La Policía de Entre Ríos aplicó sanciones que van desde el arresto hasta la separación de la fuerza a 43 oficiales y suboficiales que participaron de la toma de la Jefatura Departamental de Concordia.
A
través de un pedido de acceso a la información, el Ministerio
de Gobierno informó que 25 oficiales y suboficiales de la Policía de Entre Ríos
recibieron 50 días de arresto por su participación en los sucesos registrados
entre el 7 y el 9 de diciembre de 2013 en Concordia.
En esa oportunidad, los uniformados tomaron la Jefatura
Departamental y dejaron sin servicio de seguridad a la ciudad, generando las
condiciones para que se produzcan saqueos en comercios y supermercados que
tuvieron el saldo luctuoso de tres jóvenes muertos.
Además, 18 policías fueron cesanteados de la fuerza por haber
sido parte de esos mismos hechos.
Diferencias
El número total de 43 sancionados con medidas
administrativas, así como su integración con oficiales de alto rango, dejó en
evidencia a la acusación penal y a la posterior condena que recibieron los 17
uniformados en 2015 donde hay un solo oficial de bajo rango (Carlos Zaragoza) y
16 suboficiales.
De los condenados judicialmente, y cuya sentencia aún no
está firme dado que resta la audiencia de Casación y resolver un pedido de
prescripción, trece recibieron la sanción más dura: la cesantía en la fuerza.
Se trata de Juan Pedro Lacuadra; Carlos Rosas; Luis Gómez; Ricardo, Luis y
Maximiliano Andrés Paredes; José María Biderbos; Daniel Chávez; Romeo Fabián
Valdéz; Alfredo Imaz; Diego Differding; Luis Carlinoy Manuel Leandro Coutinho.
Por otro lado José Orlando Troncoso y Juan Manuel Rosas
recibieron una sanción menor: cincuenta días de arreto.
En el informe del Ministerio de Gobierno no figuran
sanciones administrativas contra Carlos Daniel Zaragoza (cuyo apellido le dio
nombre a la causa penal) ni a Hugo Fabricio Troncoso.
Zaragoza fue acusado de ser quien golpeó en el rostro al
entonces jefe departamental, Lucio Villalba, al momento en que los uniformados
ingresan por la fuerza a la sede policial. En filmaciones posteriores, apareció
con la mano vendada, pero no hubo pruebas para sostener la acusación y el cargo
de lesiones fue dejado de lado.
Otras sanciones
Además de los mencionados, recibieron arresto por 50 días:
- Oficial Sub Inspector Ramiro Martín Zaragoza;
- Oficial Sub Inspector Edilberto Cabrera;
- Oficial Sub Inspector Matías Ricardo Miranda;
- Oficial Sub Inspector Claudio Luis Geminiani;
- Ex oficial Sub Inspector Omar Rastelli;
- Sub oficial principal (RE) Antonio Moreno;
- Sargento Ayudante Raúl Orlando Ruiz Díaz;
- Sargento 1° Ramón Alberto Zarza;
- Sargento 1° César Marcelino Tupone Zacur;
- Ex sargento 1° Sebastián Matías Irutta;
- Sargento Esteban Eliseo Cendra. Su sanción fue apelada y
está pendiente de resolución. En la causa penal fue absuelto.
A los que tuvieron condena penal se les sumaron como
cesanteados:
- Sargento 1° Rodolfo Alcides Chávez;
- Sargento 1° Valentín Fernández;
- Sargento 1° Fernando Javier Ojeda;
- Sargento 1° Gerardo Leonel Gómez;
- Cabo 1° Matías Sebastián Aldaz.
Corresponde mencionar que Fulvio Paiz, a quien se le impuso
una sanción de arresto, es uno de los uniformados que aparece junto al ex
gobernador Sergio Daniel Urribarri en la foto tomada en la sede de Cafesg al
momento en que se firmó el acta acuerdo con las exigencias de los uniformados
rebeldes para volver a la actividad. En esa toma también aparece, con la ropa
policial, Gerardo Gómez, que recibió la cesantía.
Palabras y hechos
A pocos días de los hechos, el Procurador General Jorge
García afirmó en declaraciones a El Diario que esa imagen y el documento que se
firmó eran “prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de
que se extorsionó, se forzó un acuerdo a partir de la situación que reinaba en
las calles”.
En esa misma entrevista indicó que formaron parte del acto
sedicioso entre 60 y 70 policías. De ese total, una treintena estaba “más
comprometido” y una docena aparecía “directamente implicados en delitos más
graves”.
Sin embargo, a juicio oral fueron llevados uniformados sin
mayor peso en la fuerza. Entonces la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche
deslizó a esta Agencia que podría haber otro juicio para avanzar sobre los
cabecillas, un “Sedición 2” que nunca se llevó adelante y que, según comentan
en Tribunales, a esta altura sería imposible dado que ante la falta de
investigación penal y de imputación los cargos habrían prescripto.
Tras la condena en primera instancia, las condenas fueron
agravadas por la Cámara de Casación Penal de Paraná. Esta decisión fue dejada
sin efecto por el Superior Tribunal, que ordenó que se realicen nuevas
audiencias de segunda instancia. Estaba previsto que se concreten a principios
de año, pero debieron postergarse. En el mientrastanto, la defensa de Rosas
pidió la prescripción de la acción penal. (APFDigital)
