La audiencia de recusación de losfiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes llevan adelante lainvestigación penal en torno a la causa de los contratos truchos en laLegislatura, fue aplazada. El trámite está a cargo de la jueza de GarantíasMarian Electra Barbagelata, previsto para este miércoles 4, se reprogramó parael miércoles 11 de agosto, a las 16.
Elaplazamiento se produjo en respuesta a un pedido de los propios representantesdel Ministerio Público Fiscal.
El aplazamiento se produjo enrespuesta a un pedido de los propios representantes del Ministerio Público Fiscal.En primer lugar, dijeron en la presentación ante la Oficina de Gestión deAudiencias (OGA), la fiscal Yedro “tiene licencia solicitada y concedida conanterioridad para los días 3 y 4 de agosto del año en curso por motivospersonales en tanto que el Dr. Aramberry tiene prevista la realización deaudiencias en sede de Fiscalía, fijadas también con anterioridad, para el día 5de agosto”.
“Siendo esta una audiencia en la cual se va a tratar el apartamiento de los suscriptos de la investigación, es indispensable que se desarrolle con nuestra asistencia por lo cual solicitamos la reprogramación de la audiencia fijada por la Sra. Directora, a partir del día 6 de agosto, dejando desde ya expresada nuestra intención de concurrir personalmente a la misma”, argumentan lo fiscales.
La fijación de la audiencia derecusación ocurrió después de que la jueza Barbagelata se declarase competentepara seguir tratamiento la causa de los contratos en la Legislatura, y de esemodo el rechazo al pedido de inhibición formulado por el juez federal DanielAlonso. La consecuencia es que ahora el caso llegará a la Corte Suprema deJusticia de la Nación para que dirima la competencia.
“Habiendo la señora Jueza de GarantíasN° 1 de Paraná denegado la inhibición requerida, manteniendo de esta forma laprocedencia del fuero ordinario y la competencia de la Justicia de la Provinciade Entre Ríos para seguir entendiendo en la causa caratulada Beckman FlaviaMarcela s/ Defraudación a la Administración Pública. Asociación Ilícita –Legajode O.G.A. N° 10.668 (Legajo de Fiscalía N° ° 87.993) y, no reconociendo estaMagistratura tal competencia y jurisdicción, corresponde hacer saber a la mismaque se mantiene la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 deParaná –con competencia electoral- y que, en consecuencia, se elevarán lasactuaciones a la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación –superior común-,invitando a la Señora Jueza de Garantías N° 1 de Paraná a remitir las propiasal citado superior común, al haber quedado trabado el conflicto positivo decompetencia”, dice la resolución de la Justicia Federal.
Las recusación fue presentada a principios de junio por los defensores de Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada, de Alfredo Bilbao, Ariel Roberto Faure, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, Andrea De Martín, Nicolás Beber, Sergio Esteban Cardoso, Fabián Jorge Lázaro, José Javier Schneider.
Planteos contra los fiscales
Al plantear la recusación, en líneasgenerales los letrados invocaron una violación del principio de objetividad enel escrito de remisión a juicio. Algunos cuestionaron el rol que tuvieron en2019, cuando se conoció que la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche -quiense apartó del caso- compartió un fideicomiso y una relación comercial con elimputado Pedro Opromolla en la propiedad de un departamento.
Tras el rechazo por escrito, ahora serealizará una audiencia donde el Jefe de Fiscales, Jorge García, y la fiscal deCoordinación, Mónica Carmona, deberán discutir el asunto en audiencia.
Cabe señalar también que a principios de junio, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penal preparatoria y solicitaron a la jueza de Garantías la elevación de la causa a juicio.
Yedro y Aramberry solicitaron prorrogar la audiencia de recusación (Foto: Análisis)
Sin embargo, un mes después, elmiércoles 9 de junio, el juez Federal Nº 2 de Paraná, Edgardo Daniel Alonso,declaró la competencia de la Justicia Federal para entender en la causa yrequirió el expediente a la jueza Barbagelata.
Recientemente, la magistrada rechazóque el expediente pase a la Justicia Federal. Por tanto, se dio un conflicto decompetencia que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La causa
La investigación cobró notoriedad enseptiembre de 2018 y generó un alto impacto por el volumen del supuestodesfalco que se habría producido a las arcas del Estado mediante contratosirregulares de personal en Diputados y en Senadores.
El 1º de junio, los fiscales PatriciaYedro e Ignacio Aramberry dieron por concluida la investigación penalpreparatoria y presentaron el pedido de elevación a juicio del expediente. Enel escrito, de más de 500 páginas, sostienen que el monto sustraído de laLegislatura en el período investigado asciende a 52.927.878,50 dólares, lo queactualizado a mayo de este año (cotización dólar oficial $93,75 al 28/05) seríade $4.961.988.609.
Son 32 los imputados en la causa:Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; MaríaVictoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure;Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín MenaGiovenni; María Macarena Álvarez; Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio EstebanCardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni;Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani;Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; JuanDomingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber;Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
Fuente: Entre Ríos Ahora.
