Ocurrió en la legislatura bonaerense. Es similar al que se conoció en Entre Ríos en 2018. El imputado tenía 48 tarjetas de débito de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El fallo se sostuvo en la actuación policial.
L
a Justicia bonaerense dispuso este jueves la inmediata libertad de Julio Segundo Rigau, alias Chocolate. Se trata del hombre que está detenido desde hace casi dos semanas luego de haber sido encontrado retirando dinero de 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados provincial.
La
decisión fue de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, con votos
de los jueces Fernando Mateos, Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides. En
el planteo, la defensa había alegado que la intervención policial no estaba
solventada legalmente.
"No existía hecho objetivo que habilitara la requisa de su intimidad, la que no fue autorizada por Rigau. El obrar abusivo se configuró con el proceder del personal policial al violentar -sin orden del juez ni acreditación de sospecha razonable", plantearon los abogados Alfredo Julio María Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón.
Los argumentos de los jueces
Según
consigna Perfil, de acuerdo a la resolución judicial, el juez Mateos abrió la
votación con una disidencia al resultado del fallo. Según él, el hábeas corpus
no debía prosperar dado que entendió: "No se observa aquí y ahora que el
desenvolvimiento del personal policial interviniente no se haya ajustado al
marco de legalidad".
"En
el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y
objetivamente permitieron justificar el accionar policial", opinó el magistrado.
Seguidamente, Benavides planteo: "No puedo acompañar el voto de mi colega que me precede en orden de votación. Por el contrario, a su criterio, el hábeas corpus debe ser acogido favorablemente y en consecuencia declararse la nulidad del acta de procedimiento inicial, los actos subsecuentes y disponerse la inmediata libertad del encausado".
"Entiendo
que la actuación del personal policial que requiso sin orden judicial a Julio
Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado
por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos
allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en un estado de
sospecha razonada o causa probable", expresó en su voto.
El
juez dijo: "La circunstancia de realizar operaciones en un cajero
automático por 20 minutos "no habilita la requisa sin orden judicial que
se le efectuara a Julio Rigau". Además, el magistrado relató: "Al ser
aprehendido, los efectivos ni siquiera sabían por qué estaban aprehendiendo al
encausado, en tanto se lo imputo del delito de Hurto, lo cual refleja una
actitud de los efectivos policiales".
A
su turno, Villordo, el tercer magistrado en votar, se plegó a la postura
anterior y votó por hacer lugar al hábeas corpus.
El
fallo de la Cámara plantense llegó a los investigadores en una jornada en la
que se estaban llevando a cabo declaraciones testimoniales de varios de los
titulares de las tarjetas de débito. La causa estaba en manos del juez de
Instrucción Federico Atencio y la fiscal Betina Lacki.
Al conocerse el fallo, el mismo medio señaló que fuentes judiciales indicaron que por el momento la instrucción, que estaba en manos de la fiscal, no podrá continuar con la investigación. Para que haya un cierre definitivo de la causa debería apelar el fiscal de la Cámara ante el Tribunal de Casación.
Este
caso tiene reminiscencias con lo ocurrido en la provincia de Entre Ríos, con la
denominada causa Contrato Truchos, que salió a la luz en 2018, gracias a los
allanamientos que se hicieron en dos estudios contables, los cuales se pudo
constatar que estaban relacionados con la legislatura de la provincia.
Ambos
estudios trabajaban para un sistema ilícito de contrataciones hechas en el seno
de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pero se cobraba justamente
en dichos estudios, a través de un mecanismo que estuvo en funcionamiento entre
2008 y 2018 y perjudicó a las arcas del Estado entrerriano en una suma cercana
a los 2.000 millones de pesos.
Cabe
recordar que el caso legó hasta el ex gobernador Sergio Urribarri, y generó la
destitución de la por entonces procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, de
estrecho vínculo con uno de los estudios involucrados.