E

l expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere fue condenado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná por “los delitos de falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de los préstamos en moneda extranjera”. Deberá pagar una multa de medio millón de dólares.

La ratificación de la condena cae también sobre las espaldas de los hermanos y madre del ex ministro; Arturo Sebastián, Juan Diego y Leonor María Magdalena Barbero Marcial respectivamente, dado que forman parte accionaria de la sociedad Las Margaritas SA.

Se trata de la firma propietaria, entre otros bienes, del campo Casa Nueva, en Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, donde los hermanos libraron una batalla feroz con su hermana Dolores Etchevehere, que lo había ocupado junto con el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois, que finalmente fueron desalojados por orden judicial.

La condena también cae en sus hermanos varones y su madre.

Con este fallo de la Justicia Federal de Paraná, Dolores Etchevehere gana una batalla frente a sus hermanos y su madre, ya que fue ella quien había realizado la denuncia ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), dado que ella también forma parte de Las Margaritas S.A.

Según la denuncia efectuada en 2014 por Dolores Etchevehere, Las Margaritas S.A. había solicitado créditos al Banco Itaú en 2011 por un valor aproximado a 500.000 dólares (dos por 200.000 dólares y otro por 50.000 dólares), pero el dinero no se habría utilizado en el establecimiento ni en la producción agropecuaria.

El fallo de la Justicia Federal confirma esa teoría. Señala que la inspección del BCRA concluyó que “la empresa Las Margaritas S.A.les dio a los fondos obtenidos a través de una línea de crédito de financiaciones para productores un destino distinto del que manifestó al momento de solicitar el crédito“.

Por este motivo, los acusados violaron el contrato firmado con el Banco Itaú y, por ende, las normativas del Banco Central.

Además, la propia presidenta de Las Margaritas S.A. y madre del exministro, Leonor Barbero Marcial, reconoció este punto al señalar que no pudo aplicarse el préstamo al destino previsto originalmente por “inclemencias climáticas” que lo imposibilitaron.

Por esta razón, el directorio de la empresa habría resuelto ofrecerlo a los accionistas, con la condición de su próxima devolución en el corto plazo, para luego sí darle el destino original al préstamo.

El abogado defensor de los acusados alegó que “se trató de una operación con valor referencial dólar, pero que nunca implicó ni la entrega por parte del banco ni la devolución del tomador en moneda dólar físico, atento a que se habrían recibido $1.066.000, equivalentes a U$S 250.000 de aquel entonces con un tipo de cambio vendedor de $4,60 por dólar y pagado en cuotas anuales por capital e intereses también en pesos”.

Sin embargo, en cuanto al monto de la sanción, el fallo es firme y cita a la Ley 19.359, la cual dicta en su artículo 2 que este tipo de delitos pueden recibir “una multa de hasta diez veces el monto de la operación en infracción, por la primera vez”.

La multa determinada por la Justicia es bastante light, si se tiene en cuenta que el monto podría haber sido de hasta 5 millones de dólares.

El caso mereció también una denuncia penal ante el Juzgado Federal por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La denuncia de la Procelac ante el Juzgado Federal de Paraná, en junio de 2015, fue por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias en el marco préstamos por alrededor de $4,5 millones contraídos en 2012 por la empresa Construcciones del Paraná S.A. y otorgados por la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS), entidad también denunciada por la maniobra. Los préstamos habrían sido utilizados para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como su objeto el vaciamiento de otras firmas del grupo Etchevehere.

La Procelac concluyó que las pruebas «sugieren» que «dichos préstamos fueron parte de una gran simulación destinada a ocultar la falta de capacidad económica de la firma Construcciones del Paraná S.A. para adquirir los inmuebles investigados» y que «en el marco de esa simulación, se habría contado con la participación de quienes ostentaron la dirección de la mutual bajo investigación para aparentar que fondos que en verdad ya pertenecían al propio patrimonio de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos, habrían sido originados por la actividad de un tercero», en este caso, la propia mutual. Los denunciados resultaron ser Leonor María Barbero Marcial y Luis Miguel, Arturo, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, como miembros de la sociedad Construcciones del Paraná, y Walter Roberto Grenón, como representante de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS).

La Procelac concluyó en su investigación que se «habría simulado la suscripción de siete contratos de mutuo» -sobre los que no se encuentra acreditada su existencia- con la mutual AMUS con el objetivo de «posibilitar el hecho de que la empresa Construcciones del Paraná S.A. pueda alegar una disposición y tenencia de fondos [de los] que en realidad carecería» y, así, lograr la adquisición de siete inmuebles ubicados en Paraná. Esos siete inmuebles eran propiedad de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma editora de El Diario.

Por esos préstamos, la AMUS habría percibido intereses por casi 3,3 millones de pesos. «Es preciso subrayar que resulta sugestivo y poco creíble que en los contratos de mutuo presuntamente instrumentados entre la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) y Construcciones del Paraná S.A. se haya omitido establecer avales o garantías genuinas a favor de la mencionada mutual, máxime si se tiene en cuenta la importancia de la suma de dinero implicada», indicó la Procelac en la denuncia.

