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esde el Ejecutivo provincial se manejó, a fines del 2024, la posibilidad de disolver el Ente Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), idea que finalmente no fue anunciada de manera oficial.

Ahora, pocos meses después, desde la oposición surgió una alternativa para poner fin a la presencia del organismo, y la propuesta vino del lado de la oposición.

En este marco, la senadora del PJ Patricia Díaz, presentó un proyecto de ley que establece la disolución del EPRE, transfiriendo sus competencias a la Secretaría de Energía.

Patricia Díaz.

La legisladora de Departamento La Paz, fundamento la iniciativa recordando: “El EPRE fue creado por la Ley Provincial Nº 8.916 como un organismo independiente para regular la actividad eléctrica en Entre Ríos”.

Y añadió: “No obstante, con la recuperación estatal del servicio mediante Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima), la existencia del EPRE se ha vuelto innecesaria, dado que el Estado no requiere regularse a sí mismo”.

En su proyecto, Díaz propone:

- Eliminar el EPRE como organismo autónomo. Transferir sus funciones a la Secretaría de Energía para una gestión unificada.

- Eliminar la tasa de fiscalización y control que se traslada a los usuarios.

- Reducir el gasto público y evitar duplicaciones administrativas.

Argumentos 

De acuerdo a lo que señala Díaz en el proyecto que ingresó este jueves y fue girado a la Comisión de Legislación General del Senado: "Actualmente, el EPRE se encuentra intervenido y sin normalizar su estructura desde hace años, lo que refuerza la necesidad de su eliminación. La Secretaría de Energía ya cumple con tareas de regulación, por lo que absorber sus funciones evitaría redundancias y optimizaría la administración pública”.

Más adelante, la senadora apuntó en relación con el impacto económico y tarifario que conlleva su propuesta: “El EPRE se financia mediante una tasa del 1,8% sobre la facturación de los usuarios, lo que significa que su existencia representa un costo directo para los consumidores. La eliminación de esta tasa implicaría una reducción en el precio final del servicio eléctrico, aliviando el impacto de los recientes aumentos tarifarios producto de la eliminación de subsidios nacionales”.

Juan Domingo Zacarías, interventor del EPRE.

Por otra parte, se subraya que la disolución del EPRE evitaría el pago de sueldos elevados y dietas de sus directores y funcionarios, generando un importante ahorro para la provincia.

Finalmente, la iniciativa aborda el destino del personal del organismo, definiendo su reubicación, como así también se detalla lo que podría suceder con los recursos del EPRE.

En cuanto a los trabajadores, explica que queda garantizado el hecho de que ninguno perderá su empleo, ya que la totalidad del personal será reubicado en la Secretaría de Energía o en otras áreas del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

Al mismo tiempo, establece que los bienes y activos del EPRE serán transferidos a la Secretaría de Energía, asegurando su utilización para la regulación y control del servicio sin necesidad de sostener una estructura innecesaria.