La jueza de Garantías de Paraná, Marina Electra Barbagelatta, rechazó este miércoles el planteo de recusación contra los dos fiscales que investigaron la causa de los contratos en la Legislatura, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. La misma decisión tomó en el mismo planteo contra la fiscal de coordinación Mónica Carmona y al Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García.
Los cuestionamientos habían sido formulados por los abogados Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, Iván Vernengo, Damián Petenatti, Emilio Fouces, Leopoldo Cappa, José Velázquez y Leonardo Schonfeld.
Los defensores sostuvieron en la audiencia del 12 de agosto, que los fiscales Yedro y Aramberry violaron el principio de objetividad de la investigación penal preparatoria.
Este miércoles, la jueza Barbagelata dio a conocer su rechazo a dichos cuestionamientos al trabajo de los fiscales. «La crítica formulada corresponde a una diferente valoración a una actitud probatoria de los elementos colectados en la investigación penal preparatoria», dijo la magistrada, y señaló que ello se verifica cuando el abogado Emilio Fouces -defensor de Sergio Cardoso, José Javier Schneider y Jorge Fabián Lazzaro- sostuvo que sus defendidos son imputados «solo por hacer su trabajo».
«En relación a este punto, debo señalar que lo que el doctor Fouces diga es legítimo. El letrado está legitimado a considerar a que eso es lo que está pasando en esta investigación, pero la convicción de Fouces no implica que el posicionamiento contrario de la Fiscalía se transforme en un infractor del deber de objetividad», explicó.
En esa línea, manifestó que va a ser en la audiencia de remisión de la causa a juicio donde se «va permitir hacer un análisis no muy exhaustivo, pero razonable respecto de las razones por la que Cardoso, Schneider o Lázzaro, en su lugar de trabajo, en calidad de funcionarios públicos, cometieron un delito o no».
García, Carmona,
Aramberry y Yedro.
Más adelante, entendió que «los recusantes no pudieron individualizar ningún elementos que pusiera de relieve la alegada existencia de un interés diverso del propio ejercicio de la persecución penal, inherente a la función de la Fiscalía. Siendo la disconformidad con las conclusiones fiscales en el requerimiento a elevación a juicio lo que funda la critica al Ministerio Público Fiscal, todo lo cual deberá ventilarse en la etapa procesal oportuna».
Asimismo, reiteró que no advirtió la pérdida de objetividad ni un apartamiento de las normas de la Convención de la Lucha contra la Corrupción ni de la Ley 26.097 (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).
Por último, la jueza rechazó las recusaciones contra el Procurador General y la Fiscal Coordinadora, que formularon los abogados Vartorelli y Cullen.
Al respecto, dijo que sus dichos «se resumen a manifestaciones genéricas, dogmáticas y extemporáneas, porque lo planeado en la audiencia pasada no formó parte del escrito de recusación que se le corrió traslado al Procurador».
Los 32 los imputados en la causa
Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
El pedido de remisión a juicio sobreviene luego de la finalización de la pericia contable. La tesis de la Fiscalía es que en ese período de tiempo se produjo un perjuicio económico a la Legislatura de $2.000 millones.
Fuetne: Entre Ríos Ahora.