También puso de relieve que «de la prueba disponible no surgen datos concretos que permitan ratificar que aquella sociedad haya operado realmente en el mercado inmobiliario ni que haya desarrollado actividad económica alguna, ni antes ni después de las operaciones investigadas».

La Procuraduría a cargo del fiscal Gonella también ponderó la «evidente vinculación entre los integrantes que conforman la mutual y el Grupo Etchevehere». Las manchas del tigre No es la primera vez que un conflicto de este tipo le explota en las manos al entrerriano Luis Miguel Etchevehere. Sin ir muy lejos, nos encontramos con el controversial y conflictivo “bono” que recibió en 2017 por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA) bajo el concepto de “liquidación final”, que fue interpretado por otros como una “coima”.

Hasta octubre de 2017 Etchevehere era el presidente de la SRA y no sólo manifestaba abiertamente su adhesión a las políticas del entonces presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri; sino que además algunos rumores lo ubicaban dentro del gobierno.

Los rumores ganaron fuerza y tras la destitución del radical Ricardo Buryaile, hasta ese entonces ministro de Agroindustria –quien se negó a despedir trabajadores del INTA, Senasa y de la propia cartera–, Etchevehere fue confirmado en su reemplazo.

Curiosamente, la Comisión Directiva de la SRA se enteró de esta decisión gubernamental y antes que el dirigente rural asuma su función pública, le transfirió al entrerriano $500.000 como “liquidación final” por su labor.

Esa maniobra polémica generó muchos conflictos dentro de la Sociedad Rural Argentina, pero también fuera de ella, por lo cual el abogado Leonardo Martínez Herrero denunció a Luis Etchevehere por “posibles delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta”. Parte de los argumentos expuestos por Martínez Herrero eran sumamente lógicos, dado que el propio estatuto de la Sociedad Rural Argentina dicta que “los cargos son no rentados”.

Rápidamente el oficialismo de Cambiemos declaró que no había ninguna acción ilícita en ese depósito, y hasta la Oficina Anticorrupción (conducida por la exdiputada del PRO Laura Alonso) dijo que “no había incompatibilidad”. Luis Miguel Etchevehere quiso despejar las dudas y finalmente devolvió el dinero, pero lo hizo cuatro meses después de haberlo recibido.

En la Justicia provincial

La cuestión del destino de aquel préstamo con el banco Itaú formó parte también de la denuncia que ingresó Dolores Etchevehere en la Justicia entrerriana en 2013.

Dolores Etchevehere presentó una denuncia penal por estafa contra su madre, Leonor Barbero Marcial, y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, que después amplió en el fuero civil por el proceso de sucesión a la muerte de su padre, Luis Félix Etchevehere, ocurrida en 2009, pero que sumó también un pedido de investigación por el supuesto vaciamiento de la nave insignia del holding familiar, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la firma editora de El Diario.

Pero la Justicia -cuatro distintos jueces tuvo la causa- nunca llamó a indagatoria a la familia Etchevehere.

Ello recién ocurrió el 30 de octubre de 2020, cuando el juez Ríos firmó el pedido de indagatoria. Fue un día después de que otra jueza, María Carolina Castagno, dispusiera el desalojo de Dolores y el MTE de Grabois del campo Nuestra Casa, en El Quebracho.

En la primera denuncia, la mujer habló de la “toma fraudulenta de un crédito del Banco Itaú por la suma de $1.066.000 equivalentes a u$s 250.000 al cambio de entonces (año 2011, aproximadamente $4,24242 por dólar) cuyo importe fue retirado por los denunciados según así surge de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de aquel año”. Los denunciados son, claro, sus tres hermanos y su madre.

Por esos hechos, sus tres hermanos y su madre fueron indagados por el juez de Transición Carlos Hugo Ríos. Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere declararon en 2020. Pero la madre, Leonor Barbero Marcial lo hizo en 2021.

Barbero Marcial declaró el 12 de marzo último, y entonces ciñó su relato a la compleja relación con su hija denunciante. Luego, en la indagatoria del 20 de este mes ocupó su tiempo en contar su versión de los hechos en el marco de la denuncia por estafa, y la utilización de un crédito con fines productivos al Banco Itaú que al final se utilizó en provecho propio, y que se repartieron ella y sus tres hijos varones.

Y en la audiencia que ahora se fijó para el 9 de junio abordará, según anticipó en su última presentación en la Justicia, la cuestión del vaciamiento de SAER, la firma editora de El Diario, y responder las preguntas del fiscal Álvaro Piérola, y de los querellantes que representan a su hija Dolores, Lisandro Mobilia y Patricio Cozzi.

Fuente: Entre Ríos Ahora (Con información de Diario Con Vos).