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a diputada nacional Gisela Marziotta, con el respaldo de los distintos sectores del Frente de Todos, convocó a una audiencia con el objetivo de debatir un proyecto de ley que tipifique los delitos de “lawfare”, es decir, la estrategia de guerra por la “vía judicial-mediática”,

Esto es lo que el oficialismo asegura está sufriendo la vicepresidenta Cristina Fernández en las causas que la investigan por presuntos hechos de corrupción.

A una semana de la escalada de tensión política que incluyó el intento de asesinato de la vicepresidenta, la legisladora encabezó una reunión, en la sala 2 del Anexo del Congreso de la Nación, donde anticipó una iniciativa del diputado Ramiro Gutiérrez (FdT), que se presentaría en la Cámara Baja en la próxima semana.

En su intervención, el legislador massista consideró la necesidad de una legislación destinada a frenar el uso de lo que denominó como “herramientas ilegales” para perseguir a dirigentes políticos y sociales. 

Lo que se evalúa es una pena de 6 a 10 años para los magistrados que cercenen los derechos políticos de otra persona, según detalló uno de los autores de proyecto. 

Esta propuesta sin dudas va a desatar un extenso debate en el Congreso Nacional, y es de esperar que la oposición no de su acompañamiento, mientras que los legisladores pertenecientes al PJ, probablemente respaldarán el proyecto.

No obstante, habrá que esperar, ya que no existe hasta el momento ninguna certeza de la decisión que tomarán los diputados del FdT.

La diputada Gisela Marziotta en la audiencia para debatir un proyecto que regule el "lawfare".

Ni el kirchnenerista Tomás Ledesma, ni Blanca Osuna, Marcelo Casaretto y Carolina Gaillard, quienes también pertenecen al justicialismo, aunque no tan vinculados a la vicepresidenta como el legislador de La Campora, se han pronunciado en declaraciones o redes sociales sobre el proyecto.

Tampoco lo hicieron los cinco diputados pertenecientes a Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, Gustavo Hein, Gabriela Lena, Marcela Antola y Pedro Galimberti.

En cuanto a la dirigencia provincial del partido justicialista, por ahora se ha llamado al silencio en relación con la iniciativa.