Viernes 22 de septiembre de 2023
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Política
Quedó libre el de los contratos truchos

Ocurrió en la legislatura bonaerense. Es similar al que se conoció en Entre Ríos en 2018. El imputado tenía 48 tarjetas de débito de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El fallo se sostuvo en la actuación policial.

Rigaulegislatura
Liberan a Rigau, el puntero de las 48 tarjetas de débito, y declaran nula la causa.

L

a Justicia bonaerense dispuso este jueves la inmediata libertad de Julio Segundo Rigau, alias Chocolate. Se trata del hombre que está detenido desde hace casi dos semanas luego de haber sido encontrado retirando dinero de 48 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados provincial.

La decisión fue de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, con votos de los jueces Fernando Mateos, Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides. En el planteo, la defensa había alegado que la intervención policial no estaba solventada legalmente.

"No existía hecho objetivo que habilitara la requisa de su intimidad, la que no fue autorizada por Rigau. El obrar abusivo se configuró con el proceder del personal policial al violentar -sin orden del juez ni acreditación de sospecha razonable", plantearon los abogados Alfredo Julio María Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón.

Lo que dice el archivo

Los argumentos de los jueces

Según consigna Perfil, de acuerdo a la resolución judicial, el juez Mateos abrió la votación con una disidencia al resultado del fallo. Según él, el hábeas corpus no debía prosperar dado que entendió: "No se observa aquí y ahora que el desenvolvimiento del personal policial interviniente no se haya ajustado al marco de legalidad".

"En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial", opinó el magistrado.

Seguidamente, Benavides planteo: "No puedo acompañar el voto de mi colega que me precede en orden de votación. Por el contrario, a su criterio, el hábeas corpus debe ser acogido favorablemente y en consecuencia declararse la nulidad del acta de procedimiento inicial, los actos subsecuentes y disponerse la inmediata libertad del encausado".

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"Entiendo que la actuación del personal policial que requiso sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en un estado de sospecha razonada o causa probable", expresó en su voto.

El juez dijo: "La circunstancia de realizar operaciones en un cajero automático por 20 minutos "no habilita la requisa sin orden judicial que se le efectuara a Julio Rigau". Además, el magistrado relató: "Al ser aprehendido, los efectivos ni siquiera sabían por qué estaban aprehendiendo al encausado, en tanto se lo imputo del delito de Hurto, lo cual refleja una actitud de los efectivos policiales".

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A su turno, Villordo, el tercer magistrado en votar, se plegó a la postura anterior y votó por hacer lugar al hábeas corpus.

El fallo de la Cámara plantense llegó a los investigadores en una jornada en la que se estaban llevando a cabo declaraciones testimoniales de varios de los titulares de las tarjetas de débito. La causa estaba en manos del juez de Instrucción Federico Atencio y la fiscal Betina Lacki.

Al conocerse el fallo, el mismo medio señaló que fuentes judiciales indicaron que por el momento la instrucción, que estaba en manos de la fiscal, no podrá continuar con la investigación. Para que haya un cierre definitivo de la causa debería apelar el fiscal de la Cámara ante el Tribunal de Casación.

Lo que dice el archivo


Este caso tiene reminiscencias con lo ocurrido en la provincia de Entre Ríos, con la denominada causa Contrato Truchos, que salió a la luz en 2018, gracias a los allanamientos que se hicieron en dos estudios contables, los cuales se pudo constatar que estaban relacionados con la legislatura de la provincia.

Ambos estudios trabajaban para un sistema ilícito de contrataciones hechas en el seno de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pero se cobraba justamente en dichos estudios, a través de un mecanismo que estuvo en funcionamiento entre 2008 y 2018 y perjudicó a las arcas del Estado entrerriano en una suma cercana a los 2.000 millones de pesos.

Cabe recordar que el caso legó hasta el ex gobernador Sergio Urribarri, y generó la destitución de la por entonces procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, de estrecho vínculo con uno de los estudios involucrados.


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