Lo solicitó el Colegio de la Abogacía al Superior Tribunal frente el paro de judiciales en demanda de la aplicación de la Ley de Enganche Salarial. El CAER pidió que se arbitren todos los medios y facultades para evitar la suspensión.
El paro de 48 horas de los trabajadores judiciales comenzará este miércoles.
E
l presidente del Colegio de Abogacía (CAER), Alejandro Canavesio, presentó una nota al Superior Tribunal de Justicia (STJ) donde solicita que se garantice el servicio de justicia ante el paro de 48 horas anunciado por los trabajadores enmarcados en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), quienes reclaman la aplicación de la Ley de Enganche Salarial.
En la nota del CAER se expresa “la incertidumbre e intranquilidad” ante las “medidas de fuerza extremas, como un paro de 48 horas” por parte del gremio de empleados judiciales y solicita al STJ que “arbitre todos los medios y facultades, ordinarios y extraordinarios, que posee a fin de evitar la suspensión del servicio de justicia”.
La Asociación
Judicial de Entre Ríos (AJER) decidió ir a un paro de 48 horas, entre miércoles y
jueves, en demanda de la aplicación de la Ley de Enganche Salarial.
La decisión del Colegio de la Abogacía
de Entre Ríos de peticionar ante las máximas autoridades de la justicia
entrerriana por el paro de los judiciales surgió de la reunión del Consejo
Directivo realizada el día sábado pasado en Colón y fue apoyada por los
presidentes de Sección.
En la nota se manifiesta la “incertidumbre e
intranquilidad que padecemos los profesionales del derecho entrerrianos ante la
decisión de realizar medidas de fuerza extremas, como un paro de 48 hs. sin asistencia a los
lugares de trabajo y con quite de colaboración el miércoles 1° y el jueves 2 de
septiembre próximos, por parte del gremio Asociación Judicial de Entre Ríos, lo
que implica, ni más ni menos, la
paralización total de servicio de justicia y la consecuente privación de la
tutela judicial continua y efectiva en nuestra provincia.”
Además, se remarca que desde el
Colegio de la Abogacía se “ha intentado, desde el mes de junio pasado con la
convocatoria a una Mesa de diálogo, que todos los actores del servicio de
judicial entrerriano podamos superar la difícil situación de salubridad, social
y económica que afecta a nuestro país y a nuestra provincia”.
“No podemos perder de vista que estas
decisiones gremiales afectan a los ciudadanos que peticionan justicia, pero
fundamentalmente a los sectores socialmente más vulnerables”, sostienen los
abogados en la nota.
Por esto, desde el CAER peticionan
“que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos arbitre todos los medios y
facultades, ordinarios y extraordinarios, que posee a fin de evitar la
suspensión del servicio de justicia, en especial las audiencias y la atención
de los profesionales y que las resoluciones y sentencias decisiones
peticionadas por las partes sean “decididos en tiempo razonable, sin dilaciones
indebidas”.
El 26 de octubre de 2011, la
Legislatura sancionó la Ley N° 10.068 que estableció que “a las remuneraciones
de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial se
les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto
disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder
Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas
tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y
abonarlas íntegramente”.
AJER anunció un paro de 48 horas a partir de este miércoles.
Es lo que se conoce como Ley de
Enganche Salarial. La vigencia de la Ley
de Emergencia Solidaria, que la Legislatura sancionó en julio de 2020 y que
tuvo vigencia hasta junio último, dejó en suspenso la aplicación de esa ley y
por tanto los salarios de los judiciales fueron resueltos por el Poder
Ejecutivo. Pero sin Ley de Emergencia, la Asociación Judicial de Entre Ríos
(AJER) salió a alertar que la Ley de Enganche sigue suspendida, y por eso
resolvieron ir al paro en los Tribunales de la Provincia.
Tras conocer el texto del decreto N°
1.805, del 15 de julio último, a través del cual el Gobierno dispuso un aumento
de salarios del 8% sobre los haberes de febrero «al Escalafón Judicial y del
Tribunal de Cuentas», los trabajadores decidieron iniciar medidas de fuerza
para reclamar la restitución de la aplicación de la Ley de Enganche.
