El Gobierno publicó en el boletín oficial la ley 27.610 que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en conjunto con el Plan que busca garantizar la asistencia de la mujer embarazada y su hijo hasta los tres años de vida.
E
l Gobierno de la Nación reglamentó y publicó en el
Boletín Oficial la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Ley
de los 1.000 días, aprobadas por el Senado de la Nación el pasado 30 de
diciembre. Ambas iniciativas ya habían sido promulgadas por el presidente Alberto Fernández en enero de este año en un acto que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.
La ley 27.610, que legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive, fue aprobada en conjunto con el denominado Plan de los 1.000 días que busca garantizar la asistencia de la mujer embarazada y su hijo hasta los tres años de vida.
"Estamos haciendo una sociedad más igualitaria y más justa",
había dicho el jefe de Estado en esa oportunidad, al hablar de la norma que
amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención
en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.
“Hoy es un día de felicidad para todos porque estamos haciendo una
sociedad más igualitaria y más justa y lo hicimos entre todos y todas. Para mí
es un día de felicidad y algo más, porque cumplí mi palabra. Hice campaña
diciendo que iba a trabajar por esta ley y hoy lo conseguimos”, había afirmado
el mandatario al destacar que el aborto legal es "el resultado de una
lucha colectiva".
La iniciativa legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive y dispone
que fuera de ese plazo se podrá acceder, a través de las causales que contempla
hoy en día el aborto no punible: si el embarazo fuere resultado de una
violación y si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 516/2021
Además, da un tiempo máximo de 10 días corridos para que la persona
gestante acceda a un aborto seguro tras solicitarlo en los servicios de salud.
El proyecto también dispone la atención integral de su salud a lo largo de todo
el proceso, así como el acceso a información sobre métodos de anticoncepción.
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 516/2021, a través del cual se reglamenta la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (27610, sancionada el 30 de diciembre de 2020) y estableció como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Salud de la Nación.
Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total.
El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal. Despenaliza la práctica realizada con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplan las causales correspondientes.
Despenaliza la práctica realizada con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive.
Además, establece penas de tres meses a un año e “inhabilitación
especial por el doble del tiempo de la condena” a la autoridad de un
establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare
injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los
casos legalmente autorizados.
En tanto, el proyecto también fija una pena de “tres meses a un año” a
la persona gestante que, luego de la semana 14 “y siempre que no mediaren los
supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera
que otro se lo causare” y aclara que “podrá eximirse la pena cuando las
circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona
gestante no es punible”.
En el caso del Plan de los 1.000 días, apunta a "bajar la
mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo
los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera
integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de
vida”.
El plan establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral,
que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una
vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
El Plan extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE),
que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la
gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas
beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están
excluidas de este beneficio.
El Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos
esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y
ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta
Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de
garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
