El 1° de junio último el Ministerio Público Fiscal pidió elevar a juicio oral la megacausa de los contratos supuestamente apócrifos en la Legislatura entrerriana, una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desfalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.

En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalan que "encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados antes nombrados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a Juicio, previa realización de la audiencia". 

La petición fue elevada a la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.

Son 32 los imputados en la causa. El pedido de remisión a juicio sobreviene luego de la finalización de la pericia contable. La tesis de la Fiscalía es que en ese período de tiempo se produjo un perjuicio económico a la Legislatura de $2.000 millones. 

Esa afirmación fue cuestionada por los defensores de los imputados en la investigación, quienes pidieron una pericia contable independiente a cargo de un perito que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Pero menos de diez días después, el juez federal de Paraná Daniel Alonso acogió favorablemente un planteo de un grupo de defensores de la causa contratos, y dispuso que la causa pase a la órbita de la Justicia Federal.

El juez hizo lugar al pedido de los abogados Emilio Fouces, (defensor de Sergio Cardoso), José Velázquez (por Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Hugo Mena), Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez y Pedro Opromolla) y Damián Petenatti e Iván Vernengo (por Alfredo Bilbao).

Los letrados habían planteado que la causa debía pasar al ámbito de la Justicia Federal puesto que existiría prueba que indican que los fondos investigados tendrían como fin “aportes y/o financiamiento” de campañas políticas partidarias en el período comprendido entre 2008 y 2018.

Al respecto, mencionaron que en octubre de 2019 se incorporó al caso documentación que un desconocido dejó en la puerta del estudio del abogado Miltón Urrutia, en la que surge la entrega y/o retiro de fondos bajo la leyenda “Gastos Sen., Duplicados Diputados …” donde se consigna a diversas personas del ámbito político que supuestamente habrían retirado dinero a los fines de afrontar gastos de la campaña política. Después, ocurrió la presentación de la recusación a los fiscales Yedro y Aramberry.

El caso tendría otro giro cuando el 26 de julio se conoció la resolución de la juez de Garantías Marina Barbagelata que rechazó la inhibitoria para seguir tramitando la causa penal que investiga la supuesta existencia de contrataciones truchas de personal en la Legislatura.

En su extensa resolución, la magistrada sostiene que «al analizar los hechos que constituyen la acusación, los fundamentos del requerimiento de remisión a juicio, los medios de prueba que se proponen para el juicio, y las disposiciones legales que se consideran aplicables, su correlación con los hechos y con la intervención que atribuye a los imputados, concluyo sin lugar a dudas, que por la materia y las personas, la investigación o, mejor, el juzgamiento de los hechos de la causa Beckman, son de competencia ordinaria».

La resolución de Barbagelata tuvo repercusión en los Tribunales federales. El juez Alonso firmó el viernes 30 de julio una resolución en la que señaló: "Habiendo la Señora la Jueza de Garantías N° 1 de Paraná denegado la inhibición requerida, manteniendo de esta forma la procedencia del fuero ordinario y la competencia de la Justicia de la Provincia de Entre Ríos para seguir entendiendo en la causa caratulada Beckman Flavia Marcela s/ Defraudación a la Administración Pública. Asociación Ilícita –Legajo de O.G.A. N° 10.668 (Legajo de Fiscalía N° ° 87.993) y, no reconociendo esta Magistratura tal competencia y jurisdicción, corresponde hacer saber a la misma que se mantiene la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Paraná –con competencia electoral- y que, en consecuencia, se elevarán las actuaciones a la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación –superior común-, invitando a la Señora la Jueza de Garantías N° 1 de Paraná a remitir las propias al citado superior común, al haber quedado trabado el conflicto positivo de competencia".

De este modo, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver la competencia y definir qué juez sigue tramitando la causa de los contratos en la Legislatura.