A raíz del conflicto familiar por una estancia, senadores piden que Bordet "extreme las medidas de prevención
ante cualquier usurpación". También quieren que el PJ se expida contra funcionarias nacionales que apoyan a Dolores y Grabois.
E
l presidente del bloque de Senadores de Juntos por el
Cambio, Francisco Morchio (Gualeguay), presentó dos proyectos uno de
comunicación y otro de declaración, "a raíz de la situación generada en Casa
Nueva, en Santa Elena, departamento La Paz, propiedad de la firma Las
Margaritas SA", comunicó oficialmente a INFORME DIGITAL.
Ambos proyectos cuentan con las firmas de los senadores Rubén Dal Molín (Federación) y Omar Migueles (Tala).
De esta manera, el bloque opositor busca institucionalizar en los poderes Legislativo y Ejecutivo en el conflicto familiar que tramita en sedes judiciales.
En el de Comunicación, los
legisladores de Juntos por el Cambio solicitan al “Poder Ejecutivo que extreme
las medidas de prevención ante cualquier tipo de usurpación del espacio de
titularidad privada, hechos que están en aumento a nivel nacional y en la
provincia de Entre Ríos”.
También se pidió “inmediata acción a fin de resolver los conflictos en curso que vulneran el mandato constitucional de la inviolabilidad de la propiedad privada”.
En los fundamentos, se mencionó las mandas constitucionales
que amparan la propiedad privada. “La Constitución Nacional, en su artículo 17,
dentro del capítulo de ‘Declaraciones, derechos y garantías’, establece que la
propiedad es inviolable. Este mandato se debe entender como una responsabilidad
del Estado frente a los ciudadanos, al ser éste quien ejerce el monopolio de la
fuerza”.
“Es el Estado, a través de sus funcionarios, quien debe salvaguardar los derechos de las personas frente a cualquier vulneración o intento de ella. Es por ello por lo que resulta fundamental una acción rápida para hacer cesar la lesión o su amenaza", advierte el proyecto.
"En la actualidad se están viviendo hechos de suma gravedad, frente a diversos ataques de la propiedad privada en distintos puntos del país y de nuestra provincia", opinan los senadores de Cambiemos.
"En estos casos se puede
observar una demora por parte de los gobiernos en actuar y tomar decisiones
para evitar, concretamente, las usurpaciones de la propiedad privada”, agregan.
Senadores de Cambiemos
En cuanto al proyecto de declaración, se pide que la Cámara
Alta exprese su “profunda preocupación frente a la participación de Gabriela
Carpineti, Daniela Verón, Sebastián Correa y otros funcionarios nacionales en
el conflicto por la usurpación de tierras de ‘Casa Nueva’, propiedad del
establecimiento Las Margaritas, por parte de un grupo liderado por el referente
piquetero Juan Grabois.
La iniciativa abre el escenario para un fuerte debate entre los senadores, siendo que la oposición pretende que el PJ se pronuncie en contra de los funcionarios nacionales del gobierno de Alberto Fernández.
“A través del presente proyecto de declaración venimos a
manifestar nuestro absoluto repudio y profunda preocupación por la
participación de funcionarios del gobierno nacional en el conflicto que está
teniendo lugar en Casa Nueva, propiedad del Establecimiento Las Margaritas SA.
Llama especialmente la atención la participación de estas personas dado que no
tienen nada que ver con el conflicto que está ocurriendo en dicho lugar, que ya
se encuentra para ser resuelto en el ámbito judicial de nuestra provincia”, consta en el comunicado del bloque opositor enviado a INFORME DIGITAL.
Para los senadores es “un importante agravio a la autonomía
provincial la intromisión de funcionarios nacionales en cuestiones que son de
jurisdicción exclusiva entrerriana. En su caso, deberían dar explicaciones por
el carácter en el cual están participando de este conflicto”.
“Entre algunos funcionarios que están participando se pudo constatar a Gabriela Carpineti, Daniela Verón y Sebastián Correa. Tampoco se comprende la participación de Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). De estar participando a título personal y no como funcionarios, entonces serían cómplices del delito de usurpación. Por lo expuesto, ante la gravedad del asunto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración”, se indicó finalmente en la iniciativa legislativa.