El trámite a cargo de la jueza de Garantías Marian Electra Barbagelata, que involucra a los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, se reprogramó para el 11 de agosto, a las 16.
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro.
L
a audiencia de recusación de los
fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes llevan adelante la
investigación penal en torno a la causa de los contratos truchos en la
Legislatura, fue aplazada. El trámite está a cargo de la jueza de Garantías
Marian Electra Barbagelata, previsto para este miércoles 4, se reprogramó para
el miércoles 11 de agosto, a las 16.
El
aplazamiento se produjo en respuesta a un pedido de los propios representantes
del Ministerio Público Fiscal.
El aplazamiento se produjo en
respuesta a un pedido de los propios representantes del Ministerio Público Fiscal.
En primer lugar, dijeron en la presentación ante la Oficina de Gestión de
Audiencias (OGA), la fiscal Yedro “tiene licencia solicitada y concedida con
anterioridad para los días 3 y 4 de agosto del año en curso por motivos
personales en tanto que el Dr. Aramberry tiene prevista la realización de
audiencias en sede de Fiscalía, fijadas también con anterioridad, para el día 5
de agosto”.
“Siendo esta una audiencia en la cual se va a tratar el apartamiento de los suscriptos de la investigación, es indispensable que se desarrolle con nuestra asistencia por lo cual solicitamos la reprogramación de la audiencia fijada por la Sra. Directora, a partir del día 6 de agosto, dejando desde ya expresada nuestra intención de concurrir personalmente a la misma”, argumentan lo fiscales.
La fijación de la audiencia de
recusación ocurrió después de que la jueza Barbagelata se declarase competente
para seguir tratamiento la causa de los contratos en la Legislatura, y de ese
modo el rechazo al pedido de inhibición formulado por el juez federal Daniel
Alonso. La consecuencia es que ahora el caso llegará a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para que dirima la competencia.
“Habiendo la señora Jueza de Garantías
N° 1 de Paraná denegado la inhibición requerida, manteniendo de esta forma la
procedencia del fuero ordinario y la competencia de la Justicia de la Provincia
de Entre Ríos para seguir entendiendo en la causa caratulada Beckman Flavia
Marcela s/ Defraudación a la Administración Pública. Asociación Ilícita –Legajo
de O.G.A. N° 10.668 (Legajo de Fiscalía N° ° 87.993) y, no reconociendo esta
Magistratura tal competencia y jurisdicción, corresponde hacer saber a la misma
que se mantiene la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de
Paraná –con competencia electoral- y que, en consecuencia, se elevarán las
actuaciones a la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación –superior común-,
invitando a la Señora Jueza de Garantías N° 1 de Paraná a remitir las propias
al citado superior común, al haber quedado trabado el conflicto positivo de
competencia”, dice la resolución de la Justicia Federal.
Las recusación fue presentada a principios de junio por los defensores de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, de Alfredo Bilbao, Ariel Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea De Martín, Nicolás Beber, Sergio Esteban Cardoso, Fabián Jorge Lázaro, José Javier Schneider.
Al plantear la recusación, en líneas
generales los letrados invocaron una violación del principio de objetividad en
el escrito de remisión a juicio. Algunos cuestionaron el rol que tuvieron en
2019, cuando se conoció que la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche -quien
se apartó del caso- compartió un fideicomiso y una relación comercial con el
imputado Pedro Opromolla en la propiedad de un departamento.
Tras el rechazo por escrito, ahora se
realizará una audiencia donde el Jefe de Fiscales, Jorge García, y la fiscal de
Coordinación, Mónica Carmona, deberán discutir el asunto en audiencia.
Cabe señalar también que a principios de junio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal preparatoria y solicitaron a la jueza de Garantías la elevación de la causa a juicio.
Yedro y Aramberry solicitaron prorrogar la audiencia de recusación (Foto: Análisis)
Sin embargo, un mes después, el
miércoles 9 de junio, el juez Federal Nº 2 de Paraná, Edgardo Daniel Alonso,
declaró la competencia de la Justicia Federal para entender en la causa y
requirió el expediente a la jueza Barbagelata.
Recientemente, la magistrada rechazó
que el expediente pase a la Justicia Federal. Por tanto, se dio un conflicto de
competencia que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La investigación cobró notoriedad en
septiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuesto
desfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratos
irregulares de personal en Diputados y en Senadores.
El 1º de junio, los fiscales Patricia
Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal
preparatoria y presentaron el pedido de elevación a juicio del expediente. En
el escrito, de más de 500 páginas, sostienen que el monto sustraído de la
Legislatura en el período investigado asciende a 52.927.878,50 dólares, lo que
actualizado a mayo de este año (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) sería
de $4.961.988.609.
Son 32 los imputados en la causa:
Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María
Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure;
Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena
Giovenni; María Macarena Álvarez; Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban
Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni;
Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani;
Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan
Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber;
Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
