Ministerio tiene un Gabinete con personal nombrado por García que cumple esas tareas. Queda abierto el interrogante de qué ocurrirá con quienes lo integran, sobre todo debido a la actuación que han tenido en causas recientes.
En el juicio que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri, denominado “Megajuicio”, porcaso, se conoció que las pericias informáticas las realizaron ingenierosbiomédicos sin incumbencia profesional y sin matrícula para hacer la tarea, queuna contadora hizo un cruce de llamados telefónicos y que otro profesionalcontable realizó informes donde la suma de la cifras parciales no coincidíancon el número que figuraba en el total y donde los porcentajes acumulados degráficos de torta sumaban 122%.
El segundo aspecto es legal. Eltítulo que se les otorga a los profesionales que actuarán bajo la égida delFiscal Anticorrupción es el de “peritos”. Sin embargo, el Código Procesal Penalestablece que las pericias solo pueden ser realizadas por peritos designadospor el Superior Tribunal de Justicia.
Los profesionales de la FiscalíaAnticorrupción sólo podrán realizar entonces informes técnicos (con menor valorprobatorio que una pericia pues es información de una parte) o actuar comoperitos de la Fiscalía en las pericias que realice un profesional designado porel Superior Tribunal de Justicia.
Otro aspecto que llama la atenciónes que los profesionales técnicos de la Fiscalía Anticorrupción serándesignados por el Poder Ejecutivo, según indica el articulado enviado porBordet a Diputados. Es que por la autonomía funcional el MPF, los empleadosdeberían ser nombrados por el Procurador y no por otro poder del Estado.
En tanto, donde también se diluiría la líneade separación de poderes, según observaron en Tribunales, es en el artículoséptimo del proyecto del Gobierno que tratará la Legislatura.
El apartado indica: “Si de lainvestigación practicada por la Fiscalía Anticorrupción resultare que el hechoinvestigado no constituye delito sino una violación de normas administrativas ode cualquier orden que no requieren intervención del sistema penal, el FiscalAnticorrupción anoticiará de las resultas de la investigación al funcionariopúblico de rango superior donde se hubieren desarrollado los hechos quemotivaron las investigaciones, a los efectos que resulten pertinentes”.
El proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión de Diputados, donde será girado a comisiones y luego de que se produzca el dictamen, llevado ante el pleno para su tratamiento.
El razonamiento que se sigue enTribunales es que si no hay delito, fenece la acción de la Fiscalía. Y quedarle parte al Ejecutivo o al Legislativo de lo ocurrido es una sobreabundanciaque no se justifica.
Fuente: APF.
