La jueza de Garantías de Paraná,Marina Electra Barbagelatta, rechazó este miércoles el planteo de recusacióncontra los dos fiscales que investigaron la causa de los contratos en laLegislatura, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. La misma decisión tomó en elmismo planteo contra la fiscal de coordinación Mónica Carmona y al ProcuradorGeneral de la Provincia, Jorge Amílcar García.
Los cuestionamientos habían sidoformulados por los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, IvánVernengo, Damián Petenatti, Emilio Fouces, Leopoldo Cappa, José Velázquez yLeonardo Schonfeld.
Los defensores sostuvieron en laaudiencia del 12 de agosto, que los fiscales Yedro y Aramberry violaron elprincipio de objetividad de la investigación penal preparatoria.
Este miércoles, la juezaBarbagelata dio a conocer su rechazo a dichos cuestionamientos al trabajo delos fiscales. «La crítica formulada corresponde a una diferente valoración a una actitud probatoria de los elementoscolectados en la investigación penal preparatoria», dijo la magistrada, yseñaló que ello se verifica cuando el abogado Emilio Fouces -defensor de SergioCardoso, José Javier Schneider y Jorge Fabián Lazzaro- sostuvo que susdefendidos son imputados «solo por hacer su trabajo».
«En relación a este punto, deboseñalar que lo que el doctor Fouces diga es legítimo. El letrado estálegitimado a considerar a que eso es lo que está pasando en esta investigación,pero la convicción de Fouces no implica que el posicionamiento contrario de laFiscalía se transforme en un infractor del deber de objetividad», explicó.
En esa línea, manifestó que va aser en la audiencia de remisión de la causa a juicio donde se «va permitirhacer un análisis no muy exhaustivo, pero razonable respecto de las razones porla que Cardoso, Schneider o Lázzaro, en su lugar de trabajo, en calidad defuncionarios públicos, cometieron un delito o no».
García, Carmona, Aramberry y Yedro.
Más adelante, entendió que «losrecusantes no pudieron individualizar ningún elementos que pusiera de relievela alegada existencia de un interés diverso del propio ejercicio de lapersecución penal, inherente a la función de la Fiscalía. Siendo ladisconformidad con las conclusiones fiscales en el requerimiento a elevación ajuicio lo que funda la critica al Ministerio Público Fiscal, todo lo cualdeberá ventilarse en la etapa procesal oportuna».
Asimismo, reiteró que no advirtióla pérdida de objetividad ni un apartamiento de las normas de la Convención dela Lucha contra la Corrupción ni de la Ley 26.097 (Convención de las NacionesUnidas contra la Corrupción).
Por último, la jueza rechazó lasrecusaciones contra el Procurador General y la Fiscal Coordinadora, queformularon los abogados Vartorelli y Cullen.
Al respecto, dijo que sus dichos«se resumen a manifestaciones genéricas, dogmáticas y extemporáneas, porque loplaneado en la audiencia pasada no formó parte del escrito de recusación que sele corrió traslado al Procurador».
Los 32 los imputados en la causa
Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
El pedido de remisión a juicio sobreviene luego de la finalización de la pericia contable. La tesis de la Fiscalía es que en ese período de tiempo se produjo un perjuicio económico a la Legislatura de $2.000 millones.
Fuetne: Entre Ríos Ahora.
