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l Superministro de Economía Sergio Massa firmó su primera Decisión Administrativa (DA), donde dispuso reducir las partidas de gastos hasta fin de 2022 en 6 Ministerios por un total de $210.000 millones y ampliar la asistencia a la Tesorería en $82.000 millones. La medida forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y recae sobre 7 áreas.

“Las modificaciones de los créditos presupuestarios de las áreas involucradas en la reorganización ministerial del Poder Ejecutivo Nacional establecida mediante el Decreto N° 451 del 3 de agosto de 2022 se realizan con cargo a las denominaciones presupuestarias de origen” buscan avanzar en la dirección de reducir el déficit de la finanzas de la Administración Central.

Los recortes de Massa

Los mayores recortes del ministro de Economía recaen inicialmente sobre 7 áreas:

- Ministerio de Desarrollo Productivo, para el financiamiento de la producción: -$70.000 millones;

- Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Planificación: -$50.000 millones;

- Ministerio de Educación, Conectar Igualdad: -$50.000 millones;

- Ministerio de Obras Públicas, Recursos Hídricos: -$20.000 millones;

- Ministerio de Transporte, Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo: -$10.000 millones;

- Ministerio de Salud, Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles: -$10.000 millones.

Por el contrario, los ministros Manzur y Massa dispusieron el aumento del crédito presupuestario de la Tesorería General de la Nación en $82.000 millones, para Asistencia en Servicios Económicos (”otras asistencias financieras”).

Decisión Administrativa 826.

A través de la D.A. 826 del 20 de agosto publicada en el Boletín Oficial de este lunes 22, con un Anexo de 22 folios en el que se detallan los recortes presupuestarios en diversas áreas del Poder Ejecutivo y sólo la ampliación de una partida.

En principio, la ampliación implicará un ahorro final de una cifra similar, equivalente 3,1% del déficit fiscal total que se proyectaba hasta el viernes último en $4,09 billones, y ahora se prevé que baje a $3,95 billones, antes del efecto esperado con la baja proporcional de subsidios económicos por unos $47.000 millones con la formalización de la segmentación tarifaria de los servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua.